Reflexiones sobre la experiencia del gobierno de la Unidad Popular chileno (1970-1973). Aline Maciel.

ALINE MACIEL
HISTORIADO BRASILEÑA

Texto sobre la experiencia del gobierno de la unidad popular en chile 

 

Los dilemas y enseñanzas sobre una experiencia tan particular y nueva todavía estimula importantes reflexiones para el presente. Principalmente para la actual coyuntura brasileña

La experiencia de la Unidad Popular, ocurrida a principios de los años 1970 en Chile, suscitó, en el campo de las izquierdas, innumerables análisis posteriores al período. Los dilemas y enseñanzas sobre una experiencia tan particular y nueva todavía estimula importantes reflexiones para el presente. Principalmente para la actual coyuntura brasileña, que presenta profundos retrocesos a las conquistas de la clase trabajadora y aleja cada vez más la utopía de grandes transformaciones. Sin embargo, revisar un proceso de intensas movilizaciones y cambios permite compartir experiencias históricas que pueden contribuir a las luchas políticas y sociales en la actualidad.

En la década de 1970, mientras que la mayor parte de la izquierda latinoamericana apoya la lucha armada como una estrategia para la revolución, inspirado principalmente en la Revolución Cubana, en Chile la experiencia de la Unidad Popular 11 fue marcada por su originalidad e ineditismo. La idea de una transición pacífica, sin el uso de las armas, y valiéndose de los espacios institucionales, representó un gran desafío para la izquierda chilena. Por un lado, el carácter original de la UP exigía un debate en profundidad sobre las formulaciones políticas y las concepciones tácticas y estratégicas respecto de los caminos a seguir para la realización de las transformaciones y, por otro, acciones rápidas por parte del gobierno de la UP y de sus partidarios en un momento en el que se configuraba una zona de intensos conflictos. En el calor de los acontecimientos era imprescindible examinar a fondo el proceso, pero también actuar y dar respuestas a los desafíos que la coyuntura presentaba.

Cuando el socialista Salvador Allende fue electo presidente de Chile, en 1970, varias expectativas fueron generadas en la clase trabajadora identificada con las propuestas del nuevo gobierno. El proyecto político propuesto por el gobierno de la Unidad Popular, conocido como “vía chilena al socialismo”, era caracterizado por profundos cambios económicos, políticos y sociales sin el rompimiento con la institucionalidad. La propuesta incluía entre los ejes principales la constitución del llamado Área de Propiedad Social (APS), creada a través de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y la conformación de un sistema de participación popular que trasladara el poder político de las manos de la clase dominante a la clase trabajadora y para los sectores progresistas de la clase media. Para eso, sería fundamental la conquista de los poderes Legislativo y Ejecutivo con el fin de eliminar los obstáculos a las transformaciones defendidas por la UP. Y ese fue uno de los temas que impregnaron los debates en el interior de la coalición, pues Allende no tenía mayoría parlamentaria.

Los minerales (cobre, hierro, nitrato) eran las principales riquezas del país, pero su explotación estaba en manos principalmente de empresas norteamericanas. En el gobierno anterior, el democristiano Eduardo Frei, tuvo una propuesta de chilenización del  cobre, pero, por innumerables motivos, no hubo avance. La nacionalización sería fundamental para disminuir la dependencia al capital extranjero y debilitar el poder de las oligarquías nacionales. En ese sentido, el primer año de la UP fue marcado por la ofensiva política de la izquierda. En los primeros meses del gobierno de Allende, un conjunto sustancial de cambios se hizo, como, por ejemplo, la nacionalización de grandes monopolios industriales y bancarios y la reforma agraria. Se suma a ello la victoria de la UP en las elecciones municipales de 1971 que representó la aprobación del gobierno. En el mismo año se estableció un acuerdo entre el gobierno y la central Única de Trabajadores(CUT), que versó sobre las formas de participación de trabajadores en la APS. El acuerdo abrió el camino para las discusiones relativas a la gestión participativa en las empresas y contribuyó al surgimiento de nuevas formas de organización de la clase obrera en el sistema productivo.

El clima de avances que marcó el primer año del gobierno sufrió un revés en los meses siguientes, y el escenario de inestabilidad se intensificó. La crisis instaurada fue marcada por altos índices inflacionarios, tanto en consecuencia del aumento del poder adquisitivo de trabajadores como del desabastecimiento resultante del boicot al gobierno. 

Las acciones de sectores de la derecha con intención de deslegitimar el gobierno se realizaron desde los primeros días de la UP. Entre ellos: el asesinato del general René Schneider, cometido por el grupo fascista Patria y Libertad con apoyo norteamericano, la Marcha de las Ollas Vacías, organizada por mujeres de las clases más altas en protesta por el supuesto desabastecimiento que la élite mismo había creado, acciones de boicot a la producción y la creación del mercado paralelo, el embargo económico de EEUU y las importaciones la devaluación de las existencias de los minerales en el mercado internacional, el despido de varios ministros del gobierno de Allende, una huelga de los conductores de camiones que ganó la pertenencia de los sectores empresariales, el intento de golpe de Estado conocido como tanquetazo , hasta el golpe militar que derrocó al gobierno e implementado una brutal dictadura en el país que duró casi veinte años.

Además de las acciones por parte de la oposición, la izquierda chilena presentaba divergencias que se profundizaron en el transcurso del proceso. En la historiografía sobre el tema, las principales diferencias se organizaron en dos polos. Uno de ellos, llamado polo gradualista , que abogaba por la necesidad de una alianza con sectores de la burguesía “progresista”, y el gobierno de la primera etapa de la revolución chilena que debe ser presentado como oligárquica, anti – imperialista y anti – monopolio. Este polo estuvo representada principalmente por el Partido Comunista, por un sector Socialista conectado a Allende y en una fracción del Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU), cuyo insignia fue ” consolidar para avanzar “. Por otra parte, el   polo rupturista  defendió la profundización de los cambios realizados por el gobierno, con base en el fortalecimiento del poder popular y sin una alianza con los sectores medios de la Democracia Cristiana (DC). Entre ellos estaban los militantes de un ala del Partido Socialista y del MAPU, la Izquierda Cristiana (IC) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que a pesar de no formar parte de la coalición defendía un apoyo crítico al gobierno, estaban representados por la consigna ” avanzar sin transar “.

Los desacuerdos se profundizan con el así – llamado Paro de Octubre 1972, una huelga de los propietarios de camiones absorbida por sectores empresariales, que agrava aún más la crisis en el país. Desde la parada del empleador hubo un proceso de profundización de la polarización entre los partidarios y los no – partidarios del gobierno y también una profundización de los desacuerdos entre los representantes de los partidos y movimientos que formaron la propia UP.

Con el paro de octubre y las acciones de boicot a la producción, el gobierno junto a la CUT convocó a trabajadoras y trabajadores para actuar contra los intentos de la derecha de desestabilizar el país y como forma de garantizar la producción, distribución y abastecimiento de la población. Varias agencias de base actuaron en defensa del gobierno, incluyendo las articulaciones de abastecimiento y Precios (JAP), comandos comunales (una especie de coordinador de las demandas de los trabajadores), las juntas de vecinos . Durante este período, para hacer frente a la parada del empleador, los trabajadores formaron los llamados industriales cordones 2, que fueron ocupaciones de fábricas organizadas territorialmente y que tuvieron el papel de mantener la producción frente al boicot realizado por empresarios y presionar al gobierno a avanzar en los cambios. Los cordones se fusionaron las empresas nacionalizadas, los que estaban en el proceso de nacionalización y fábricas ocupadas, donde los trabajadores exigieron su nacionalización en vista de las acciones de boicot a la producción por sus propietarios. El sector gradualista condenaba las ocupaciones de fábricas más allá de aquellas aprobadas por el gobierno alegando que la radicalización del proceso minería la posibilidad de un apoyo de sectores progresistas vinculados al empresariado.El polo  rupturista defendía las ocupaciones como forma de avanzar en las transformaciones propuestas y como expresión real del llamado “poder popular”. Las ocupaciones de fábricas y la formación de cordones transgredían el programa político de la UP, cuyas demandas no coincidían con los ritmos de los cambios propuestos por el gobierno. Allende, tras el paro de octubre, llegó a formar un gabinete integrado también por militares como forma de buscar una salida a la crisis instaurada y fue fuertemente criticado por parte de la izquierda chilena.

El clima de alerta que caracterizó los meses siguientes al paro hasta culminar en el golpe militar de 1973 fue acompañado por una intensificación de las movilizaciones de la izquierda y de sus partidarios, pero también de intentos para destituir al gobierno Allende. La situación casi insostenible, agravada por un intento de golpe por la derecha, el apoyo de Estados Unidos, conocido como tanquetazo, hizo que los trabajadores de los cordones enviaran una carta al presidente Allende alertando sobre la inminencia de un nuevo intento de golpe y la urgencia en prepararse para enfrentarlo. La carta fue enviada seis días antes del “septiembre chileno”, que instauró una dictadura en el país y acabó con el Estado de derecho, reprimiendo fuertemente los movimientos populares y marcando profundamente su historia.

El proceso duró más de quince años y fue marcado por el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos que dejaron miles de muertos y desaparecidos, cuyos métodos más brutales de tortura fueron usados ​​como forma de impedir cualquier oposición al régimen.

Los años de la dictadura chilena marcaron un período de profundización de las desigualdades sociales con la implantación y desarrollo de las políticas neoliberales en el país. Además, se buscó desmoralizar y apagar la experiencia de la UP, caracterizándola como un período de desorden, violencia, marcado por el desabastecimiento, cuyo papel del régimen militar sería de “reconstrucción de la patria”. Pero la resistencia se dio de varias formas, desde movilizaciones en oposición a la dictadura hasta la formación de frentes armados que lucharon por su fin.

La experiencia chilena de la UP al valerse de los marcos constitucionales para promover cambios profundos en la sociedad amplió y profundizó también la propia democracia, pero sus esfuerzos fueron insuficientes para impedir las acciones opositoras que culminó en el golpe de 1973. Su gran desafío era realizar cambios tan profundos y estructurales que ponían en jaque el poder de las oligarquías y los intereses del capital extranjero, a través del sistema electoral y de respeto a la institucionalidad.

Como se ha señalado por el historiador chileno Mario Garcés, fue el gobierno de Allende que el país experimentó el período más largo de la movilización social y popular y los principales cambios en las relaciones de poder en su historia 3 . En ese sentido, el golpe de Estado de 1973 fue la manera de borrar la “revolución popular” que venía avecinando y de impedir el avance en las transformaciones que se estaban realizando en el país.

En el período post-dictadura, la transición democrática vino acompañada de los traumas dejados por las violaciones y abusos cometidos en la dictadura y los esfuerzos de reconciliación nacional. Como se señaló Nelly Richard, los gobiernos de transición se caracterizaron por el desplazamiento del foco central de las demandas de verdad y justicia, acordaron construir un acuerdo nacional que favoreció a los narrativas sobre el pasado dictatorial 4.

Por otro lado, las narrativas épicas militantes buscaron resaltar las experiencias de lucha en la UP y de resistencia a la dictadura. Las memorias y las narrativas históricas sobre el período, sin embargo, siguen en disputa, y comprender esas disputas posibilita entender los intereses en juego en el presente. Recientemente, en el país, la derecha volvió al poder, después del último gobierno en 2010, con propuestas que involucra, por ejemplo, el endurecimiento de la ley antiterrorista, que afecta directamente a los movimientos sociales en el país (principalmente indígena y estudiantil).

Los análisis posteriores al proceso se realizaron a lo largo de los años e incluyeron colecciones de textos, libros y artículos publicados sobre el período, con reflexiones de teóricos, militantes e intelectuales. Gran parte de ellas fueron también formuladas por personas que participaron en la experiencia de la UP, por lo que integran memorias individuales y colectivas sobre el proceso. Los estudios presentaron reflexiones de diversos aspectos de la experiencia de la UP e incluyeron también críticas y autocríticas. Algunas de ellas apuntaron que los debates y teorías propuestos en la época estaban más centrados en las discusiones estratégicas, tácticas y programáticas que en el modelo por el cual luchaban. También incluyeron un componente fundamental de la derrota de la UP: las divisiones internas y las divergencias sobre los ritmos y los caminos que debía seguir la “revolución chilena”. Otros análisis destacaron una preocupación del gobierno de la UP centrada más en la coyuntura que en los límites del propio proyecto político. En ese sentido, subrayaron que era necesario elaborar más profundamente debates sobre cómo realizar la transición al socialismo, a través de cambios profundos en la sociedad, que pusieron en jaque la producción capitalista, siguiendo los marcos constitucionales.

Hay una vasta bibliografía sobre la Unidad Popular con diversos análisis sobre las experiencias que compusieron el período, como está arriba citado. En este artículo pretendí abordar algunos de sus aspectos principales y señalar algunas reflexiones que se hicieron sobre un período en el que las clases menos favorecidas se atrevieron a ser protagonistas de su propia historia.

 Los estudios incluyen, además de los análisis y formulaciones teóricas, las memorias de aquellos que participaron directamente del proceso. Las reflexiones y rememoraciones sobre el pasado contribuyen a que los acontecimientos no caigan en el olvido, muchas veces forzado, y posibilitan que, en el presente, las personas puedan ir formando sus propios juicios sobre los procesos históricos. Es una forma de compartir experiencias entre las generaciones. Los conflictos y controversias que involucran los esfuerzos de pensar el pasado permiten que los aspectos de lo que se estudia sean reanudados y debatidos. En ese sentido, las memorias sobre el pasado, incorporadas por la historia, pueden funcionar como espacios de luchas políticas en el presente.

Los estudios y debates sobre el tema no están agotados, por el contrario, el distanciamiento en el tiempo puede traer nuevas reflexiones sobre el pasado, y nuevos análisis están siendo producidos, mostrando la riqueza del proceso histórico que se destacó por su originalidad. No había un paradigma y un modelo a seguir, ya que la UP presentó nuevos caminos teóricos y prácticos. Entre errores y aciertos, buscó construir una sociedad menos desigual y ese es uno de los más importantes legados del período. Las experiencias de luchas y movilizaciones enfrentadas en el período contribuyen fuertemente a pensar proyectos futuros que buscan una sociedad más justa e igualitaria.

bibliografía

FLAG, Luis M. Fórmula Chaos: la caída de Salvador Allende (1970-1973) . En el caso de las mujeres.

BORGES, Elisa Campos. ¡Con la UP ahora somos gobierno! La experiencia de los cordones industriales en Chile de Allende. Tesis de doctorado. Universidad Federal Fluminense, 2011.

GARCÉS, Mario. El Despertar de la Sociedad. Los Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe. Santiago: LOM Ediciones, 2012.

Maciel, Aline F. Nosotros Gobierno! Participación y organización de los trabajadores en los cordones industriales de Santiago y empresas nacionalizadas de Tomás durante el gobierno de Allende (1970-1973). Tesis de maestría. Universidad de São Paulo, 2015.

MOULIAN, Tomas. Conversación Interrumpida con Allende. Santiago: LOM Ediciones – Universidad Arcis, 1988.

PINTO, Julio; SALAZAR, Gabriel. La historia reciente de Chile II: Actores, Identidad y Movimiento . Santiago: LOM, 1999.

PINTO, Julio (Orgs.). Cuando Hicimos Historia: la Experiencia de La Unidad Popular. Santiago: LOM, 2005.

