El Centro de Documentación Eremias Delizoicov y el Comité de la familia de los Muertos y Desaparecidos Políticos Brasil

El Centro de Documentación Eremias Delizoicov y el Comité de la familia de los Muertos y Desaparecidos Políticos organizar y desarrollar el sitio www.desaparecidospoliticos.org.br . El objetivo es divulgar las investigaciones sobre las muertes, la localización de los restos mortales de las víctimas de la dictadura e identificar a los responsables de los crímenes de tortura, homicidio y ocultación de los cadáveres de decenas de personas durante el período de la dictadura militar en Brasil (1964/85) .
El sitio tiene en su base de datos los nombres de 383 muertos y desaparecidos, textos sobre la amnistía, la guerrilla del Araguaia, la fosa clandestina del Cementerio de Perus, la historia de las organizaciones de izquierda, de los órganos de represión y los principales hechos políticos en el período. El sitio tiene más de 3 mil documentos digitalizados, entre ellos los producidos en el DOPS, biografías, fotos y video sobre las personas que fueron víctimas del régimen civil-militar, informaciones sobre los militares que participaron en la represión, además de noticias actualizadas y textos especializados sobre el asunto.

¿Donde estan? | 02/05/2008 | El Estado de San Pablo
Antigua celda del DOPS transformada en lugar de memoria.
Antigua foto de la celda del DOPS.
Los ex presos visitan el Memorial.

Las celdas del antiguo Departamento de la Orden Política y Social (Dops), uno de los más temidos locales de represión de la dictadura militar en São Paulo, fueron retitulados ayer. De Memorial de la Libertad, el edificio, reformado y abierto para visitar en 2002, pasa a llamarse Memorial de la Resistencia. El cambio era reivindicado por ex presos y perseguidos políticos. El Dops, donde hoy funciona también la Pinacoteca del Estado, estuvo por años bajo la responsabilidad del delegado Sérgio Paranhos Fleury, considerado uno de los mayores cazadores de enemigos del régimen militar y responsable directo de torturas y asesinatos.

“El nuevo nombre es más adecuado y rinde homenaje a los que lucharon aquí”, afirmó el secretario de Estado de Cultura, João Sayad, en la ceremonia de relanzamiento del espacio, que también alberga, desde ayer, exposición fotográfica sobre el período de la dictadura. El proyecto del memorial fue coordinado por la Secretaría de Estado de la Cultura de São Paulo y por la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

El ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Paulo de Tarso Vannucchi, afirmó que la iniciativa paulista debe servir de ejemplo en otros Estados. “Espero que el gobierno federal se sensibilice con la alianza hecha en Sao Paulo y transforme otros espacios en memorias como ese. Es una forma de que el país conozca su pasado reciente”, dijo Vannucchi, también un ex preso político.

Según él, San Pablo es uno de los Estados que más han evolucionado en la apertura de los archivos del período de dictadura militar. En los últimos años, afirmó Vannucchi, el gobierno federal también avanzó en la disponibilidad de estos documentos a familiares de ex presos del régimen militar, periodistas e investigadores. Informó que en las próximas semanas la ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) va a anunciar la interconexión digital de todos los archivos (estatales y nacionales) existentes sobre el período.

En el evento, el vicegobernador de Sao Paulo, Alberto Goldman, dijo que va a sugerir al gobernador José Serra que el edificio del antiguo DOI-Codi, en el Paraíso, también sea transformado en memorial. Según Goldman, la comisaría de la calle Tutóia tiene un historial “mucho peor” que el Dops.

Además de autoridades, cientos de ex presos políticos, amigos y familiares de ellos y de desaparecidos y muertos durante el régimen militar llenaron ayer los salones de la estación Pinacoteca. El profesor de Medicina de la USP Silvino Alves de Carvalho, de 66 años, es uno de ellos. En 1974, Carvalho pasó 40 días preso en el Dops. Ayer, llevó a su hijo de 14 años por primera vez al lugar. “Estar aquí de nuevo me trae alegría y tristeza”, comentó. “Alegría por estar vivo y con mi familia, y tristeza por recordar las barbaridades que ocurrieron en ese lugar.”

El periodista Alipio Freire, de 62 años, también estuvo preso por tres meses en las celdas del Dops, en 1969. Cuenta que ya ha logrado “metabolizar” los recuerdos del período. “Tengo amigos que ni entran aquí, veo como otra parte de mi historia y de la memoria del país, para el bien o para el mal, y es importante preservarla.