Soto, Sandra C. cordones industriales: Formas Nuevas sociabilidad del Obrera y Organización política popular . Concepción: Escaparate Ediciones, 2009.

RICHARD, Nelly. Critica de la Memoria (1990-2010). Ediciones Universidad Diego Portales, 2010, 271 p.

Maravall, José. Las Mujeres en la Izquierda Chile Durante la Unidad Popular y la dictadura (1970-1990) . Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Madrid, 2012.

Aline Maciel es  historiadora  doctorada en el programa de Historia Social – USP

NOTAS

1.

La Unidad Popular fue una coalición de izquierda que venció las elecciones en Chile e integraba las siguientes organizaciones políticas: Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Partido Socialdemócrata (PSD), Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU), Acción Popular Independiente (API), Izquierda Cristiana (IC).

2.

Algunos trabajos tratan específicamente de la temática, entre ellos: SOTO, Sandra C. Cordones Industriales: Nuevas Formas de Sociabilidad Obrera y Organización Política Popular. Concepción: Escaparate Ediciones, 2009 .; BORGES, Elisa Campos. ¡Con la UP ahora somos gobierno! La experiencia de los cordones industriales en Chile de Allende. Tesis de doctorado. Universidad Federal Fluminense, 2011 .; MACIEL, Aline F. ¡Nosotros gobierno! Participación y organización de los trabajadores en los cordones industriales de Santiago y empresas nacionalizadas de Tomás durante el gobierno de Allende (1970-1973). Tesis de maestria. Universidad de São Paulo, 2015.

3.

GARCÉS, Mario. El Despertar de la Sociedad. Los Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe. Santiago: LOM Ediciones, 2012.

4.

RICHARD, Nelly. Critica de la Memoria (1990-2010). Ediciones Universidad Diego Portales, 2010, p. 16.

La experiencia de la Unidad Popular, ocurrida a principios de los años 1970 en Chile, suscitó, en el campo de las izquierdas, innumerables análisis posteriores al período. Los dilemas y enseñanzas sobre una experiencia tan particular y nueva todavía estimula importantes reflexiones para el presente. Principalmente para la actual coyuntura brasileña, que presenta profundos retrocesos a las conquistas de la clase trabajadora y aleja cada vez más la utopía de grandes transformaciones. Sin embargo, revisar un proceso de intensas movilizaciones y cambios permite compartir experiencias históricas que pueden contribuir a las luchas políticas y sociales en la actualidad.

 

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MEMORIAS: DERROTAS Y RESISTENCIAS

MEMORIAS: DERROTAS Y RESISTENCIAS

1 mayo, 2018 editor DEBATES 0

Por Andrés Vera Quiroz.

Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer (Walter Benjamin, 1940).

A 28 años de finalizada, la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte y a 45 años de perpetrado el violento golpe de Estado aún quedan cosas pendientes en nuestro país. La evidencia de lo anterior quedó registrado en dos hechos visiblemente claros pero diametralmente contrapuestos: los dichos del parlamentario de la UDI, Ignacio Urrutia Bonilla, al calificar de “terroristas con aguinaldo” a las personas que sufrieron numerosos vejámenes de la represión política en el contexto de la discusión de un proyecto de Ley (que en sí, no cumple estándares internacionales) para otorgar un monto de 3 millones por única vez a los ex presos políticos del régimen de facto y el segundo hecho; la entrega de títulos póstumos y simbólicos a un centenar de estudiantes de la Universidad de Chile que no pudieron finalizar sus estudios debido a la detención y desaparición por agentes de Estado durante el período dictatorial. Lo último, como un gran acto de justicia, memoria y resignificación esencial para cientos de hombres y mujeres.

Tomo el libro “Lo que queda de Auschwitz: El Archivo y el testigo” y extraigo la siguiente cita: “Lo decisivo es sólo que las dos cosas no se confundan, que el derecho no albergue la pretensión de agotar el problema. La verdad tiene una consistencia no jurídica, en virtud de la cual la quaestio facti no puede ser confundida con la questio iuris” (Agamben, 2000: 16)

Desde el primer día de instalada la dictadura militar, los familiares y acompañantes se fueron agrupando en la búsqueda de sus parientes cobrando una fuerza gigante el ¿DÓNDE ESTÁN?, con el correr del tiempo, clamando, marchando y exigiendo Verdad y Justicia, y en el último tiempo, ese tiempo que no se detiene… buscando reivindicaciones justas y necesarias.

El Estado ese mismo que atropello los derechos fundamentales ante su clamor generoso respondió en la medida de lo posible, a saber:

  1. El Informe Rettig entregado en febrero de 1991 bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azócar.
  2. Las Leyes de Punto Final (acuerdo Figueroa – Otero) de 1995. Este proyecto de Ley evitaría los procesamientos, restringiría las investigaciones judiciales a la localización de los restos de los “desaparecidos”, garantizaría el secreto total para estas investigaciones y permitiría que se archivaran los casos antes de que se hallaran los restos o se estableciera toda la verdad.
  3. Detención de Pinochet Ugarte en Londres en octubre de 1998 en virtud de una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón Real. Las diversas apelaciones y tratativas del gobierno de turno saliente y entrante dieron sus resultados en marzo del 2000, el Ministerio del Interior británico resolvió liberarlo por razones humanitarias. Ese mismo año de regreso en Chile, el senador debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso “Caravana de la Muerte” que llevaba el juez Juan Guzmán Tapia. Finalmente fue desaforado y el citado proceso sobreseído por razones de demencia senil el 2002.
  4. La Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos convocada en agosto de 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. La cual entregó un listado en enero del 2001 con el destino final de 200 detenidos desaparecidos.
  5. Informe Valech entregado en noviembre de 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y su propuesta sobre Derechos Humanos del 2003, “No hay mañana, sin ayer”.
  6. Informe Valech II recepcionado en agosto de 2010 bajo el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique.

Entonces abro el libro “Recordar, Violación de derechos humanos: una mirada médica, psicológica y política”, y quedo prendido con la siguiente cita: “De modo que la verdad, aunque oficial, fue parcial y escindida, sin nombres de los responsables y sin ser entregada a la comunidad en forma masiva y sencilla, de modo que fuera asumida por toda la sociedad civil. Lo sucedido quedó en la nebulosa, hizo que la mentira continuara y la confusión persistiera, que la realidad no se reconstruyera, no se socializara, no se comunicara, sino más bien se callara y ocultara” (Rojas, 2017: 55-56).

El honorable diputado Urrutia junto a muchos otros silentes olvida que el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas existieron durante todo el período que se extendió la dictadura militar.

Estadio Nacional, Estadio Chile, Pisagua, Chacabuco, Londres 38, Nido 20, Academia de Guerra Aérea, Colonia Dignidad, Venda Sexy, Cuartel Silva Palma, Cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi por nombrar algunos con más o menos relevancia, con más o menos víctimas, con más o menos sadismo y aberraciones en su interior.

En esas casas, centros de detención, tortura y desaparición final, estuvieron y pasaron miles de hombres y mujeres en distintos períodos. Lugares que con el tiempo se convirtieron en verdaderos anfiteatros del terror, en los cuales se “extirparía el cáncer marxista” como planteaba el general Gustavo Leigh Guzmán y que formaban parte del enemigo interno, sitios donde se fraguó el poder desaparecedor del Estado. Eran lugares en los cuales – en dichos del Mocito- no existía Dios.

Steve J. Stern, historiador y académico de la Universidad de Wisconsin, traza la noción de memorias sueltas y emblemáticas. Las primeras corresponden al recuerdo de la experiencia personal y las segundas corresponderían a una memoria colectiva que permite ser un marco interpretativo de las memorias sueltas. Son las memorias emblemáticas las que permiten darle un sentido a la memoria suelta, personal e individual.

No cabe duda que sí seguimos la reflexión de Stern, reconocemos en las memorias colectivas el carácter de interpretativas y con capacidad de dar sentido, se hace evidente que las memorias emblemáticas disputan la hegemonía en el escenario social. Es decir, una suerte de competencia por la supremacía, al modo de competencias que señala Bourdieu en su concepto de habitus y campo. Así las memorias definen sus relaciones de poder al interior del campo.

Para Stern, en Chile las memorias emblemáticas respecto al Golpe y la Dictadura se componen de cuatro variantes:

  1. La memoria como salvación, aquí la idea es de un trauma vivido antes del Golpe militar durante la Unidad Popular en la que la idea de una inminente guerra civil es “defendida” por el advenimiento de la intervención militar;
  2. Una segunda memoria, es opuesta a ésta, en tanto es una memoria que tiene como idea central al trauma, puesto en la experiencia de la dictadura con el terrorismo de Estado como práctica que interrumpe las vidas de los sujetos dañándolas para siempre;
  3. Una tercera memoria, es la de los valores que se ponen a prueba en la Dictadura, es muy cercana a la anterior, pero no es necesariamente de personas afectadas por el terrorismo de Estado sino de quienes se sienten interpelados éticamente tanto desde la violencia de la dictadura, como de las violencias ejercida por grupos de izquierda.
  4. Y por último, la memoria como olvido, es la cuarta memoria emblemática que está más cerca de la primera, en tanto es mejor no hablar, el Golpe militar y la Dictadura son vistos como problemas peligrosos.

Estas cuatro memorias actúan en el espacio de la memoria colectiva disputando la centralidad de su versión de la experiencia del pasado, del discurso que portan y de los significados que quieren relevar al resto de los grupos, comunidades y por ende, de toda la sociedad.

En el contexto descrito anteriormente, aparecen los discursos para exponer la (s) propias versiones del pasado en el espacio público, por tanto, abriéndose al cuestionamiento y/o confrontación, es decir, al debate político. A través de afirmaciones, negaciones, silencios, justificaciones se irán articulando las memorias matizadas y mezcladas en dicho espacio.

En este sentido, lo que emerge son narraciones del pasado sin claridades políticas que se van sitúan en la zona gris como afirmaba Levi y Calveiro, en donde el antagonismo como forma de ubicar la diferencia se diluye.

Dicho de otra forma, las narraciones y sus relatos que se articulan del pasado no obstaculizan la posición del otro; no producen incomodidad, ni disputan hegemonía pues al no existir dos “bandos” no llegan a producir conflicto. Por tanto, la despolitización y privatización operan en los discursos de las memorias a partir de aquello, reordenando las posiciones y fuerzas para una disputa sinfín sobre qué es, cuándo es y cómo se hace, la memoria.

Lo anterior, efectos de un campo de debate y disputas no saldado, pues la gran mayoría de las veces las propuestas de soluciones han llegado desde la institucionalidad tejiendo en ocasiones subrepticiamente un particular orden social… el consenso.

Recordemos a Todorov aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror… lejos de seguir prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria –y el olvido- se han de poner al servicio de la justicia”.

Mayo del 2018

 

Mandatos militantes, vida cotidiana y subjetividad revolucionaria en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (1965-1975)*

Mandatos militantes, vida cotidiana y subjetividad revolucionaria en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (1965-1975)*

Militant commands, daily life, and revolutionary subjectivity in the Revolutionary Left Movement in Chile (1965-1975)

 

María Olga Ruiz**

* Este artículo expone los resultados de la tesis doctoral: Ruiz, M. O. 2014. Historias y memorias de traición. Subjetividad revolucionaria, mandatos militantes y traición en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), Montoneros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en las décadas del sesenta y setenta. Santiago: Universidad de Chile.
** Universidad de La Frontera. Núcleo Científico de Ciencias Sociales y Humanidades, Instituto de Estudios Interculturales e Indígenas. Correo electrónico: olgaruizc@gmail.com


Resumen

El texto analiza rasgos de la subjetividad militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile (MIR 1965-1975). Desde un enfoque cultural que se apoya en las propuestas de Lechner y Williams, es posible comprender aspectos de la vida cotidiana de la militancia, y los motivos, razones y pasiones que movilizaron a quienes abrazaron el sueño de la revolución socialista. La pura adscripción racional a un proyecto político-ideológico explica sólo parcialmente la experiencia militante de hombres y mujeres que persistieron en sus propósitos políticos, aún en escenarios donde la derrota política era evidente.

Palabras clave: revolución, movimiento político, cultura política, socialismo.


Resumen

El texto analiza rasgos de la subjetividad militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile (MIR 1965-1975). Desde un enfoque cultural que se apoya en las propuestas de Lechner y Williams, es posible comprender aspectos de la vida cotidiana de la militancia, y los motivos, razones y pasiones que movilizaron a quienes abrazaron el sueño de la revolución socialista. La pura adscripción racional a un proyecto político-ideológico explica sólo parcialmente la experiencia militante de hombres y mujeres que persistieron en sus propósitos políticos, aún en escenarios donde la derrota política era evidente.

Palabras clave: revolución, movimiento político, cultura política, socialismo.


Abstract

The following article analyzes some matters of militant subjectivity in the “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (Left Leaning Revolutionary Movement) (MIR 1965-1975). From a cultural point of view, supported by Lechner and Williams’ theories, it is possible to understand some aspects of militants’ every day life, their motivations, reasons, and the passions that mobilized those who embraced the dream of a socialist revolution. The mere rational adscription to a political-ideological project explains only partially the militancy of a man or a woman’s experience that persisted on their political purpose, even when defeat scenario was imminent.

Key words: revolution, political movement, political culture, socialism.


 

1. Introducción

Al igual que otras organizaciones revolucionarias conosureñas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (en adelante MIR) construyó modelos identitarios entrelazando la vida cotidiana de sus militantes con definiciones político-ideológicas específicas. La militancia estaba cruzada no sólo por convicciones ideológicas y razones políticas, sino también por un entramado valórico y afectivo que, muchas veces, operó como el núcleo articulador de la identidad militante (Oberti 2011).

La propuesta de “Hombre Nuevo” guevarista llenaba de mística, pero también de exigencias a quienes abrazaban la promesa de la revolución socialista. Este proyecto consideraba no sólo la transformación radical de las estructuras políticas y económicas de las sociedades latinoamericanas, sino también la construcción de una nueva moral que liberara a los hombres (y mujeres) del estado de alienación al que se encontraban sometidos bajo el modelo capitalista. En este sentido, el socialismo no era un mero método de repartición, sino un sistema creador de nuevas conciencias y subjetividades, de modo que poseía una dimensión valórica indiscutible. El “Hombre Nuevo” debía constituirse al calor de las luchas revolucionarias, de modo que quienes se sumaban a la causa revolucionaria debían guiarse por un modelo claramente definido, y cuya máxima encarnación era la propia figura de Ernesto Guevara.

De acuerdo con estos planteamientos, el revolucionario era el escalón más alto de la especie humana, y por lo mismo, debía poner en práctica las virtudes y los valores asociados al modelo guevarista, a saber: la entrega total, el sacrificio permanente, la supeditación de los intereses personales y privados a los intereses colectivos, el coraje, la fuerza, la voluntad. Había que vivir y morir por la revolución, y el revolucionario debía actuar como un verdadero sacerdote de la causa revolucionaria. No obstante lo anterior, la práctica cotidiana de la militancia era diversa y, en esa pluralidad, incidían variados elementos: la edad, el género, la trayectoria política previa, la organización y el momento en que se militaba, entre otros.

En este artículo1 me propongo examinar aspectos de la vida cotidiana y la subjetividad militante del MIR, entre los años 1965, año de su fundación, y 1975, momento de la primera gran derrota político-militar de la organización (Palieraki 2014; Goicovic 2012; Leiva 2010; Pinto 2006, 2005; Sandoval 2004, 1990)2. De esta manera, pongo atención al siguiente problema: los procesos y mecanismos (formales e informales) a través de los cuales se construyen las identidades partidarias y la configuración de una cultura política militante con rasgos específicos.