La historia del futuro no se hará sin la memoria de nuestros amigos y compañeros mártires

Michel Löwy

11/05/2008

Luiz Eduardo Merlino (1948-1971), joven periodista brasilero, militante de la Cuarta Internacional, murió bajo la tortura, a los 23 años, en julio de 1971. Su ex-compañera, Angela Mendes de Almeida, y su hermana, Regina Merlino Dias de Almeida, decidieron, a pesar de la amnistía oficial que los militares se auto-otorgaron hace ya más de veinte años, llevar a la justicia al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado por varios testigos de ser el principal responsable por este crimen.

Felizmente, el juez Carlos Abrâo, aceptó el pedido de apertura de la acción : la tortura, según la ley brasilera y los tratados internacionales firmados por el Brasil, es imprescriptible. El proceso deberá comenzar dentro de algunas semanas. Las dos autoras de esta acción no piden la condenación penal del oficial, ni indemnizaciones, sino simplemente la verdad : que la justicia declare al coronel Ustra responsable por la tortura y la muerte de Merlino. (1)

Este siniestro personaje era el jefe del Departamento de Operaciones y de Información (DOI-CODI) de la dictadura militar en Sâo Paulo. Bajo este eufemismo se escondía una oficina de torturas, de las que fueron víctimas de tortura – entre 1970 y 1973, el período de comando de Ustra – cerca de quinientos prisioneros, de los cuales murieron mas de cuarenta, entre ellos nuestro joven camarada. Según la versión oficial, acreditada por dos “médicos legistas” al servicio de los militares, Merlino se habría “suicidado”, tirándose bajo las ruedas de un automóvil : explicación ridícula, frecuentemente utilizada por la dictadura para cubrir sus crímenes.

Leer artículo completo en  http://www.sinpermiso.info/textos/la-historia-del-futuro-no-se-har-sin-la-memoria-de-nuestros-amigos-y-compaeros-mrtires

Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina

Ana Guglielmucci
La consagración de la memoria

Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina

En Argentina, qué recordar y qué olvidar respecto a la llamada violencia política de los setenta se ha constituido en un tema de interés y de debate entre militantes de derechos humanos, familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes, políticos, periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de otros actores. Asimismo, la interpretación y adjudicación de responsabilidades jurídicas sobre eventos pasados, su documentación y transmisión a las nuevas generaciones ha sido un tema central de la “agenda pública” de los gobiernos constitucionales instaurados con posterioridad a ese momento histórico.

Desde mediados de la década del noventa, la categoría memoria comenzó a instalarse como una consigna del movimiento de derechos humanos, sumándose a la tradicional demanda de Verdad y Justicia. Paralelamente, se multiplicaron los estudios sobre la construcción social de recuerdos sobre el pasado reciente. Y, a través del activismo político-militante y el trabajo profesional de diversos actores, la categoría memoria sobre el terrorismo de Estado fue incorporada en proyectos, leyes y programas gubernamentales, ceremonias oficiales y obras materiales destinados a preservarla y promoverla públicamente.
En este contexto, el libro de Ana Guglielmucci, a partir de una perspectiva etnográfica, nos permite encontrar lineamientos para analizar la consagración de la memoria como objeto de políticas públicas en Argentina y, más específicamente, en la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del recorrido analítico de la autora, el lector puede comprender los procesos sociales y culturales que han alentado a construir, mantener y difundir recuerdos comunes sobre eventos pasados que se pretenden como aún presentes. Hablar de memoria en Argentina, a diferencia de otros países, conlleva una marca indeleble ligada a las prácticas terroristas ejecutadas por el Estado, como la instauración de centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas.
El análisis antropológico del proceso de diseño e implementación de una serie de políticas públicas para evocar estos eventos pasados permite revisar los sentidos hegemónicos locales materializados en obras públicas como monumentos y sitios de memoria.
Formato: 15x23cm
ISBN: 978-987-1238-99-6

El derecho a la memoria urbana: marcar y desmarcar la ciudad.