Para lograr este objetivo he puesto el foco en la experiencia de los cuadros profesionales del MIR, es decir, militantes que se dedicaban exclusivamente a las tareas designadas por la organización o que, manteniendo sus trabajos o estudios, subordinaban esas actividades a las tareas y urgencias de la actividad política. Para este fin he analizado bibliografía especializada acerca de la historia del MIR y otras organizaciones armadas conosureñas, documentos internos y prensa partidaria, tesis universitarias, testimonios escritos y documentos personales de ex militantes3. Además, realicé entrevistas a personas que militaron en diversas estructuras partidarias en el período ya señalado4.

2. El entramado cultural de la militancia política

Como afirma el cientista político chileno-alemán Norbert Lechner (1986), la política, más allá de su dimensión instrumental y programática, posee una dimensión simbólica y subjetiva, de manera tal que la militancia nos remite a un mundo común, a un espacio en el que los sujetos reafirman su pertenencia a un colectivo que los antecede y trasciende. Estos planteos nos acercan a la noción de “cultura política”, categoría que en la década de los 80 fue utilizada por estudios que analizaban los procesos de transición a la democracia, poniendo atención a la dimensión cultural y a la subjetividad de los actores políticos que apoyaron o resistieron la emergencia de dictaduras cívico-militares. Asimismo, la emergencia de los movimientos sociales y la crisis de las “formas de hacer política” tradicionales, pusieron en el tapete los entramados culturales de la política, en especial aquella que se construía y desplegaba fuera de los espacios institucionales.

Esta noción ha sido utilizada para analizar una gran cantidad de problemas sociales, puesto que refiere a aspectos culturales, valorativos y subjetivos de los sujetos sociales que, en un sentido muy laxo, participaban de la vida política5. En relación con ello, Lechner rescata críticamente esta categoría, advirtiendo que su amplitud y extrema flexibilidad puede ser problemática. Señala el autor que “cultura política”:

abarca de modo arbitrario, según las conveniencias del caso, una multiplicidad de aspectos dispares. El empleo demasiado extensivo y poco riguroso del término reduce su valor informativo. En realidad, la noción carece de fundamentación teórica y ello dificulta el análisis empírico; por consiguiente, resulta complicado especificar su contenido concreto (…). No obstante estas objeciones, no debiéramos renunciar, por purismo científico, al empleo del término. Su uso en el lenguaje cotidiano y en el debate intelectual indica su utilidad para señalar un campo que si no quedaría en la oscuridad. Es cierto que carecemos de un concepto de cultura política; pero el fenómeno existe (Lechner 1987: 10).

De esta forma, esta noción refiere no tanto a las acciones políticas como a las orientaciones que las guían, es decir, a los estilos y los modos de hacer y concebir la política. Ello supone poner atención a la producción subjetiva de los sujetos y a los marcos valóricos y emocionales que sostienen la acción política.

Así, las identidades políticas se articulan en torno a acciones programáticas y también a elementos simbólicos, como mitos y ritos que refuerzan el sentido de lo colectivo y la concepción del mundo ligada a esta pertenencia. Mientras que los ritos son una instancia colectiva en la que se recrea, actualiza y consolida la identidad colectiva, los mitos permiten organizar una interpretación del mundo que da sentido a la acción política, situando a la comunidad en una temporalidad específica que le permite reconocerse como parte de una trayectoria histórica de largo alcance.

En relación con este último punto, es preciso señalar que la comprensión del mito como motor de la acción colectiva fue advertida tempranamente por el intelectual peruano José Carlos Mariátegui, fundador de la revista Amauta en 1926, y autor de “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Este autor, en la década del 20 del siglo XX, afirmó que los mitos revolucionarios podían activar la voluntad colectiva de los pueblos, asignándole a sus luchas una fuerza y un poder histórico innegable. Señala Mariátegui:

No se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza superhumana; los demás hombres son el coro anónimo del drama (…). Lo que más claramente diferencia en esta época a la burguesía y al proletariado es el mito. La burguesía no tiene ya mito alguno. Se ha vuelto incrédula, escéptica, nihilista. El mito liberal renacentista ha envejecido demasiado. El proletariado tiene un mito: la revolución social. Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La burguesía niega; el proletariado afirma (1988: 281).

Estas reflexiones fueron elaboradas en un contexto particular: la realidad peruana y el deseo de Mariátegui de construir el socialismo en un país que no poseía un proletariado fuerte ni un desarrollo industrial significativo. Como fundador del Partido Socialista peruano, mantuvo independencia de los lineamientos de la Tercera Internacional y, en lugar de sumarse a la política de bolchevización y a la conformación de un partido proletario clásico, propuso una concepción original sobre el marxismo, la que asignaba un lugar central a la cuestión moral y espiritual, pues, apelando a sus propias palabras, “cada palabra, cada acto del marxismo tiene un acento de fe, de voluntad, de convicción heroica y creadora” (Mariátegui 1934: 58).

Apoyándose en la teoría soreliana de los mitos revolucionarios (Sorel 2005)6, Mariátegui propone que ni la ciencia ni la razón logran satisfacer las inquietudes y necesidades humanas, y que, por lo tanto, la voluntad, la pasión y la fe son los elementos indispensables para movilizar a los sujetos tras la promesa de la revolución socialista. El mito revolucionario se sostiene, entonces, en una fuerza religiosa, mística y espiritual.

Retomando esos planteamientos, en este trabajo asumo que la experiencia militante no se explica únicamente en la mera adscripción a una ideología en particular, sino que constituye una forma de leer y de vivir la realidad. Es, en este sentido, una cultura, tal como la entiende Raymond Willliams (2009) y otros teóricos de los Estudios Culturales.

Desde una cercanía crítica respecto del marxismo, Williams (2009) propuso la noción de “materialismo cultural”, la que expresa el espesor material de la cultura y su lugar en la formación de prácticas y relaciones sociales, instituciones y producciones simbólicas. El autor entiende la cultura en un sentido antropológico, es decir, como modo global de vida sin restringirla a las actividades ni los objetos asociados al trabajo intelectual o artístico. Asimismo, asume que la realidad social y material está estructurada en base a valores, imágenes y significaciones, estableciendo un vínculo estrecho entre cultura y lenguaje.

A partir de esta mirada, se entiende que la realidad se construye a través de una red de relaciones donde lo político, lo social, lo económico y lo cultural interactúan entre sí, de modo que la explicación de los fenómenos sociales no depende sólo de uno de esos aspectos. Es así como las estructuras (entendidas como la dimensión social y económica) y las superestructuras (entendidas como la esfera política e ideológica) están interrelacionadas, pues ambas refieren a actividades humanas concretas que son productivas en tanto participan activamente en la construcción de la realidad. De allí que cualquier intento por establecer una división tajante constituya una abstracción que obtura la posibilidad de comprender la sociedad.

En esta misma línea, la categoría de “estructura de sentimiento” permite analizar cómo esos valores fueron vividos y sentidos por los sujetos, así como la forma en que esos sentimientos se articularon con ideas que habían sido formuladas formal y sistemáticamente. Esta noción hace posible advertir la manera en que el pensamiento es sentido y, a su vez, los sentimientos son pensados, superando la disyunción entre una y otra dimensión de la experiencia humana. Asimismo, permite comprender el modo en que ciertas ideas son incorporadas por los sujetos a su cotidianeidad y, a partir de ahí, son pensadas y sentidas de un modo particular en el que se articulan lo social y lo individual. Indica Williams:

El término resulta difícil; sin embargo, “sentimiento” ha sido elegido con la finalidad de acentuar una distinción respecto de conceptos más formales como “concepción del mundo” o “ideología”. No se trata solamente de que debamos ir más allá de las creencias sistemáticas y formalmente sostenidas, aunque por supuesto siempre debamos incluirlas. Se trata de que estamos interesados en los significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente (2009: 180).

Esta propuesta es muy productiva para comprender la vida cotidiana7 de la militancia y los motivos, razones y pasiones que movilizaron a quienes abrazaron el sueño de la revolución socialista. La pura adscripción racional a un proyecto político-ideológico explica sólo parcialmente la experiencia militante de hombres y mujeres que persistieron en sus propósitos políticos, aun en escenarios donde la derrota política era evidente. La comprensión de esa porfía sólo puede ser entendida poniendo atención al entramado valórico, ideológico y emocional que configuró la subjetividad revolucionaria de los 60 y 70.

Asumiendo que la cultura opera como un sistema de significación a través del cual se vivencia y construye la experiencia social, es posible poner el foco en los sentidos asignados a las prácticas sociales (y a quienes tienen el poder para definir esos significados), entendiendo la centralidad que adquieren la subjetividad y las configuraciones identitarias en la puesta en marcha de proyectos emancipatorios. Estas definiciones permiten comprender las prácticas culturales cotidianas como el escenario donde se despliega y construye un determinado tipo de prácticas políticas, visibilizando así dimensiones menos evidentes de la experiencia militante.

En una dirección similar, el intelectual chileno Bernardo Subercaseaux propone la noción de “imaginario político” para referirse a:

un conjunto articulado de representaciones con un núcleo ideológico y un campo léxico y semántico común, que involucra también una dimensión cultural e incluso emocional. En cuanto representaciones, éstas portan un contenido ideológico, un marco conceptual, un determinado lenguaje y una retórica, referentes simbólicos y pulsiones culturales (2004: 52).

En este sentido, la militancia en organizaciones políticas supone la confluencia entre ideas y pulsiones culturales, articulándose estilos de vida singulares y distintivos, que consideran desde un cierto tipo de vestimenta hasta usos lingüísticos específicos. Tanto así, que la identidad cultural partidaria sobrepasa los elementos estrictamente ideológicos, y puede persistir en el tiempo, incluso si la estructura orgánica partidaria se divide o desaparece. Así, la organización política existe en tanto comunidad humana en la que se cruzan los afectos y las ideas, las razones y las pasiones, lo privado y lo público, y en la que las acciones políticas son vividas, sentidas y pensadas de un modo particular.

Los testimonios de ex militantes y diversas investigaciones académicas advierten que el proyecto revolucionario de los 60 y 70 descansaba sobre una visión de mundo y una concepción de la revolución como un absoluto que asignaba un sentido y un lugar en la historia a sus miembros. La militancia imponía a los militantes -en especial a los profesionales o de tiempo completo- mandatos y estrictos patrones de conducta. Asimismo, el ingreso al MIR consideraba distintas etapas (simpatizante, aspirante, militante), cada una de las cuales suponía el cumplimiento de ciertas exigencias, y en muchos casos, una evaluación más o menos formal de parte de un encargado. Se trataba, en suma, de un proceso regulado y controlado que consideraba ritos que reforzaban el tránsito de afuera hacia adentro (Naranjo et al. 2004).

La moral revolucionaria consideraba modos de comportamiento claramente establecidos, y esos mandatos, escritos o no, se mantuvieron, y en muchos casos, se rigidizaron en el escenario posterior al golpe cívico-militar de 1973. La implementación del proyecto político revolucionario requería la formación moral y política de sujetos que debían poseer características particulares: decisión, valor, coraje, fortaleza, convicción y arrojo.

Así también, se asumía que la voluntad era suficiente para poner en marcha el proceso revolucionario y despertar las conciencias de los oprimidos. Tal como señala Alain Badiou (2005), a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ocurrió un desplazamiento desde el progresismo histórico al heroísmo político histórico, tránsito que se explica en el convencimiento de que la historia sólo puede avanzar forzándola a ello. La voluntad aparece, entonces, como el motor de la historia, ocupando un lugar central en la subjetividad revolucionaria.

Siguiendo esta perspectiva analítica, los trabajos de Julián Bastías (1995), Tamara Vidaurrázaga (2006) y Hernán Vidal (1999) se acercan a la subjetividad militante y a la cultura política de la organización que analizamos, poniendo atención a las tensiones y los nudos problemáticos que acompañaron la experiencia de la militancia revolucionaria setentista. La maternidad, las relaciones de género, la disciplina interna, los mandatos que organizaban y estructuraban la vida diaria, son algunos de los tópicos abordados por estos autores.

3. Llamados por la “Historia”

Muchos de los jóvenes que se sumaron al MIR lo hicieron movilizados por un ánimo contestatario y crítico que se nutría no tanto de concepciones político-ideológicas, sino de un profundo rechazo al sistema imperante. Ese descontento se manifestaba en un cuestionamiento general a todo lo establecido: desde la guerra de Vietnam hasta el mandato de la virginidad; todo debía ser reinventado.

Al impacto provocado por el triunfo de la Revolución Cubana y por las luchas anticolonialistas en Asia y África, se sumaban transformaciones culturales que modificaban la vida cotidiana de hombres y mujeres, como el uso de anticonceptivos y el cuestionamiento a la moral sexual conservadora. Todo gesto de autoritarismo era cuestionado: desde la política imperialista de los EE.UU., hasta la autoridad paterna al interior del núcleo familiar. De este modo, en los largos sesenta (Devés 2003) fueron desestabilizándose los ordenamientos de la vida pública y privada, articulando en un mismo reclamo la lucha por el socialismo, el ejercicio de una sexualidad sin ataduras y la liberación de los oprimidos. Existía el convencimiento de que el sistema, noción bastante amplia e imprecisa que aludía a todo lo establecido, era esencialmente injusto y, por ello, era preciso transformarlo.

Es así como, independientemente de cómo se llegara a la militancia política, la incorporación a esta organización implicó un nuevo modo de relacionarse con los otros y consigo mismo, una ruptura drástica (y muchas veces definitiva) con la vida anterior. El llamado de la historia resultó ser poderoso y casi siempre ineludible, pues se nutría tanto de promesas como de certezas.

Tal como señala la ex militante del MIR, Gladys Díaz, en relación con sus primeros acercamientos a la militancia política:

Yo me crie en una situación en la que no podía si no ser militante de izquierda, en un pueblo minero, con gente muy pobre, leñeros, carboneros, y estaban los chilenos y los norteamericanos. Yo era hija de uno de los hombres de mejor situación (mi papá era comerciante) y desde muy niña vi cosas muy brutales… Me tocó presenciar cosas que yo tendría que haber sido una persona muy insensible o psicópata para no haber sentido desde muy niña lo que era la desigualdad en este país (…) ésa fue mi primera motivación para meterme a lo social.

Los revolucionarios tenían la obligación de realizar cambios en la totalidad del individuo, poniendo sus acciones, afectos e inteligencia al servicio de la colectividad. El cumplimiento de esos deberes iba acompañado de sentimientos de satisfacción, constituyéndose en un sacrificio gozoso para la mayoría de los militantes.

Un rasgo distintivo de esta identidad es la renuncia, en primer término, a sí mismo, es decir, una suerte de abandono del propio yo en el marco de un proceso de fusión con el colectivo. Un cuadro político revolucionario debía estar dispuesto a renunciar a la familia, a los estudios, al desarrollo profesional y a la propia vida si la revolución así lo exigía. En este sentido, resulta paradójico que la afirmación de la identidad revolucionaria consistiera, justamente, en lo que el ex militante Julián Bastías ha definido como proceso de “desindividualización”, formulado como “entrega a la causa” (2005: 176).

La máquina revolucionaria exigía una entrega total y los militantes eran una pequeña pieza de un engranaje mayor al que se debían por entero. En este sentido, el compromiso con la revolución se sostenía en una especie de “borramiento de sí mismo en el colectivo” (Oberti 2011: 190), de modo que los proyectos personales quedaban desplazados por un proyecto de transformación global del que se beneficiarían todos los excluidos y oprimidos del mundo.

De acuerdo a Camilo, ex militante del MIR:

En verdad, toda mi vida fue al servicio del MIR, en todo ese tiempo. Yo creo que el concepto era que la comunidad era más importante que el individuo, entonces, por ejemplo, yo quería ser médico, pero un médico revolucionario, no quería ser un médico cualquiera. Pero para ser un médico revolucionario, ¿qué es lo que había que tener primero? había que tener revolución. Entonces si tú no hacías la revolución, no ibas a ser un médico revolucionario, y si tú querías ser un revolucionario tenías que hacer la revolución. Por lo tanto, tus intereses personales estaban supeditados a los intereses de la comunidad y la comunidad era el Partido, la comunidad era la revolución y la comunidad era la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, no era ningún dolor trasladarse de ciudad, trasladarse de tarea o dejar los estudios o dejar el trabajo que tenía. Eso no es importante desde esa perspectiva. La perspectiva y el marco general era la revolución8.

La máxima expresión de la renuncia total era la disposición a morir, posibilidad que era parte del escenario de probabilidades tratándose de una organización que apostaba a la lucha armada como estrategia para instalar el socialismo en Chile. Como es lógico, una vez ocurrido el Golpe de septiembre de 1973, la proximidad de la muerte se hizo más concreta y cercana. Señala Lautaro Videla, ex mirista:

Yo partí pensando que el acto más sublime de la política es terminar muriendo por los ideales. Nosotros nos formamos en esa lógica, o sea, para nosotros era obvio que nuestra salud estaba en riesgo, nuestra familia estaba en riesgo ¿me entiendes? Había que asumirse como parte de un engranaje, una rolinera de estas bolitas de metal de acero, que a veces se rompen y que si se rompen hay que cambiarlas. Por lo tanto, éramos una rolinera del engranaje del proceso de la revolución y si nos tocaba, nos tocaba. Pero con ese agregado de que si nos toca, va a ser un ejemplo, la parte sublime de nuestro rol político.

La muerte en combate sellaba una vida entregada a los otros. Así lo señalaba la experiencia de Guevara y de otros dirigentes revolucionarios, como Miguel Enríquez o Roberto Santucho. La dimensión sacrificial de la militancia, dar la vida por la vida, otorgaba la posibilidad de trascender y de servir como ejemplo a los futuros revolucionarios. De esta manera, no se trataba de una muerte cualquiera, sino de una muerte luminosa, trascendente y sublime. En palabras de Camilo:

Creo que a la edad que tenía yo, a los 20 años, la muerte es un hecho casi lindo si se producía en esas circunstancias (el combate). Nosotros teníamos muy poca experiencia acerca de la muerte, como no fuese la de nuestros abuelitos en una cama enfermos con cáncer o algo así. Pero la muerte desde la perspectiva revolucionaria era una cosa frente a la que no teníamos dolor ni miedo. Al contrario, era una cosa casi gloriosa. Desde esa perspectiva no era algo que nos amilanara. En absoluto.

El ánimo contestatario y rebelde de quienes aspiraban a ser militantes de las organizaciones revolucionarias debía ser encuadrado para que fuera funcional al proyecto político que se perseguía. Los jóvenes rebeldes debían transformarse en militantes disciplinados, responsables y aplicados y, para ello, las tres organizaciones aquí analizadas pusieron en práctica diversos mecanismos de formación política (Naranjo 2004)9, por ejemplo, escuelas de formación de cuadros, la lectura conjunta de la prensa partidaria, instrucción militar, entre otras. Con respecto a este punto, el ex militante del MIR, Julián Bastías, se pregunta desde una mirada retrospectiva bastante crítica “¿cómo entender que estos individuos atraídos por el espíritu de rebeldía, creativo y libertario que el MIR representaba, se adaptaran rápidamente a valores tan diferentes?” (2005: 170).

En el caso del MIR, la necesidad de transformar a sus militantes en cuadros políticos profesionales requirió la puesta en marcha de estrategias de educación política cada vez más estructuradas. Este proceso se inició en 1969 (dos años después de que Miguel Enríquez asumiera su conducción), y fue parte de una restructuración orgánica más amplia, orientada a fortalecer políticamente al Partido. Entre las medidas adoptadas se consideró el establecimiento de etapas para regular y controlar el ingreso y la formación de los militantes. Para la nueva conducción, el fortalecimiento del Partido hacía indispensable la formación de un nuevo tipo de militante. Tal como señala un documento partidario: “[l]os aficionados deberán abandonar la organización. (…) No se ingresará ni se hará abandono del Partido de cualquier forma. La entrega de sí mismo deberá ser total. La organización decidirá si un militante debe o no trabajar o estudiar, o dónde habitar, etc.” (Naranjo 2004: 62).

Durante este período -previo al golpe cívico-militar de 1973-, y con el objeto de regular y controlar el ingreso a la organización, se establecieron las etapas de simpatizante, aspirante y militante. De acuerdo a lo propuesto, el período de formación debía extenderse por, al menos, seis meses, proceso en el cual se ponía a prueba la capacidad de entrega y disciplina de los futuros militantes.

El proceso formativo consideraba el conocimiento y la comprensión de las siguientes materias: aspectos generales de la teoría marxista-leninista (materialismo dialéctico, materialismo histórico, economía política), historia del movimiento obrero mundial y nacional, historia del Partido y estructura de la formación social chilena. Asimismo, se esperaba que los militantes tuvieran un manejo general de aspectos orgánicos, técnicos y militares, con el objeto de poder aplicar en su quehacer cotidiano los aspectos más teóricos e ideológicos. Un buen militante debía estudiar y conocer las obras clásicas del pensamiento marxista-leninista, así como los escritos de líderes revolucionarios contemporáneos cuya experiencia era considerada como un ejemplo a seguir: Guevara, Giap, Fanon, entre otros.

Además, un aspecto central en la formación militante tenía relación con cuestiones morales y valóricas. Como señala un documento partidario que abordaba el tema de la formación de los cuadros políticos:

El Partido Revolucionario debe transformar a sus militantes, convertirlos en acero bien templado, sensible y flexible, pero no quebradizo, capaz de hacer frente tanto a las incitaciones de la sociedad burguesa a una vida cómoda, al individualismo, al provecho personal, como de hacer frente a la represión, a la persecución, a la tortura, capaz de continuar la lucha con más fe en el triunfo del proletariado que nunca (MIR 1974: 1).

De acuerdo a estos modelos y representaciones, los valores revolucionarios estaban asociados a la fortaleza, la entereza, el estoicismo, los que, a su vez, se definen por oposición a lo quebradizo, lo frágil, lo débil. Asimismo, esa fortaleza debía utilizarse para resistir no sólo al enemigo externo, sino a conductas internas que era preciso erradicar y eliminar: el individualismo, las comodidades de la vida burguesa, el provecho personal.

Esa transformación interna debía hacerse, necesariamente, dentro del Partido y al calor del fuego y los golpes de la lucha de clases. De este modo, si bien el manejo -aunque fuese general- de cuestiones teóricas era indispensable, y con ese fin se elaboraron manuales que resumían las obras de Engels, Marx y Lenin, la práctica revolucionaria era, en definitiva, lo más importante. Tal como advierte Lautaro Videla, ex dirigente que tuvo a su cargo la formación política de otros militantes:

A los simpatizantes y aspirantes tratábamos de vincularlos al conocimiento del pensamiento político marxista, pero lo más importante era la actividad concreta, de compromiso, es decir, desarrollar algunas acciones que demostraran su disposición a jugar un papel en la lucha, que fuera capaz de hablar o que fuera organizador. Valorábamos mucho al que organizaba, al que trabajaba en la oscuridad, oscuro, triste y gris, armando reuniones, consiguiendo recursos, que entregara tiempo y dedicación a la actividad política del MIR10.

La evaluación sobre el desempeño de simpatizantes y aspirantes, y la posibilidad de ascenderlos (o no) a la condición de militantes, estaba en manos de los dirigentes de cada estructura, cuya decisión debía ser confirmada posteriormente por las estructuras superiores del Partido. Ahora bien, la experiencia del tránsito del afuera hacia adentro fue diversa. Como señala Videla, el proceso de formación variaba dependiendo del tipo de militante: mientras a los estudiantes universitarios se les exigía un mayor manejo de aspectos teóricos e ideológicos, los que provenían del mundo sindical y campesino debían demostrar otro tipo de destrezas, más vinculadas al activismo y a capacidades organizativas. Como advierte el mismo dirigente:

En el mundo campesino y sindical lo más determinante era el activismo, ir a una reunión, convocar a sus colegas a que votaran por una determinada posición en el sindicato. En la población, en los sin casa, lo mismo, los campesinos igual. Eso era más determinante que la formación ideológica y los grados de información política. Esto porque había intereses de clase, había una sensibilidad que tenía que ver con su vida cotidiana que lo hacía comprometerse mucho más fácil que un cabro que necesitaba una serie de argumentos ideológicos, para llegar a entender casi abstractamente que era bueno luchar por la reforma agraria y el huevón [sic] no tenía más que un jardín en su casa. Ese tenía que abstraer más y acceder a niveles de conocimiento, cultura y de teoría mayores. Había no una discriminación, una diferenciación en las exigencias11.

De acuerdo a este testimonio, se consideraba que los militantes de extracción pequeño burguesa debían corregir las carencias y deformaciones asociadas a su origen a través del estudio y el conocimiento de la teoría marxista. Se entendía, en un mismo sentido, que quienes provenían de sectores populares tenían, por su experiencia directa y cotidiana con la explotación, más facilidad para acceder a la conciencia revolucionaria y, por lo mismo, su desarrollo político-intelectual no era prioritario (Bastías 2005).

Mientras algunas personas recuerdan el momento preciso en que se les comunicó oficial y formalmente que fueron aceptadas como militantes de la organización, otras afirman haber ingresado sin ningún tipo de restricciones. Es necesario señalar que, en algunos momentos, las medidas de selección y formación no fueron implementadas ya que las urgencias del contexto político no lo hicieron posible. De hecho, muchos de quienes ingresaron a la organización durante el período de la Unidad Popular, y en especial a partir del año 1972 (período de mayor crecimiento orgánico), fueron aceptados de inmediato, sin recibir ningún tipo de formación especial, dada la enorme cantidad de actividades y tareas partidarias que había que realizar.

Después del golpe cívico-militar de 1973, el ingreso masivo y automático de militantes fue considerado por la Dirección como una grave debilidad que explicaba, al menos en parte, los numerosos embates recibidos por parte de los aparatos represivos. Los militantes nuevos, inexpertos y sin formación política, eran -desde esa perspectiva- más propensos a cometer errores de seguridad y a no respetar la compartimentación, lo que hacía más vulnerable al Partido (MIR 1974). Lo cierto es que la implementación de estos procesos educativos no fue una experiencia uniforme, al contrario, muchas veces fue irregular y poco sistemática, siendo desplazada por otras tareas consideradas más urgentes12.

Adicionalmente, la noción leninista de vanguardia política y la moral revolucionaria guevarista fueron elementos centrales en la construcción de la identidad mirista. De acuerdo a estos preceptos, se entendía que el Partido estaba formado por los mejores hijos del pueblo, quienes tenían la misión de conducir y formar a las masas en los valores de la moral revolucionaria y, para ello, debían demostrar con el ejemplo que reunían todas (o al menos gran parte de) las virtudes del “Hombre Nuevo”. Los miristas eran y debían ser los mejores. Señala Videla:

Mira, nosotros éramos como los griegos de la izquierda, la crème de la crème de la izquierda chilena. Miguel era un tipo brillante; el Guti era muy ilustrado, cultísimo; Sotomayor un corajudo, aguerrido; Edgardo era genial, lo mismo el Bauchi… un equipo excepcional. Es cierto que se nos acusó hasta de ser agentes de la CIA, pero creo que mucha gente nos admiraba por nuestro arrojo, nuestro compromiso y nivel de entrega.

La idea de excepcionalidad señalada por el ex militante expresa una concepción de sí mismos que contiene, al menos, dos sentidos. Por un lado, considerarse únicos, particulares, diferentes y, por otro lado, mejores, superiores y aventajados en relación con los militantes de otras organizaciones políticas y, por cierto, respecto de los sujetos comunes y corrientes que no habían despertado a la conciencia revolucionaria.

Es preciso considerar que tanto en el MIR como en otros partidos de izquierda conosureños -incluidos los de izquierda tradicional-, los dirigentes (muchas veces fundadores de la organización) eran considerados la encarnación del militante ideal. A ellos -la mayoría bastante jóvenes-, se les respetaba y admiraba por su inteligencia, oratoria magnífica, coraje y entrega total a la causa revolucionaria. El hecho de que algunos de los dirigentes proviniesen de familias acomodadas, era observado como una prueba irrefutable de su capacidad de renuncia y compromiso con los oprimidos. Se les consideraba personas excepcionales e intelectualmente brillantes. A su vez, su participación en las acciones armadas ponía en evidencia que estaban dispuestos a asumir los riesgos que el proyecto exigía. De este modo, el ejemplo de los dirigentes modelaba la identidad de los militantes, tanto o más que los cursos y manuales de formación política. Como señala Patricio Rivas, ex dirigente del MIR:

su juventud se transformaba en un imán para quienes teníamos menos de veinte años. En todos existía una postura de valentía que comunicaban con la mímica de sus cuerpos. “No le tememos a la historia”, parecían decir con sus gestos. Sugerían una estética, una ética y una política. Se vestían con parkas, chaquetones azules, jeans, pantalones de cotelé oscuros y bototos. Hablaban sin afectación pero con identidad. Cientos de muchachos nos sentiríamos atraídos por esa energía (2007: 20).

En efecto, los dirigentes ejercían un liderazgo que descansaba tanto en elementos racionales como emocionales, actuando como intermediarios entre el proyecto y el conjunto de los militantes. Se buscaba imitar sus virtudes, gestos y hasta su forma de vestir, y condensaban en sí mismos los atributos que la comunidad considera deseables.

Para los militantes que se incorporaron a la organización después del golpe de septiembre de 1973, la historia de sus dirigentes, en especial la de aquellos que murieron asesinados por los aparatos represivos y que en los primeros años de vida de la organización participaron en acciones armadas (fundamentalmente, asaltos a entidades bancarias), operaba como un mito que fortalecía la adhesión colectiva y la identidad militante.

En cuanto a su estructura organizativa, entre 1970 y 1973 la organización interna del MIR estuvo estructurada de la siguiente manera: la militancia de base se organizaba en torno a los Grupos Político Militares (GPM), órganos de carácter territorial que estaban vinculados con los frentes de masas. Por encima de estas estructuras estaban los Comités Regionales (CR), y más arriba se hallaba el Comité Central (CC), órgano de dirección formado por los dirigentes de los Comités Regionales, por los miembros que habían sido elegidos en el III Congreso (realizado en 1967), y por los militantes de confianza que habían sido cooptados. En la cima de la pirámide estaba la Comisión Política (CP), y en su interior se encontraba el Secretariado Nacional, quien asumía la dirección y la representación del Partido.