El derecho a la memoria urbana: marcar y desmarcar la ciudad.

por 14 diciembre 2015

El derecho a la memoria urbana: marcar y desmarcar la ciudad.
Cabe preguntarse cuanto es lo que se ha avanzado en Chile en materia de reparaciones simbólicas y si es que se ha hecho todo lo que se podía hacer, o más bien ha imperado una mirada superficial en el tratamiento de la memoria urbana asociada a la dictadura bajo una lógica neoliberal, donde el Estado tiene una participación secundaria y el patrimonio se transa primando criterios de rentabilidad.

La memoria en la ciudad es un derecho de todos sus habitantes. Las sociedades traumatizadas  por horrores como la dictadura ocurrida en Chile necesitan de un relato urbano sobre lo sucedido, que sirva como marco de orientación, en un proceso de sanación colectiva que contribuya a fortalecer la no repetición de lo vivido. Marcar, recuperar y resignificar lugares emblemáticos como los ex centros de detención, junto con desmarcar los espacios y símbolos que hacen apología a la dictadura es una tarea a una sociedad que desea fomentar una cultura de los derechos humanos.

Chile en esta materia ha sido incapaz de elaborar un proyecto nacional de memoria. Las sumatoria de acciones fragmentadas parecieran estar delineadas por el principio de “en la medida de lo posible” y como respuesta a demandas particulares.

La ciudad se puede entender como un Palimpsesto plantea André Corboz, un antiguo manuscrito usado por los egipcios que se reescribía múltiples veces pero que siempre guardaba los rastros de las escrituras anteriores. Una hoja donde se expresan simultáneamente la escritura y el borrado, la memoria y el olvido.

Resulta relevante comprender la ciudad como un territorio en disputa constante, donde se ven reflejadas múltiples fuerzas que promueven intereses diversos: públicos, privados, colectivos, individuales, para instalar discursos o para anularlos. Aquí confluyen el Estado, las organizaciones ciudadanas, el mundo privado, por nombrar algunos actores comunes, quienes son los protagonistas de un juego dinámico que genera que la ciudad este siempre en movimiento, transformándose permanentemente.

Sin embargo, y asumiendo la condición palimpséstica de las ciudades, los procesos de borrado premeditados resultan críticos y debiesen alertar nuestra preocupación: demoliciones, abandono e invisibilización de las huellas del horror, que no suceden por simple obsolescencia o deterioro producto del paso del tiempo, sino más bien como actos intencionados, dado el significado e impacto que estos espacios y estructuras generan en la sociedad.

En lo particular es posible presenciar este fenómeno urbano de desaparición en la relación de las ciudades chilenas post-dictadura con el pasado traumático de ésta, donde las marcas de lugares significativos, a través de memoriales y monumentos, han sido promovidas principalmente desde la ciudadanía, siendo el Estado un actor reactivo y falto de propuestas potentes.

Hace 11 años el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, daba cuenta de la existencia de 1.132 lugares que funcionaron como centro de detención a lo largo del país, de los cuales 221 operaron en la ciudad de Santiago: estadios, comisarias, sedes de partidos, casas particulares, etc., siendo algunos de conocimiento público y otros de carácter clandestino. En el segundo informe realizado el año 2010 no hubo avances en esta materia, sin embargo hoy sabemos, por ejemplo, de la existencia del centro clandestino Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, donde no hubo sobrevivientes.

Según el Ministerio de Bienes Nacionales, de los 1.132 recintos el 70% han sido individualizados y de éstos el 64% seria de propiedad fiscal (515), siendo Carabineros de Chile la institución que posee el mayor número de recintos, con un 56,2%. Este escenario nos plantea posibilidades claras de avanzar en materia de marcación y recuperación de lugares que hoy son parte del patrimonio fiscal.

Todorov advierte la necesidad de vincular “la exigencia de recuperar el pasado” con los usos que se harán de este. Llevado al tema de los ex centros de detención y la construcción de memoriales, esto implica no sólo la preocupación por la recuperación física o marcación de lugares, sino también la debida reflexión -particular y colectiva- sobre el para qué y cómo deben ser recuperados estos lugares en el contexto actual. Es importante incluir también dentro de esta discusión, la importancia de des-marcar espacios y símbolos que tienen por objetivo hacer una apología de la dictadura.

Es aquí es donde cabe preguntarse cuanto es lo que se ha avanzado en Chile en materia de reparaciones simbólicas y si es que se ha hecho todo lo que se podía hacer, o más bien ha imperado una mirada superficial en el tratamiento de la memoria urbana asociada a la dictadura bajo una lógica neoliberal, donde el Estado tiene una participación secundaria y el patrimonio se transa primando criterios de rentabilidad.