Esta estructura jerárquica, propia de un partido leninista, se vio reforzada con la postergación del IV Congreso y con el uso reiterado de la cooptación como mecanismo de ascenso en las estructuras partidarias. Este tipo de organización interna asignaba a los máximos dirigentes un poder difícil de contrarrestar, situación que en el periodo analizado no fue mayormente cuestionada -al menos de forma articulada y masiva- por la militancia. Como recuerda el ex militante Luis Ulloa:

Mira, yo no participé nunca en una elección, no existía eso, además era una estructura político-militar entonces nos sometíamos al mando, yo tenía un jefe, él venía con los acuerdos que se habían tomado en otra instancia en la cual yo no tenía ninguna participación… Pero no fue posible, el contexto no permitió hacerlo de otra forma, además que todos respaldábamos a nuestra Dirección, nadie los cuestionaba, para nada… no discutíamos, pero a nadie le importaba, no era un tema, teníamos claro el camino… en lo central estaba todo claro, nosotros teníamos una lucha donde no se daban esas cosas, el tareísmo mataba lo otro, ahogaba la discusión de otros temas, nosotros peleábamos pero con el PC, no adentro… Nunca escuché que alguien reclamara, por primera vez lo escuché preso, en Puchuncavi, nunca antes… nosotros teníamos una cuestión de fe hacia nuestros líderes, o sea Miguel era médico, Bauchi médico, el Dago sociólogo, o sea (… ) ellos podían acceder a una vida cómoda dentro del sistema, pero ellos optaron por otra cosa y era seductor eso, entonces yo no andaba pensado si habrán usurpado el poder, que por qué no habrán elecciones… no era mi problema.

En relación con este punto, algunos dirigentes de la época señalan que, si bien existía un excesivo verticalismo, esto no provocaba mayores conflictos ya que había una suerte de coincidencia armónica entre las aspiraciones e inquietudes de las bases militantes y las decisiones políticas de la Dirección (Leiva 2010). Existen, sin embargo, diversos registros que dan cuenta de que aún antes del golpe militar, existían algunos sectores de la militancia que no aceptaban de buena gana la escasa democracia interna y que plantearon sus diferencias. Años más tarde, documentos oficiales del Partido harían suyos esos mismos cuestionamientos (Calderón 2009).

4. Amor, vida cotidiana y revolución

En muchos sentidos, la intensidad de la vida militante hizo que la organización política se constituyera en una nueva familia para sus militantes, transformando los lazos políticos en poderosos vínculos afectivos. La familia de origen fue abandonada o desplazada por las tareas partidarias, y tanto la fuerza de las convicciones como la certeza de que se podía morir por la causa revolucionaria reforzaban la identidad colectiva de los militantes. Como señala el ex dirigente del MIR, Lautaro Videla:

Había una relación casi amorosa, entre hombres, entre mujeres, un sentimiento de amor, de afecto. Estábamos en la misma pelea, abandonando todo, arriesgándolo todo, teníamos que tener un espacio familiar, chucha [sic] teníamos que tener algo que nos diera un sentido de pertenencia. Un sentido de protección. Sí, éramos una verdadera familia, no me cabe duda de eso.

De este modo, la pertenencia a una organización fue una fuente de gratificaciones afectivas. Este aspecto es decisivo para comprender la identificación política con la comunidad y las dificultades y costos que suponía abandonarla (en especial cuando la salida no era voluntaria).

La transformación de los militantes debía ser integral, involucrando tanto su vida pública como privada. No se trataba de un proyecto y una cultura política que considerara transformaciones radicales única y exclusivamente en la esfera de la política formal y la economía, sino, más bien, de una colonización de lo privado y personal por parte de lo público, en este caso, la revolución socialista. Así se señala en el documento “Notas sobre la formación de los cuadros”, atribuido al dirigente Martín Hernández, quien estaba a cargo de la Comisión Nacional de Formación Política.

No es una parte -la parte pública- del militante la que está dentro del Partido mientras que la otra -la parte privada- queda fuera y sometida a otras leyes, normas y valores morales; el militante revolucionario debe ser tal, tanto en su actividad política como en su actividad privada y en ambas debe constituirse en ejemplo de una nueva moral y del inicio del proceso de constitución del futuro hombre total del socialismo (MIR 1974: 17).

Si bien es posible advertir una coincidencia entre esta afirmación y la politización de lo privado propuesta por el feminismo en la misma época (Oberti 2011), lo cierto es que el proyecto revolucionario no consideraba una revalorización de las relaciones personales ni de la vida cotidiana. Por el contrario, la esfera de lo íntimo debía subordinarse a las exigencias de la gran política. De esta manera, la construcción de los vínculos afectivos primarios estaba condicionada por el ritmo y por los mandatos de la revolución, tal y como lo había señalado el propio Guevara en el clásico escrito “El Socialismo y el hombre en Cuba” de 1965:

Los dirigentes de la Revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos, no aprenden a nombrar al padre; mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar la Revolución a su destino; el marco de los amigos responde estrictamente al marco de los compañeros de Revolución. No hay vida fuera de ella (Guevara Cit. en Fernández 1999: 127).

Sin embargo, la articulación entre el mundo de la afectividad y el mundo de la política sí estuvo cruzada por tensiones y conflictos que llevaban la marca del género. El proceso de transformación en un “Hombre Nuevo”, no era, como es evidente, igual para mujeres y hombres. La militancia en organizaciones político-militares les permitió actuar en el espacio público, asumir diversos liderazgos y participar en la construcción del proyecto revolucionario. Paradójicamente, al mismo tiempo que se constituyó en un espacio de desarrollo personal y político (Vidaurrázaga 2006), ese espacio no cuestionó la condición de desigualdad de las mujeres ni otorgó valor a las cuestiones vinculadas con la vida privada.

En un escenario mundial marcado por la subversión de las pautas sociales en el plano moral, sexual y familiar, la experiencia militante estuvo atravesada por la coexistencia -no pocas veces conflictiva- entre prácticas contestatarias y una moral más rígida y conservadora. La mayoría de los entrevistados recuerda que las relaciones personales se desarrollaban con bastante libertad y, de hecho, el MIR no formuló un código de conducta que regulara las relaciones entre sus miembros. No obstante, en algunas ocasiones hubo una suerte de control “entre pares”, es decir, de militantes que cuestionaron las conductas de otros militantes, por no ajustarse a los códigos de la conducta revolucionaria. Como recuerda Gastón Muñoz, ex militante de esta organización:

Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes, miembro del consejo superior de la Universidad de Concepción por el MIR, entonces una vez fui cuestionado por un compañero peruano porque eh… yo tenía una compañera y en una fiesta yo había tenido un encuentro casual, digamos. Entonces fui cuestionado porque esas cosas no podían ser en un dirigente, digamos, en un revolucionario, porque en la vida de la unidad no sólo se abordaba el tema político general, sino que la cosa de los valores [es] muy importante. Entonces, se hace esta discusión sobre cuál es el comportamiento del revolucionario, cómo hacerlo, etc. Era una cuestión súper importante en la vida militante, te fijas. La cosa valórica era en nosotros una cuestión, súper pero súper importante.

De este modo, el MIR era el espacio de la revolución pero también el de los afectos, la amistad, el amor y las pasiones. La cantidad de tiempo que los miristas dedicaban a las actividades partidarias hacía prácticamente imposible construir relaciones de amistad o de pareja con personas ajenas a ese mundo. Por lo mismo, las rupturas, los reencuentros y la formación de nuevos vínculos ocurrían, en la mayoría de los casos, al interior de la organización. Esto fortalecía las fronteras que existían entre el mundo partidario y el mundo exterior, mientras que los contactos con el afuera eran cada vez más esporádicos y débiles. De acuerdo a la ex militante Lucrecia Brito, la formación de parejas entre compañeros era frecuente, mientras que las posibilidades de establecer relaciones afectivas con militantes de otras organizaciones enfrentaban algunos obstáculos:

bueno, a los comunistas le prohibían a sus militantes pololear con gente del MIR, y en el MIR no habían ese tipo de prohibiciones, nadie se metía en tu vida privada, aunque claro, no debe haber faltado el desviado que haya querido meterse con alguien de afuera, pero no era la conducta general.

En relación con este punto, si bien no existía ninguna orden partidaria que prohibiera o sancionara la formación de parejas con personas ajenas a la organización, esa posibilidad no sólo era improbable sino que constituía una situación “anómala y desviada”, es decir, poco ajustada a lo considerado normal y correcto. Esta realidad, asumida y naturalizada por gran parte de la militancia aún sin existir una orden de por medio, no impidió que algunos militantes se vincularan afectivamente con personas que pertenecían al mundo del afuera. En estos casos, la articulación entre el compromiso de pareja y el compromiso partidario no estaba libre de tensiones y se organizaba de acuerdo a las prioridades del militante. Así lo recuerda el ex militante Enérico García:

Yo tenía una polola que no era mirista, ella estaba sub-dedicada a mí, a mis tareas. O sea, yo no le iba a dedicar más tiempo a ella que a mi militancia. Ningún compromiso que yo tuviera con ella iba a ser más importante que el que yo tuviera con la organización. Yo me casé en el año 71 con ella, pero si ella no entendía, se acababa la relación, eso… si no entendía mi relación con la política, con esa forma de hacer política.

La masculinidad revolucionaria se expresaba y construía performáticamente (Butler 2002) en la escenificación cotidiana de la valentía, el arrojo y la audacia. El modelo se acerca al arquetipo del guerrero (siempre heterosexual) que seducía con su temeridad y capacidad de sacrificio a las mujeres, incluso a aquellas que eran ajenas al mundo de la militancia y que aceptaban y se adaptaban a sus exigencias y prioridades.

Es así como los rasgos asociados al modelo del “Hombre Nuevo” guevarista fortalecía la masculinidad de los militantes varones y los volvía más atractivos, incluso a aquellos débiles o disminuidos físicamente, ensanchando sus posibilidades de seducción. Para las mujeres, en cambio, el estilo de vida que exigía la construcción del socialismo y el cumplimiento de las exigencias que imponía el proyecto revolucionario las volvía menos femeninas en términos tradicionales, y las transformaba -en los hechos y sin, necesariamente, habérselo propuesto- en transgresoras del sistema sexo-género. Respecto a este punto, Lautaro Videla señala:

los hombres éramos suficientemente atractivos como para ser capaces de engrupir a una mina [sic] que nos veía de vez en cuando y a la que no podíamos ofrecer compromiso certero, pero éramos atractivos, del punto de vista no te digo a lo mejor físico, sino de lo que éramos, de lo que valíamos, de lo que pesábamos, de la huevá [sic] que estábamos. Es muy común que muchos miristas tuvieron de pareja a mujeres que eran más pasivas y que se adaptaron a nuestra condición errática, sin horario. En el caso de las mujeres, que eran menos, normalmente encontraban a su pareja entre los miristas y si no la encontraban lo pasaban mal, porque normalmente nadie se las calaba [sic] porque tenían que estar ahí en el ritmo que teníamos y que ningún hombre normal se las iba a calar [sic]. Pensaban que les estaban poniendo el gorro [sic].

Esa transgresión, muchas veces no buscada, tenía como consecuencia costos y tensiones específicas que imprimían a la militancia femenina un tono diferente a la masculina (Vidaurrázaga 2006). De hecho, la asociación entre la actividad política intensa y una sexualidad activa y poco ajustada a la moral conservadora es inmediata: “pensaban que les estaban poniendo el gorro”. Como señala el testimoniante, pocos hombres estaban dispuestos a aceptar eso, salvo quienes pertenecían a la misma organización.

Hay que precisar que estos deslizamientos y fisuras dejaron intacta la centralidad del imperativo heterosexual, de modo que las organizaciones revolucionarias -al igual que los partidos tradicionales de izquierda, centro y derecha- reprodujeron en su interior las concepciones heterosexistas y homofóbicas de la sociedad que esperaban destruir. Un caso dramático es el de Mario Melo, militante que fue miembro de las FFAA y que durante el periodo de Frei Montalva fue expulsado del ejército por sus vínculos con el MIR. Una vez ocurrido el triunfo de Allende, se incorporó al GAP (guardia personal del presidente), y luego fue parte del aparato militar de la organización. Como tal, fue enviado a Cuba a formar cuadros en esa materia. Estando en la isla, circuló la información de que Melo era homosexual. Max Marambio, ex miembro del GAP, señala en una declaración judicial del año 200313:

[pensamos que] podía reportar un peligro para la organización del MIR teniendo en cuenta que él manejaba información sobre materias sensibles, como casa de seguridad y armamento. Ante eso el MIR optó por congelar la militancia de Melo y ordenarle que se quedara un año en Cuba (…). En todo caso, Mario Melo fue expulsado del MIR y obligado a permanecer en Cuba en tratamiento sicológico para superar su inclinación sexual. El día 11 de septiembre de 1973, Mario Melo encontrándose ya expulsado del MIR, se presentó en La Moneda subiéndose al techo del edificio y desde ahí disparó a los aviones que sobrevolaban el techo presidencial. El hecho de que Mario hubiese ido a la Moneda no teniendo ninguna obligación de hacerlo refleja su lealtad.

La comprensión de la homosexualidad como desviación peligrosa fue parte de un ideario en el que los valores revolucionarios (fuerza, audacia, coraje, decisión) eran, al mismo tiempo, los ideales masculinos tradicionales. De acuerdo a este universo de representaciones, ser un buen revolucionario era lo mismo que ser un buen hombre. Asimismo, la debilidad, la flaqueza, el temor y la cobardía eran asociadas a la “falta de huevos” y a conductas pequeño burguesas (o abiertamente contrarrevolucionarias) que era preciso erradicar. De esta forma, la hombría y la revolución estaban entrelazadas simbólicamente, y se definían por oposición a lo femenino (y homosexual).

En su análisis sobre la masculinidad revolucionaria cubana, Silje Lundgren (2010) señala que en el escenario post-revolucionario se implementaron políticas basadas en la noción estalinista sobre la homosexualidad. Comprendida como expresión de la decadencia burguesa y como vicio capitalista, se resolvió poner en marcha campos de trabajo (Unidades Militares de Ayuda a la Producción) destinados a reeducar y a curar a individuos cuyas conductas se distanciaban del modelo de “Hombre Nuevo” que la sociedad cubana esperaba construir. De este modo, homosexuales, religiosos, contrarrevolucionarios, y otros individuos con conductas contrarias a la ética y moral revolucionaria, debían rehabilitarse a través del trabajo físico14.

En cuanto al tema de los hijos e hijas, en el período comprendido por este trabajo, el MIR no definió una política específica para sus militantes, y de acuerdo a los testimonios analizados, es posible apreciar que muchas mujeres decidieron postergar la maternidad para que su trabajo partidario no se viese afectado. Ahora bien, esto no significa que los militantes miristas no tuvieran hijos; de hecho, un número importante de ellos sí fueron padres y madres, como sucedió con la mayoría de sus dirigentes. En esos casos, o las mujeres abandonaban total o parcialmente la militancia, o dejaban a sus hijos al cuidado de sus abuelos para poder mantener el mismo nivel de compromiso militante (Vidaurrázaga 2006).

Es interesante constatar que la familia de origen -desplazada o abandonada por la nueva familia mirista- fue la que asumió las responsabilidades que los militantes desatendieron o postergaron al estar absorbidos por las urgencias de la revolución. De esta manera, el cuidado y la crianza de los(as) niños(as), e incluso la mantención material de los propios miristas, fue asumida por padres y madres que no necesariamente compartían los ideales políticos de sus hijos e hijas militantes. Luis Ulloa, ex militante del MIR, lo recuerda así:

Y bueno los hijos quedaron… había muchas mamás cuidando los hijos, porque tú tenías un hijo y si andabai [sic] prófugo tu mamá terminaba criando ese hijo, hay muchas mamás de militantes del MIR que terminaron criando a sus hijos, a mí me pasó, a mi hijo mayor lo terminaron criando mis padres, ellos se hacían cargo de ese costo, yo ahora valoro esas cosas, antes consideraba que era casi su obligación.

Independiente de la forma en que el tema de la paternidad y la maternidad se enfrentara, lo cierto es que el asunto pareció ser una preocupación que afectaba únicamente a las mujeres, a las que en no pocas ocasiones se les exigió que eligieran entre una y otra función. En este sentido, la promesa emancipadora de la revolución socialista era vivida y sentida deun modo diferenciado por hombres y mujeres, y ofrecía a estas últimas tensiones y obstáculos que debieron enfrentar solas. Tal como señala la ex dirigente y periodista Gladys Díaz:

Yo tuve un hijo cuando muy pocos miristas tenían hijos, entonces era re poco entendido el tema de la maternidad. Yo recuerdo una vez haber sido sancionada porque no fui a una reunión porque tenía a mi hijo con neumonía, porque no entendían, no entendían (…). Yo recuerdo que un dirigente de la Comisión Política me dijo que tenía que elegir entre ser miembro del Comité Central o madre porque no podía ser las dos cosas, y yo le dije: “y ¿por qué tú sí?” Y la respuesta fue: “Ah porque yo tengo una mujer que se preocupa de mis hijos”. Y yo, como yo no tenía un hombre que se preocupara de mi hijo… Al final, tú siempre cargaste la militancia con una culpa respecto de tu maternidad.

5. A modo de conclusión

Siguiendo los planteos de Raymond Williams (2009), la idea de revolución fue vivida y sentida de un modo particular por los militantes del MIR. En este marco, la obediencia de los militantes y su acatamiento a las órdenes superiores no se explican únicamente por la dimensión punitiva de la experiencia política. Hubo también otros elementos que explican por qué las personas decidieron cumplir los mandatos de sus dirigentes, aún en escenarios en que la derrota se hacía evidente. En el escenario posterior al Golpe de Estado, el temor a ser sancionado fue un elemento más entre varios otros, y es probable que ni siquiera haya sido el más decisivo a la hora de explicar las razones que llevaron a muchos militantes a mantenerse dentro de sus organizaciones disciplinadamente, aun cuando podían percibir que la realidad desmentía los análisis que los dirigentes elaboraban, y que las políticas implementadas estaban condenadas al fracaso.

Muchos militantes se refieren a la sensación de que todos los errores y deficiencias estaban justificados, ya que el fin último del proyecto era justo. No importaban las imperfecciones que se cometieran en el camino, pues la meta final sería beneficiosa para toda la humanidad. Probablemente, en especial después del golpe de septiembre de 1973, ya no se confiaba ciegamente en la inmediatez del triunfo, pero se asumía que serían otros los que podrían beneficiarse del sacrificio personal y colectivo de los militantes.

Otra razón para continuar militando sin cuestionar mayormente las órdenes de la Dirección, era la sensación de deuda con los amigos y los compañeros fallecidos y/o desaparecidos. Esas muertes operaban como un mandato de continuidad, y la posibilidad de renunciar era percibida como una suerte de traición a esas vidas sacrificadas. Si los otros habían dejado la vida en la lucha, no había derecho a no hacer lo mismo. Abandonar la militancia era abandonarlos a ellos, traicionado su memoria.

Asimismo, estaba presente la idea de haber emprendido un camino sin retorno, un camino en el que, como había afirmado Ernesto Guevara, se triunfaba o se moría, si es que era verdadero. La proximidad de la muerte propia del escenario represivo posterior al golpe cívico-militar, no hacía sino confirmar que las decisiones tomadas eran definitivas, y que la opción por la revolución no admitía dudas ni temores. La lucha era real y era preciso llegar hasta las últimas consecuencias.

Del mismo modo, y como ya ha sido señalado, el MIR se transformó en un espacio afectivo vital y primario para sus miembros. El mundo y la vida ocurrían al interior de esa comunidad, y la política y los afectos eran parte de un todo indisoluble. Por lo tanto, ser expulsados de la organización era una especie de destierro político, social y emocional que había que evitar a toda costa. Al mismo tiempo, ser parte de la organización era sinónimo de ser parte de la historia, era la posibilidad de ser protagonistas del mayor y más noble de los proyectos históricos (Bastías 1995).

Este aspecto explica, al menos en parte, la existencia de una cultura mirista (Goicovic 2012), de un ethos militante que ha persistido en el tiempo más allá de la existencia orgánica y formal de la organización, cuestión que debería ser abordada por futuras investigaciones. Por último, la intensidad de la vida partidaria se nutría tanto de la vida como de la muerte, pues -desde la perspectiva militante- al mismo tiempo que se creaba una realidad nueva y se era protagonista del más hermoso proyecto histórico posible -la revolución-, esa misma plenitud de vida ponía a los militantes al borde del abismo y los dejaba expuestos a la tortura y la muerte. La pasión revolucionaria fue vivida en los dos sentidos del término: como fervor, exaltación e ímpetu, y también como padecimiento, tormento y muerte.

Notas

1 El presente trabajo es parte un trabajo de investigación más amplio que se realiza en el marco del Proyecto FONDECYT Postdoctoral N° 3150169 titulado “Traicionar la revolución. La traición política en el PRT-ERP y Montoneros de la Argentina, el MIR de Chile y el MLN-T de Uruguay”.

2 En 1975, y producto de la represión dictatorial, el MIR quedó prácticamente destruido en términos orgánicos. En 1976, Andrés Pascal retomó la conducción del Partido en el exterior, mientras que en Chile, Hernán Aguiló asumió como secretario interior de una organización que sólo contaba con cerca de 100 militantes. Al respecto, ver: Torres, O. 2010. La izquierda revolucionaria latinoamericana: Derrotas y readecuaciones. Los casos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, MLN-T, de Uruguay y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Tesis para obtener el Grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos. Santiago: Universidad de Chile.

3 Las fuentes primarias se desglosan a continuación:
– Archivos documentales: Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME-Chile), Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA).
– Prensa: El Mostrador, 5 de octubre de 2009.

4 Un entrevistado solicitó ser citado con su nombre político, con el objeto de no exponer ni poner en riesgo su actividad profesional actual. Las entrevistas se desglosan como sigue:
– Brito, Lucrecia. Santiago, agosto de 2010.
– Camilo (nombre político). Santiago, marzo de 2010.
– Díaz, Gladys. Santiago, septiembre de 2012.
– García, Enérico. Santiago, octubre de 2012.
– Muñoz, Gastón. Santiago, marzo de 2012.
– Ulloa, Luis. Santiago, diciembre de 2010.
– Videla, Lautaro. Santiago, noviembre de 2011.

5 Una de las definiciones más aceptadas de esta noción es la propuesta por los trabajos de Almond y Powell, quienes la entienden como: “cultura cívica, la que considera las actitudes individuales respecto a la política, incluyendo las orientaciones cognitivas, las creencias, orientaciones afectivas, sentimientos de apego, compromisos y rechazos respecto de los objetos políticos, entre otros elementos” (1966: 48).

6 El filósofo francés Georges Sorel es reconocido como teórico del sindicalismo revolucionario, y como autor de Reflexiones sobre la violencia, texto en el que aborda el potencial revolucionario del mito y defiende el uso de la violencia como forma de enfrentar y derrotar la fuerza del estado burgués.

7 Entiendo la vida cotidiana en los términos en que la define Norbert Lechner: “En lugar de reducir los procesos microsociales al plano del individuo (en contraposición a la sociedad) habría que visualizar la vida cotidiana como una cristalización de las contradicciones sociales que nos permiten explorar la textura celular de la sociedad de algunos elementos constitutivos de los procesos macrosociales y desde allí cuestionar, problematizar y reconfigurar el análisis de lo social desde este campo de análisis de los contextos en los cuales diferentes experiencias particulares llegan a reconocerse en identidades colectivas (…). Vista así, la vida cotidiana se ofrece como un lugar privilegiado para estudiar, según una feliz expresión de Sartre, lo que el hombre hace con lo que han hecho de él” (1987: 65-66).

8 La cursiva es mía.

9 Estos mecanismos no son, por cierto, exclusivos de la izquierda revolucionaria, sino que una práctica extendida en las organizaciones políticas de izquierda en general.

10 La cursiva es mía.

11 La cursiva es mía.

12 Como Partido de cuadros, el MIR requería militantes de tiempo completo, sin embargo, la formación de los Frentes Intermedios hizo posible que muchos jóvenes se incorporaran a la organización sin necesidad de abandonar sus estudios o trabajos. Estos frentes, cuyo objetivo era desarrollar un trabajo político con los sectores estudiantil, obrero y campesino, sirvieron de cantera para captar a nuevos cuadros.

13 La declaración de Max Marambio fue publicada en la prensa en octubre del año 2009. De acuerdo al reportaje (“Max Marambio revela el secreto mejor guardado del MIR”, de Jorge Molina Sanhueza): “[estando] en Cuba, Melo fue expulsado del MIR y se le sometió a un tratamiento siquiátrico para cambiar su inclinación sexual, donde los médicos concluyeron que, sencillamente, era así y que nada lo iba a cambiar. Mario les contó a los médicos historias terribles, como que por años se había tratado en Chile para evitar ser así” (…). “Sin embargo, el hecho no cayó nada bien en un sector del MIR. Algunos miembros que estaban en Cuba se reunieron con Marambio sugiriéndole que Melo debía ser eliminado. [Marambio] evitó que ello sucediera, no sin un fuerte altercado de por medio”. El Mostrador. Santiago, 5 de Octubre de 2009.

14 De acuerdo a Lundgren (2010), estos sitios funcionaron sólo entre 1965 y 1967. Pese a su breve historia, se transformaron en el símbolo de la homofobia revolucionaria.

 

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Williams, R. 2009. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Editorial Las Cuarenta.

 


Fecha de recepción: 05/06/14
Fecha de aceptación: 01/02/15

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Las tramas de la memoria

Teresa Basile y Abril Trigo (eds.). Alter/nativas. Revista de estudios culturales latinoamericanos. Otoño 5, 2015.

Si algo hemos aprendido acerca de la memoria en las últimas décadas del pasado milenio ha sido a sospechar profundamente de ella. No tanto por su falibilidad como por su maleabilidad. Y no se trata, por supuesto, de nada nuevo, pues ya Platón debatió en diversos escritos —particularmente en Fedro— sobre ambos problemas, aunque es sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando estos pasan a convertirse en obsesión. Sobre todo el segundo, pues si el carácter falible de la memoria es una preocupación constante en la historia occidental desde la antigüedad clásica, su maleabilidad —es decir, ese carácter plástico y flexible que la hace susceptible a construcciones, destrucciones, prescripciones y proscripciones constantes— es un hallazgo —y antes un ejercicio— de la modernidad. No es casual que la memoria sea un referente explícito o implícito permanente tanto en la reflexión de Marx, como de Nietszche, como de Freud, acertadamente definidos por Ricoeur como “filósofos de la sospecha”. Al fin de cuentas, la memoria es maleable porque falible y falible porque maleable.

El dossier propone una reflexión colectiva sobre las luchas por la memoria en América Latina. ¿Cuáles son, entonces, los regímenes de la memoria en América Latina? ¿Qué experiencias traumáticas convocan los saberes de la memoria? ¿Cuáles son, en definitiva, los presentes giros de la memoria?

Ver Dossier en la web

Introducción

Las tramas de la memoria

Teresa Basile y Abril Trigo

Reflexiones teóricas

“El pasado que ha sido, sigue siendo”. Estrategias de la memoria y el olvido

Fernando Aínsa

Memorias digitales (o la digitalización de la memoria)

Abril Trigo

Arte, cine y literatura

Irony, Humour and Cynicism in Relation to Memory: a Contrastive Analysis between the Argentinian and the Mexican Literary Field

Brigitte Adriaensen

Comunidades imaginadas imposibles: derechos humanos y neoliberalismo en el cine y la literatura latinoamericana

Edward Chauca

El arte de la reversibilidad en cuatro relatos de familiares de desaparecidos

Anna Forné

Memorias perturbadoras/memorias autocríticas: revisión de la izquierda revolucionaria en la narrativa de Horacio Castellanos Moya

Teresa Basile

Memoriales

Off the Map: Memorializing Trauma in 21st Century Dominican Identity

Shelly Jarrett Bromberg

Un memorial sin memoria: exclusión y autoritarismo en el México actual

Carolina Robledo Silvestre

Derechos humanos

La sociedad civil y el resurgir de la lucha contra la impunidad en Uruguay (1986-2012)

Jo-Marie Burt, Gabriela Fried Amilivia y Francesca Lessa

El juicio por genocidio en contra del General Efraín Ríos Montt: una ocasión perdida para negociar la memoria histórica durante la etapa del conflicto armado en Guatemala. (1979-2013)

Marta Elena Casáus Arzú

Historia y memoria

Colonial and Renaissance Hybrid Strategies. Performativity, staging, orality, discursivity and historiographical Representation by the Inca Garcilaso de la Vega: the Hayden White of the 17th Century

Alfonso De Toro

La fiesta de Guadalupe, la Virgen y los “guerreros de Belgrano”

Vincent Nicolas

Memoria e imaginación histórica: usos de la figura del genocidio

Hugo Vezzetti

La información y la memoria como armas. La Agencia de Noticias Clandestinas durante la última dictadura militar en la Argentina

Emilio Crenzel

Políticas de la memoria

Genealogía y ética de la memoria: Chile al conmemorar 40 años desde el Golpe

Walescka Pino-Ojeda

Las réplicas del “NO” a cuarenta años del golpe militar y a veinticinco años del SI y del NO

Nelly Richard

Apelar a la memoria del terrorismo de Estado y el Holocausto como forma de argentinizar la propia experiencia: los usos del pasado en los casos de organizaciones judías y palestinas en Argentina

Emmanuel Nicolás Kahan

Memorias de dolor, guerra y desplazamiento en Colombia

Constanza López

Posmemoria

Narrativas de la postmemoria en Argentina y Chile: la casa revisitada

Ilse Logie y Bieke Willem

Entre el amor y el reclamo: la literatura de los hijos de militantes en la posdictadura argentina

Fernando Oscar Reati

Espacios de rememoración transgeneracionales y transnacionales: los hijos de detenidos-desaparecidos en el cine documental mexicano y argentino

Ute Seydel

Apuntes sobre las relaciones entre el MIR Chile y el Partido Comunista.

 

 

 

 

Apuntes sobre las relaciones entre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de Chile.