El programa de gobierno con el que la Nueva Mayoría gana las elecciones presidenciales el año 2013 plantea la creación de “una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente” y se compromete a desarrollar “una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones”. Concluyendo ya el segunda año de mandato aun estas promesas están en deuda.

En el caso de Santiago, donde operaron 222 recintos de detención conocidos, hasta la fecha han sido recuperados sitios que hoy son un referente ético y moral para la sociedad, como Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, por nombrar los más emblemáticos, sin embargo la lista no se extiende por mucho más. En estos casos el Estado ha apoyado la adquisición de los inmuebles y, en algunos, a la sustentabilidad de los proyectos. Son muy puntuales aquellas iniciativas en las que se ha visto involucrado desde los esfuerzos iniciales de recuperación como parte de una política de memoria, lo que pareciera dar cuenta de la limitada importancia que se le otorga al tema.

Quedan pendientes al menos la recuperación de aquellos lugares que hoy concitan esfuerzos desde agrupaciones y organizaciones sociales, como La Venda Sexy -actualmente una casa particular en la comuna de Macul-, 3 y 4 Álamos -hoy un centro de detención de menores en la comuna de San Joaquín- y el Ex Cuartel Borgoño, ocupado desde 1988 por la Policía de Investigaciones en la comuna de Independencia. Este último, centro clandestino de tortura y exterminio, funcionó hasta 1989 y fue demolido en plena democracia en el año 1998, haciendo caso omiso de su valor patrimonial.

En términos de marcas urbanas de lugares emblemáticos el escenario ha sido más prolífico, existiendo muchas veces apoyo estatal para la realización de estas iniciativas. Vale mencionar lo que se ha realizado en el Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara, el memorial del Patio 29 en el Cementerio General y el memorial de Paine. Cabe también mencionar la existencia de un sinnúmero de marcas autogestionadas por agrupaciones, colectivos e individuos que forman parte del paisaje urbano de la memoria colectiva.

En lo relativo a desmarcar y eliminar símbolos asociados a la dictadura, ha habido una ambigüedad en las acciones propiciadas desde el Estado, que nuevamente dan cuenta de un cierto grado de incapacidad o poca voluntad en la materia. En términos positivos, y siempre presión social mediante, destaca lo realizado el año 2004 al apagar la llama de la “libertad” que flameaba frente a La Moneda, extinguiendo con ello el mandato del dictador de que “el pueblo tiene el deber de mantenerla viva e inextinguible”. En esta misma línea, la agrupación A Desmonumentar el Golpe junto al Municipio de Providencia, lograron devolver el nombre de la arteria principal de la comuna de Avenida 11 de Septiembre a Avenida Nueva Providencia.

Pese a los avances, son muchos los restos de la dictadura esparcidos por la ciudad sobre los que hay que avanzar. Solo por destacar uno, debido a su ubicación estratégica -en plena Alameda, en la comuna de Santiago-, está el Monumento a los Martires de Carabineros, denominado “Gloria y Victoria”. Puede que a simple vista pase desapercibido, pero al mirarlo con más detención se percibe dos unos formando el número once, representando el día del golpe de Estado. Es probable que un monumento con estas características estuviera prohibido en muchos países del mundo con políticas de memoria y reparación consistentes.

En el Chile de hoy, con un modelo de desarrollo profundamente neoliberal, escasa participación ciudadana y una débil cultura democrática, pareciera primar un pacto de silencio urbano, donde los esfuerzos de memorias fragmentados se diluyen en una imagen borrosa de país. Sin el embargo, el escenario actual presenta oportunidades concretas para avanzar en este tema si es que se logran establecer las convergencias necesarias:

  • En primer lugar, resulta necesario exigir el cumplimiento del programa de Gobierno en relación a la recuperación de los lugares de memoria. Existen compromisos específicos que deben ser llevados adelante, en el marco de un proyecto de memoria nacional que convoque a la participación ciudadana, que establezca los lineamientos fundamentales sobre los que se construye la memoria colectiva del país. Esto por ejemplo podría ser llevado adelante desde los gobiernos locales con participación vinculante.
  • Solicitar se tramite con suma urgencia el proyecto de ley que pretende prohibir la exaltación de la dictadura para, luego de ser aprobado, generar un proceso de limpieza de las ciudades, como parte del proyecto nacional de memoria.
  • Aprovechar la oportunidad que representa la próxima elección de alcaldesas y alcaldes como un escenario apropiado para que la sociedad civil levante y gestione sus proyectos con sus gobiernos locales, llevando adelante iniciativas de memoria en todas sus expresiones. Las organizaciones que ya han concretizado este tipo de iniciativas deben articularse e informar sobre sus aprendizajes, de manera de facilitar la tarea a nuevos emprendedores de la memoria.
  • El Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales y las instituciones involucradas, debe pronunciarse en principio acerca de los centros de detención sobre los que tiene competencia, y proponer una marca simbólica en cada uno de estos inmuebles que señale claramente el compromiso del Estado con el respeto a los Derechos Humanos y la memoria, dejando atrás un actuar temeroso y sin propuestas.

Un desarrollo integral de las ciudades debiese incorporar en su crecimiento el respeto rotundo por la memoria. Esto no implica, necesariamente, recuperarlo todo, pero si abrir una discusión amplia y trascendente acerca del cómo hacernos cargo de este tema en el presente, para proyectarlo al futuro.

Sin embargo, hoy no debiese convocarnos solo la idea de construir lugares que recuerden, sino también las estrategias que necesitamos implementar para que estos lugares se inserten en la ciudad, para que sean protagonistas del cotidiano y no monumentos estáticos. Centros culturales, museos, espacios públicos y parques debiesen buscar complementar las carencias de infraestructura presentes en las distintas comunas. Es fundamental que estos espacios sean pensados para incluir también a las personas que no tienen una aproximación natural al tema de los derechos humanos, ampliando los núcleos de participación y promoviendo la efectiva reflexión en torno al nunca más.

La proliferación de lugares de memoria que fomenten el encuentro democrático, sin duda contribuye a construir una  ciudad  más inclusiva, tolerante y diversa, que refuerza la creación de una cultura democrática donde lo único que no cabe es la apología al horror.

Sebastian Troncoso Stocker

Arquitecto U. Chile

Master en diseño urbano y desarrollo, University College London

Relacionado

http://www.jornada.unam.mx/2005/08/28/sem-gaspar.html

http://paisajes.comisionporlamemoria.org/?page_id=93

Las marcas Urbanas de la Memoria

 

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Un mar de asesinatos sin sentido. Y un tsunami de culpas por purgar. Gabriel Salazar

Investigación detalla funcionamiento y rutinas represivas del cuartel y la DINA:

Gabriel Salazar relata la historia de Villa Grimaldi

En el libro Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). Historia, testimonio, reflexión –lanzado hace pocos días por Editorial LOM–, el historiador, y ex prisionero político del lugar, entrega detalles exhaustivos del más grande centro de detención, tortura y exterminio de la Dictadura. Este es un extracto del libro.

El Mostrador – 18 de Octubre de 2013

[…] al cuartel Terranova fue destinado lo más granado del personal de la DINA y los oficiales que, con posterioridad, alcanzaron la más triste celebridad (la mayoría de ellos se había fogueado, sin embargo, en los cuartes Yucatán y Ollagüe). Sólo los generales Arellano Stark, Pinochet Ugarte y Contreras Sepúlveda, que cumplían labores de mando ‘supremo’, no tuvieron relación profesional doméstica con este cuartel. Entre los más notorios, cabe citar a Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, Rolf Wenderoth (‘Gonzalo’), Miguel Krassnoff, Ciro Torré, Ricardo Lawrence, Gerardo Godoy García, Fernando Laureani, Manuel Carevic, Gerardo Urrich, Osvaldo Romo, Basclay Zapata (`Troglo´), Tulio Pereira, Francisco Ferrer Lima, Ingrid Felicitas Olderock, Germán Barriga, Osvaldo Pincetti, un grupo de colaboradoras y otros agentes de menor renombre. En términos generales, el funcionamiento de este personal (y de los no nombrados), descrito en términos burocráticos, era el siguiente:

 “El informe diario de detenidos se realizaba de lunes a viernes, y el documento del día lunes incluía a los detenidos del fin de semana. Su contenido se basaba en la información que proporcionaba cada grupo a las brigadas Caupolicán y Purén. El resumen de cada uno de estos informes lo realizaba Rolf Wenderoth, o su segundo hombre, Eugenio Fieldhouse, y era escrito a máquina por un suboficial de carabineros de apellido Barra. Allí se consignaba el nombre del detenido, su nombre político, si era militante, su filiación política, puesto que ocupaba en la organización, fecha y grupo que se responsabilizaba de su detención, cargo que se le formulaba, número de su cédula de identidad y un casillero con el rubro ‘observaciones’. Los estafetas llevaban informes desde Terranova al cuartel general, y traían de vuelta información remitida… El 1 de abril de 1976 inició sus funciones la Central de Operaciones que organizó Pedro Espinoza, con un turno de noche, a cargo de oficial de turno, y analistas. Al grupo de analistas se incorporó personal civil, profesionales con categoría de oficial, una secretaria dactilógrafa y un conductor… El grupo de analistas estaba formado por 33 personas… María Alicia Uribe, de nombre político ‘Carola’ en el MIR, también detenida y posteriormente funcionaria de la DINA con alias ‘Gloria’, fue designada secretaria del director Pedro Espinoza… `Desde el 7 de mayo al 23 de diciembre de 1975 trabajé en el cuartel Terranova como secretaria de Rolf Wenderoth, jefe de la plana mayor. El 1 de marzo de 1976 me trasladaron al cuartel general de calle Belgrado Nº 11 como analista del Departamento de Inteligencia Interior´[1].

Se observa que las dramáticas sesiones de tortura, que estallaban día y noche en el Cuartel, donde se llegaba al límite y aún más allá de la resistencia humana al dolor y la muerte, daban paso luego a un cansino ejercicio burocrático de analistas, secretarias, estafetas, y a idas y venidas de personal subalterno, llevando y trayendo formularios rellenos escolarmente con frases estereotipadas, que terminaban depositados en un oscuro archivo del Cuartel General. Luego de inspirar, por cierto, nuevas órdenes para nuevas detenciones, nuevos tormentos y nuevos papeleos. Ni el desesperado griterío de la tortura ni el espeso silencio de los asesinatos detenían la gimnasia burocrática de la “inteligencia” militar; al contrario: la nutrían y agilizaban, casi con las convicciones de una “profesión” respetable. Y todo eso en función de reducir personas vivas [marxistas] a una condición de muerte, para obtener de allí la posibilidad de llegar a otras personas vivas [otros marxistas] y, así, repetir el mismo ejercicio. Se comprende que en esta vorágine militar, de ataque continuo a personas vivas, no había lugar para pensar qué procesos históricos profundos estaban en juego (muriendo o naciendo), ni qué ideas podrían, eventualmente, subordinar esa vorágine a una racionalidad social de contenido valórico superior. Por eso, la “información” militar nunca fue “conocimiento” verdadero. Sólo fue pretexto de mandato. O algo menos.

Por eso, los jefes y el personal arriba citados nadaron sin sentido trascendente en un mar caótico, donde sus ‘medios’ pesados pulverizaban sin cesar sus ‘fines’ livianos. Un mar de asesinatos sin sentido. Y un tsunami de culpas por purgar.

En cuarto lugar, Villa Grimaldi se constituyó en el cuartel donde la DINA, a diferencia, por ejemplo, de la AGA (Academia de Guerra Aérea), representó, a título de “solista”, las especificidades de sus métodos de tortura. Por ejemplo, a diferencia del AGA [donde el interrogatorio y la tortura eran dispensadas sólo por el oficial destinado a cada uno de los detenidos], los agentes de la DINA en Villa Grimaldi intervenían todos personalmente (excepto Krassnoff, que sólo daba las órdenes) en el maltrato a los detenidos. Asimismo, por ser de los cuarteles secretos el único donde en su interior podían circular vehículos motorizados, se usó como método de tortura pasar camionetas por sobre las piernas de los detenidos. O desollar personas con líquidos hirvientes. O asesinar jóvenes agonizantes a cadenazos. Incluso, en 1978 –cuando la DINA ya había sido disuelta– el Cuartel Terranova fue un lugar ocasional para operaciones de exterminio” [2]. En este cuartel, por tanto, los militares chilenos se superaron a sí mismos.

[1] Declaración de Luz Arce, como Nota nº 23. También, enVilla Grimaldi, pp. 82 et seq.

[2] Declaración de Luz Arce, Expediente Villa Grimaldi. Rol 2182-98, tomo VI a. Episodio Carlos Gustavo Gutiérrez.