 

 

Caridad Massón Sena*

 

 

 

El  Partido  Obrero  Socialista  de Chile     fundado     por     Luis     Emilio Recabarren se adhirió a la Internacional Comunista   (IC)   en   1921   y,   al   año siguiente    se    convirtió    en    Partido Comunista. Según un informe de M. A. Komin, representante de la Comintern en América       del       Sur,       el movimiento  obrero  en  Chile era muy unido, tenía un carácter más proletario que en otros países de la región y, al mismo tiempo, varios representantes en  el Parlamento.1  Su línea política se basó en la conquista del poder no por medios insurrecciónales, sino a través de las instituciones democráticas burguesas fundamentalmente.  Es  por  ello  que  en 1924,   se   involucró   seriamente   en   la campaña electoral.2

Durante los años de la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931), el Partido vivió un período de gran represión, sin embargo se convirtió en un actor político con gran arraigo entre los mineros y otros sectores proletarios. Esta es la etapa en que comienza una  relación más directa con   la   IC.       En   ese   contexto   de clandestinidad,  el  Comité  Central  del PCCh se dividió ante la ambigüedad de aquel  gobierno  que  se  movía  entre  las posiciones      anticomunistas      y      los propósitos de modernización económica, desarrollo nacional y medidas a favor de las  capas  más  pobres.  Algunos  de  sus miembros pensaban que el gobierno tenía un carácter   fascista y había que luchar contra  él,  mientras  que  otros  querían apoyar   el   proyecto   corporativista   del presidente. Por su parte, el Secretariado Sudamericano (SSA) de la IC, en un lenguaje que pretendía impedir  la  división,  orientó que  debían  ser  muy cuidadosos con las vacilaciones  y los  elementos dudosos. El secretario del PC Rufino Rosas viajó a Moscú en   busca   de   orientaciones.

¿Debían  pactar  con  la pequeña burguesía para derribar al     gobierno  o combatir solos contra él? Rosas creía imposible que, en esos momentos, se pudiera establecer un gobierno obrero y campesino, por eso sugirió apoyar a la burguesía y enarbolar un plan de demandas  populares  inmediatas.  La  IC no  dio  mucha  importancia  a  lo  que

 

2   Eugenia Palieraki, ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años 1960, Santiago, LOM Ediciones, 2014, p.12.

pasaba en Chile entonces.

 

 

 

 

3 Olga Ulianova, «El PC Chileno durante la dictadura de Ibañez (1927-1931): primera clandestinidad y”bolchevización” estaliniana», en Olga  Ulianova  y  Alfredo  Riquelme  Segovia (eds.),  Chile  en  los  archivos  soviéticos  1922-

1991, t. 1, Santiago de Chile, LOM Ediciones,

2005, pp. 215-232.

 

 

 

 

 

Entre 1928 y 1929, la mayoría de la dirección del Partido estaba en prisión, sus filas desmembradas y con múltiples contradicciones internas. Sin embargo, en

1929 empezó a implementarse la “bolchevización”4   encauzada directamente desde el SSA por el comunista italo-argentino Vittorio Codovilla,   quien   pretendió   llevar   la

dirección del Partido hacia Valparaíso, donde  se  encontraba  el  grupo  liderado por  Galo  González.  En  esa  etapa,  se daban fuertes contradicciones entre Codovilla, representante además de la táctica “clase contra clase”5, y el grupo residente   en   Santiago,   dirigido   por Manuel Hidalgo, el cual era favorable a realizar  asociaciones  con otros  sectores políticos.  Esta  situación  fue  muy discutida  y  Codovilla  desautorizó  las

intenciones de crear un partido legal y a las posiciones hidalguistas, asunto que terminó  con  la intervención  directa  del SSA y las expulsiones de militantes y dirigentes.6

Durante el período que va de la caída de Ibáñez a la formación del Frente

 

 

4  La bolchevización fue una directiva de la IC que en término generales, indicaba a los PPCC que debían adquirir un carácter de masas a través de su reestructuración por medio de células dentro de las empresas, del impulso a la labor en los sindicatos obreros y entre el  campesinado. En cuanto a  la organización  interna,  esta  debía  basarse  en  un fuerte centralismo y una severa disciplina.

5  La política de “clase contra clase” prohibía alianzas con grupos de otras tendencias ideológicas y el trabajo dentro de los sindicatos reformistas y

en los parlamentos burgueses. El frente único solo

se podría concertar con elementos de la base de las organizaciones sindicales y partidistas.

6  Olga Ulianova, «El PC Chileno durante la dictadura    de     Ibáñez    (1927-1931):    primera

clandestinidad y ”bolchevización” estaliniana», en

Olga Ulianova y Alfredo Riquelme Segovia (eds.), Chile en los archivos soviéticos 1922-1991, t. 1, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2005, pp. 233-

258.

Popular en 1936, el Partido osciló entre las actitudes muy radicales y la política de colaboración de clases, a la par que sufrió una grave crisis interna con la escisión de un sector afín al trotskismo.

Al gestarse el golpe de Estado de

1932 y la proclamación de una República Socialista, la dirigencia comunista trató de  instaurar  una  dictadura  del proletariado basada en los soviets. Ello sembró  mucha  confusión  en  su militancia.  Posteriormente  en  julio  de

1933 dio un giro importante al pasar a otra estrategia basada en la revolución democrática burguesa, agraria y anti- imperialista,  que  facilitaba  alianzas  de con otras clases y frentes amplios. Pasó a considerar a la burguesía nacional como el principal aliado del proletariado, cuya tarea   iba   a   ser    el    desarrollo    del

capitalismo. Lucharían juntos contra tres enemigos esenciales: el imperialismo estadounidense, el latifundio y la oligarquía nacional. Se adoptaba así una línea más moderada, alejándose del izquierdismo y el sectarismo.

La   política   de   Frente   Popular, adoptada por el VII Congreso de la IC en

1935, ya era conocida en Chile y su aplicación tenía por objetivo impedir el desarrollo del fascismo; frenar la fuerza

de la derecha; unir a la clase obrera con las clases medias; impulsar la liberación nacional, la industrialización y la modernización del país. Ella permitió crear una coalición que eligió como presidente al político del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, en 1938, quien organizó su gabinete acompañado de socialistas y democráticos, pero exceptuando a los comunistas.

Aquella táctica   frentepopulista resultó positiva en lo inmediato. El PC logró aumentar sus votos parlamentarios y hasta el nombramiento de tres ministros más adelante. A largo plazo quedaron beneficios en los sectores de educación y salud y la experiencia de aquel esfuerzo democrático. Sin embargo, la guerra fría impuso un realineamiento gubernamental contra los comunistas. Estos fueron desalojados del gobierno y su organización declarada ilegal por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en septiembre de 1948.

En las circunstancias descritas se produjo un repliegue combativo y se formaron dos tendencias en el seno partidista: una minoritaria sostenida por Luis   Reinoso   orientada   a   la   lucha armada,  cuyo  el  objetivo  era  implantar una democracia popular; y otra mayoritaria sostenida por el Secretario General, Galo González, que impulsaba un Programa de Emergencia para poder unificar   las   fuerzas   de   oposición   y realizar la revolución democrática- burguesa. Las desavenencias entre González y Reinoso acabaron resolviéndose  con  la  expulsión  de  este

último.7

Ante la proximidad las elecciones presidenciales de 1952, muchas organizaciones y dirigentes políticos trataron de buscar apoyo del PC para los comicios. En su novena Conferencia, este adoptó la línea de Frente de Liberación Nacional, la tesis de un gobierno de coalición amplia, capaz de llevar adelante la revolución democrático-burguesa. La misma  tenía  similitudes  con  las anteriores, pero entre sus especificidades estaba  la  pretensión   de   alianzas   con

 

 

7  Manuel Loyola T., «“Los destructores del Partido”: notas sobre el reinosismo en el Partido Comunista de Chile», Revista Izquierdas, a. 1, n.2, en

 

http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2011/07/Rei nosismo.pdf, consultado diciembre de 2014.

algunos  sectores  de  la  burguesía,  pero con hegemonía obrera y la adopción de la vía pacífica como medio para hacer las transformaciones. El XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobó  a  nivel  internacional  dicha política.

Según Luis Corvalán, secretario general del Partido, la vía pacífica no estaba necesariamente vinculada a las elecciones, era una lucha de masas para acceder pacíficamente al poder de distintas maneras. Una de ellas podría ser la  elección  del  Presidente  de  la República. Además la misma no excluía

totalmente las acciones violentas.8 Los comunistas consideraban que la contradicción principal en la sociedad chilena se reflejaba en dos bloques: el pueblo que incluía prácticamente a toda

la  sociedad  y  el  poder  económico  y estatal, o sea, los latifundistas y la burguesía monopólica. Consideraban ineludibles la modernización y democratización para llegar al socialismo a través de la democracia. Esa política fue revalidada en 1962 y, a la derrota del socialista Salvador Allende en las elecciones de 1964, el PC de Chile inició la ampliación de sus coaliciones para los próximos sufragios.

El tema de la vía pacífica se situó en el centro de la polémica en los años

  1. En América Latina tuvo además sus peculiaridades por las influencias de la Revolución Cubana, la teoría del foco guerrillero defendida por Ernesto Che Guevara y las ideas Mao Tse-Tung. El triunfo en Cuba impulsó a que desde la URSS se  elaboraran nuevos conceptos

 

 

8 Luis Corvalán, Los comunistas y el MIR, 15-12-

1970,                   en         http://www.socialismo- chileno.org/apsjb/1970/Corvalan%20los%20com unistas%20y%20el%20Mirdic70.pdf,  consultado en diciembre de 2014.

 

 

 

 

 

como  el  de  Estado  Nacional Democrático, en el cual el liderazgo no debía corresponder al PC en particular, sino a las fuerzas progresistas de cada nación.   Precisamente en esa etapa se fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el 15 de agosto de

  1. Sus miembros salieron  de varios grupos  de  izquierda:  trotskistas, disidentes  socialistas,  maoístas, militantes expulsados del PC, anarco- sindicalistas y cristianos de izquierda. El trostkista     Enrique  Sepúlveda  fue  su

primer secretario general.9

Para  la  investigadora  griega Eugenia Palieraki, los orígenes del MIR hay que buscarlos en el contexto de la historia de la izquierda chilena durante las décadas del veinte y del treinta del siglo pasado. Los políticos, dirigentes de izquierda y sindicalistas que se reunieron para formarlo servirían de puente entre aquella y la joven generación de los sesenta, núcleo que asumiría la dirección del movimiento.

 

[…] Sólo las trayectorias militantes y las motivaciones políticas de los fundadores del MIR pueden aportar respuestas, ya que –salvo algunas excepciones– habían sido militantes sindicalistas o de izquierda mucho tiempo antes de crear el movimiento. Por lo tanto, su acción política no dependió tanto de unas determinadas condiciones económicas y sociales como  de  un  compromiso  militante

 

 

 

 

 

 

9E u g e n i a P a l i e r a k i ,   “ L a   o p c i ó n   p o r   l a s a r m a s .  N u e v a  i z q u i e r d a  r e v o l u c i o n a r i a  y v i o l e n c i a     p o l í t i c a     e n     C h i l e     ( 1 9 6 5 –

1 9 7 0 ) ” , P o l i s ,  19, 2 0 0 8 ,  P u b l i c a d o  e l  2 3 j u l i o  2 0 0 8 ,     h t t p : / / p o l i s . r e v u e s . o r g / 3 8 8 2 , c o n s u l t a d o d i c i e m b r e d e 2 0 1 4 .

personal o generacional de larga data

[…]10

 

Como hemos analizado Luis Reinoso, expulsado del PC por promover la lucha armada,  había desarrollado una visión  crítica  con  respecto  a  las relaciones entre ese Partido y la URSS, al tiempo  que  simpatizaba  con  los principios de la Revolución China y la teoría maoísta de las “dos piernas”, que le otorgaba un rol esencial a los campesinos como fuerza revolucionaria. Algunos de sus seguidores contribuyeron a la formación de un pequeño aparato militar y fomentaron sus ideas dentro del MIR.

También Clotario Blest, el experimentado líder sindicalista, se unió al MIR y tras una visita a Cuba, invitado por  el  Comandante  Guevara,  radicalizó su posición. Él provenía de la corriente del cristianismo social. Pensaba que la moral constituía un elemento central de la identidad de la izquierda, tenía desconfianza en los partidos y era partidario de la unidad de todos los revolucionarios, la acción directa y la insurrección  de  los  trabajadores  de  las

ciudades.11

Un grupo de jóvenes hizo suyas aquellas ideas. Dentro de ellos Miguel Enríquez  y  sus  partidarios,  a  quienes había impactado mucho la experiencia cubana. Antes habían pertenecido al Partido Socialista y a Vanguardia Revolucionaria Marxista. Después del Segundo Congreso del MIR realizado en

1967,   los   trotskistas   abandonaron   o fueron expulsados de la organización. Entonces    estos    muchachos    ganaron

 

 

10  Eugenia Palieraki, ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años 1960, Santiago, LOM Ediciones, 2014, p.11.

11 Ibídem.

 

 

 

 

 

posiciones    y    Enríquez    asumió    su secretaría general.

Paralelamente, la falta de apoyo del Partido  Comunista  Boliviano  a  la guerrilla del Che y el respaldo del PCCH

generaciones de militantes del PC. Por tanto, el peso de la tradición familiar es un factor a tener en cuenta para explicar por qué apenas hubo jóvenes militantes del PC que

12

 

a la invasión soviética a Checoslovaquia provocó  un  gran  desencanto  entre muchos jóvenes militantes chilenos y un parte de ellos se unió al Movimiento.

En  definitiva,  desde su  fundación las relaciones entre el MIR y el PCCH fueron muy conflictivas.  El  MIR  había intentado, en un primer momento, acercarse al Partido, pero ante su desconfianza hacia los miristas, cambió de posición,  y comenzó  un  proceso  de críticas recíprocas. En criterios de Palieraki:

eligieran al MIR como opción.

 

Ambas organizaciones compitieron en la búsqueda de nuevas afiliaciones entre la juventud Sus programas se excluían mutuamente, por lo que si un militante se decidía por el PC o por el MIR, ello implicaba rechazar al otro. Con la entrada de nuevos militantes, la dirección pasó a manos de Miguel Enríquez. Y es importante destacar como la influencia de los cristianos se fue haciendo mayor, cuando un grupo de jóvenes   de   la   DC   se   incorporó   al

13

 

 

[…] la transición de un comunista al MIR podía ser interpretada por el militante como una ruptura violenta de su trayectoria, lo que no era el caso de los democratacristianos o de los católicos. La adhesión a la Democracia Cristiana o la pertenencia a una organización juvenil católica estaba, ante todo, motivada  por  consideraciones éticas.  En  cambio,  la  adhesión al Partido Comunista comportaba una sólida formación teórica marxista y la adhesión a unos principios ideológicos concretos. Por lo tanto, la transición a otro partido de izquierda que tenía desacuerdos teóricos con el PC podía ser visto como una ruptura radical con la militancia comunista. La segunda razón era la tradición política familiar. La DC era un partido relativamente nuevo y, por consiguiente, carecía de fidelidades partidistas intergeneracionales. Los jóvenes  militantes  comunistas,  en

Movimiento.

Durante las sesiones de su XIV Congreso, el PCCH buscó la unidad entre obreros, campesinos, capas medias, pequeños  y medianos productores  y en un Manifiesto al Pueblo consideró que dentro del Partido Radical y la DC también podían encontrarse sectores populares. En consecuencia ayudó a fundar la Unidad Popular (UP), en la cual también tomaron parte socialistas, radicales, social-demócratas, ibañistas, demócratas-cristianos y miembros del Movimiento de Acción Popular Unitaria. Con un programa de gobierno antimperialista y antioligárquico, la Unidad Popular declaró su candidato presidencial al socialista Salvador Allende.

En tanto el MIR realizaba sus primeras  acciones  armadas  en  junio  de

1969 al asaltar varios bancos. Luego de algunas polémicas sobre la pertinencia de una guerrilla rural, Movimiento focalizó

 

cambio,  provenían  con  frecuencia                                                        

 

de   familias   de   larga   tradición partidista, familias con dos o tres

12 Ibídem, pp. 221.

13 Ibídem.

 

 

 

 

 

sus  combates  en  el  sector  urbano,  con poca influencia entre el campesinado y los obreros.

Según Pascal Allende, quien fuera posteriormente   secretario   general   del MIR y por revelaciones de la hija de Salvador Allende, en plena campaña presidencial el candidato de la UP realizó una reunión secreta con Miguel Enríquez. Este le explicó que el MIR había dejado en libertad a sus militantes para que decidieran votar o no por su candidatura y  que  estaba  preocupado  por  su seguridad. Salvador le pidió que detuvieran las acciones armadas para no perjudicar su campaña y aceptó que militantes miristas formaran el Grupo de Amigos     Personales     para     que     lo

protegieran.14

El triunfo de la Unidad Popular en septiembre de 1970 constituyó la plasmación de la política del PCCh. Por primera vez, una coalición de izquierda gobernaba ciertamente, aunque no tenía todo el poder. Sus medidas más importantes fueron la nacionalización de ramas básicas de la economía, la expropiación de los monopolios y la banca, la liquidación del latifundio, la implementación de la Reforma Agraria, la atención a los reclamos de los trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de las condiciones de vida de los sectores más pobres.

Con  el  ascenso  de  Salvador Allende a la silla presidencial, el MIR suspendió sus operaciones armadas, abandonó la clandestinidad y trató de insertarse a la vida política a través de los Frentes  Intermedios de  Masas. Además colocó su estructura militar a disposición

 

14  Andrés Pascal Allende, “El MIR y Allende”, Punto Final, n. 665, 26 de junio de 2008 en http://www.puntofinal.cl/665/mir.phpPunto final, edición 665 (26 de junio-10 de julio 2008)

de su seguridad. Pocas semanas después de haber asumido,  se produjo  un altercado entre el MIR y el PC en la ciudad de Concepción, durante el cual murió un mirista. El Presidente intervino personalmente  exigiendo  a  la  dirección del Partido que dialogara con el Movimiento para impedir nuevas pugnas. Ante esa situación, el secretario General del PC Luis Corvalán declaró públicamente el 15 de diciembre de 1970 que el MIR tenía una concepción completamente  diferente  a  los comunistas sobre las formas de lucha revolucionaria, sin embargo había comprendido el rumbo que debía seguir la revolución chilena y estaba apoyando al Gobierno  Popular. Por lo tanto, creía que se iba a dar “una suerte de entendimiento” entre ambas organizaciones, aunque subsistían diferencias en muchos aspectos y la lucha ideológica continuaría en un plano más

fraternal.15

A  finales  de  ese  año,  se  produjo una amnistía presidencial para los miembros del MIR y posteriormente se le ofreció a Miguel Enríquez que ocupara la cartera de Ministro de Salud, quien no aceptó alegando que no creía posible llevar a vías de hecho los cambios revolucionarios   a   que   aspiraba,   por

medios institucionales.16

Los partidarios de la Unidad Popular, que en el momento en que Allende fue elegido eran poco más de un tercio de la sociedad chilena, fueron aumentando su volumen hasta llegar al

43,85% en las elecciones parlamentarias

 

 

15Luis Corvalán, Los comunistas y el MIR, 15-12-

1970,                   en         http://www.socialismo- chileno.org/apsjb/1970/Corvalan%20los%20com unistas%20y%20el%20Mirdic70.pdf,  consultado en diciembre de 2014.

16 Pascal Allende, obra citada.

 

 

 

 

 

de 1973; sin embargo,  la oposición (la Democracia Cristiana y el Partido Nacional) unieron sus fuerzas formando la Confederación de la Democracia (CODE), que aumentó la polarización del país.

de los partidos de toda la Izquierda, cuando miles de hombres y mujeres del pueblo rodearon el palacio de La Moneda para defender al compañero presidente y exigir castigo a los golpistas.” Pero,

 

En mayo de 1972 se realizaron varias conversaciones entre el MIR y la UP, que fueron ineficaces, según criterio de Pascal Allende. Posteriormente, en el mes de julio, el MIR y todos los partidos de la Unidad Popular, con la excepción del Comunista, convocaron a una asamblea popular en Concepción, y ello provocó el crecimiento de las tensiones con el Presidente.

 

El 5 de agosto la policía de Investigaciones  -que  estaba encabezada por dirigentes comunistas y socialistas partidarios de reprimir al MIR- allanó el campamento Lo Hermida -donde la influencia mirista era muy fuerte- y dispararon sobre los pobladores que se resistieron a la incursión policial, matando e hiriendo a varios de ellos. El MIR advirtió al gobierno que si no detenía la ofensiva represiva usaría las armas de que disponía  para  defenderse.  Una  vez más, el presidente Allende intervino para evitar el conflicto […]17

 

Por otra parte, la derecha antigubernamental iba tomando fuerzas y en octubre de 1971 realizó un paro patronal.  Los  medios  imperialistas estaban dando apoyo a la oposición más reaccionaria y particularmente a sus elementos  dentro  de  las  Fuerzas Armadas.  Cuando  en  junio  de 1973  se produjo   el   intento   de   levantamiento militar -cuenta Pascal Allende- “las banderas  rojinegras  del  MIR  ondearon

[…] ni el MIR se decidió a repartir las

armas al pueblo […] por temor a provocar un enfrentamiento con el gobierno y dividir el movimiento popular, ni el gobierno aprovechó esta victoria para intervenir dentro de las FF.AA (…) A partir de entonces, el inmovilismo del conjunto de la Izquierda y del gobierno creció, junto con la desmoralización y el temor, en el movimiento de masas.18

 

Aunque el presidente Allende intentó una salida política institucional, convocando a un plebiscito, ya el golpe era imparable. La mañana del 11 de septiembre, Miguel Enríquez y Allende se comunicaron por última vez. Miguel le ofreció  el  apoyo  de  combatientes  del MIR   para   proteger   su   salida   de   La Moneda y continuar la resistencia en los barrios populares. Allende no aceptó y le mandó  a  decir:  “Yo  no  me  muevo  de aquí, cumpliré hasta mi muerte la responsabilidad que el pueblo me ha entregado.      Ahora      es      tu      turno , Miguel…”19

18 Ibídem. Los propósitos del Partido Comunista al involucrarse en el proyecto de la Unidad Popular no estaba tratando de  iniciar  una  lucha  por  el  socialismo, sino de conseguir objetivos antimonopolistas,     antilatifundistas     y Democracia  Cristiana.  Mientras  que  el MIR,   que   reconocía   teóricamente   la necesidad   de  atracción   de  las   clases junto a la bandera chilena y las banderas medias, en la práctica no se mostró dispuesto a hacer concesiones para conseguirlo: su proyecto de alianzas era esencialmente  entre  obreros  y campesinos con las capas pobres del campo y la ciudad. Así pues, el PCCh y el MIR fueron las dos organizaciones que más claramente muestran su desacuerdo sobre la concepción del poder popular y los  dos  proyectos  de  la  izquierda  más                                                        

 

17 Pascal Allende, obra citada.

19 Ibídem

 

 

 

 

 

 

contrapuestos.20

Los Cordones Industriales –nos analiza Luis Corvalán- surgieron, por iniciativa del MIR y de un sector del Partido Socialista en 1973 y fueron proclamados como órganos de poder alternativo. El PC los objetó al comienzo. Después de varias conversaciones, socialistas y comunistas llegaron a la conclusión de la necesidad de apoyar dichos cordones, para darles el carácter proletario y que no órganos paralelos, ni opuestos a la Unidad Popular.   El MIR que fue uno de las organizaciones más activas dentro de los Cordones, sin embargo tenía una visión totalmente diferente, pues los consideraba un poder autónomo   e   independiente,   en   lucha contra el Estado burgués y sus instituciones.    Por eso su línea de orientación era construir un poder dual que abriera paso a un Estado proletario.21

Según el criterio del estudioso francés Franck Gaudichaud, en busca de la moderación para aplicar el programa de la Unidad Popular, el Partido Comunista desempeñó un papel esencial. Sus  objetivos  eran  garantizar  la estabilidad del Gobierno y no asustar “a la  burguesía  nacional”.  Y  a  la  larga,impuso una hegemonía sobre el gobierno con el lema “Consolidar para avanzar”. Es por eso que Orlando Millas, ministro comunista,  llamó  a  devolver  las industrias ocupadas por sus obreros  y el PC frenó la constitución del “poder popular” (en particular los Cordones Industriales).  Mientras  que  la  posición del MIR fue más radical: entregando un apoyo crítico al gobierno y pronunciándose por un “poder popular alternativo” al Estado burgués. El Frente de Trabajadores Revolucionarios (tendencia sindical  del  MIR), criticó  el “control burocrático” de la UP sobre el movimiento obrero.

 

 

20 Jesús Sánchez Rodríguez, Reflexiones sobre la revolución                       chilena,                       en http://www.rebelion.org/docs/52569.pdf, consultado en diciembre de 2014.

21 Ibídem.

 

Pero la mayoría de este sector político continuó dependiente de las iniciativas gubernamentales y no logro ocupar un espacio político copado por los dos grandes partidos del movimiento obrero (el PC y el PS). Además, el MIR chileno adopto en algunas ocasiones posicionamientos infantiles, producto de su desesperación por tratar de tener más influencia en una clase obrera que tenía depositadas       mayoritariamente  sus esperanzas en el gobierno. 22

Si  bien es  cierto  que el  gobierno Allende no capituló ante la reacción, ocurrió otra de las posibilidades previstas por el MIR, el golpe de Estado, que encontró a la izquierda dividida y desorganizada, por lo cual no pudo emprender  una  resistencia  popular masiva. En esas circunstancias y consecuente con sus principios, el MIR decidió  que  sus  miembros  no  debían asilarse, sino presentar una batalla frontal contra la dictadura pinochetista.

Como hemos señalado, tanto el Partido Comunista como el MIR fueron actores  políticos  importantes  durante el período  de  la  Unidad  Popular. Fatalmente, siendo ambas organizaciones de la izquierda política, no pudieron concertar   un   compromiso   de   lucha común,  pues  primaron  por  encima  de todo las divergencias de tipo estratégico- táctica que cada una enarbolaba. El costo político de esta situación fue altísimo. La reacción arremetió contra el pueblo chileno y, en especial, contra sus organizaciones representativas. Los partidos tuvieron que pasar a la clandestinidad, miles de sus integrantes fueron asesinados, torturados, encarcelados o tuvieron que salir del país y se instauró una tiranía, cuyas secuelas aún pueden verse en la sociedad chilena.

 

 

 

 

22 Franck Gaudichaud, “Pensar las alternativas yel socialismo en la América latina del siglo XXI”, en http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso0

4/gaudichaud_290204.pdf,  consultado  el  9  de febrero de 2015, p. 6.

 

 

 

 

 

 

 

Este texto forma parte del libro de Rosario Alfonso Parodi y Fernado Luis Rojas López (comp.), Ahora es tu turno Miguel. Un homenaje cubano a Miguel Enríquez, Instituto Cubano de Investigación Cultura Juan Marinello, La Habana,

2015, pp. 77-86

Ver

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304095103/Ind-Gral_LaIzquierdaChilena.pdf

 

Las suaves cenizas del olvido.

Las suaves cenizas del Olvido

BRIAN LOVEMAN y ELIZABETH LIRA, Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1814-1932 y Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932-1994, LOM Ediciones-Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1999 y 2000 respectivamente.

La obra de Loveman y Lira, planificada en tres volúmenes y que hasta ahora ha dado a la luz los dos primeros, resulta una investigación fundamental sobre nuestro pasado, con notables implicancias en el presente y evidentes y fundamentales consecuencias hacia el futuro de la convivencia nacional.

La importancia del trabajo dice relación, en primer término, con su objeto de estudio, es decir, la forma en que en Chile se ha producido la reconciliación política luego de las crisis y conflictos que ha experimentado el país a lo largo de su evolución republicana. El tema, además, y dada la actualidad del problema en el Chile de hoy, viene a demostrar que toda historia es contemporánea y que los estudiosos del pasado deben estar muy atentos a vivir su presente para interrogar al pasado.

También es una investigación de mérito, porque el libro, además de abordar su objeto de estudio particular, y como una forma de comprenderlo en su verdadera dimensión, es una completa historia política de Chile. Comprensiva, interpretativa y, principalmente, documentada, lo que es esencial dado el carácter que han tomado algunos textos que pretenden hacer historia reciente. En este contexto, y qué duda cabe, lo más trascendente de ella es la evidencia respecto a que cuando los principios se han dejado de lado en razón de las coyunturas políticas o de los intereses de grupos, el país lo ha pagado con violencia.

Por último, se trata de un trabajo de valor, pues al explicar las causas que en diferentes momentos se han dado para amnistiar, perdonar, olvidar y correr el “tupido velo”, es decir, aplicar la “vía chilena de la reconciliación política”, Loveman y Lira nos permiten adentrarnos en la historia de las mentalidades, en el carácter y actitudes de una sociedad, en la larga duración. Algo tan útil cuando se trata de comprender el comportamiento de una sociedad.

En relación con su objeto de estudio, los autores muestran una doble preocupación. Por una parte está la de estudiar los procesos de reconciliación, la trayectoria histórica de los mismos en cuanto realidad histórica. Pero, como la reconciliación supone la existencia previa de violencia política, de conflictos, de crisis institucionales, de rupturas y odiosidades, entre otros elementos, la obra que comentamos no solo estudia las “formas” de reconciliación política practicadas en el país, sino también las circunstancias y coyunturas que las motivaron. Así, al abordar las formas de reunir a la gran familia chilena, como Loveman y Lira lo hacen, necesariamente también han debido aludir a las instancias que han provocado la ruptura de la paz social. Esto es lo que hace posible que también nos encontremos frente a una historia política del Chile republicano.

Una historia política que al ser fruto de la comprensión de los procesos de reconciliación y de transición en que estos se dan, necesariamente resulta interpretativa, incluso con la presentación de algunas tesis de gran interés para quienes se adentran en el estudio de nuestro país.

Así por ejemplo, los autores plantean la polaridad, siempre presente a lo largo de la historia republicana nacional, entre reconciliación política, propia de la cultura cristiano-occidental, y resistencia, propia del pueblo. Constatación por lo demás interesante y de proyecciones analíticas si se considera que Chile presume de formar parte del mundo occidental y de practicar los valores de su cultura, pese a lo cual, según Loveman y Lira, su pueblo siempre se ha opuesto a una de sus manifestaciones más trascendentes en términos de nuestra convivencia social y política.

Otra idea fuerza que nos resulta interesante es la que plantea que la vía chilena de la reconciliación política constituye un verdadero sistema de gobierno. Ella no solo lleva a la conclusión que la impunidad ha sido la regla de nuestro régimen político, obligándonos a revisar y estudiar en sus verdaderos alcances el funcionamiento político republicano, sino que también representa un verdadero reto hacia el futuro en momentos en que es urgente revisar y democratizar una institución esencial como lo es la Constitución Política.

Pero al caracterizarse a la vía chilena de reconciliación como “correr el velo del olvido”, “el perdón jurídico a través de amnistías e indultos” o “el uso de una práctica destinada a dejar atrás sin justicia lo ocurrido”, y de acuerdo con las razones esgrimidas cada vez que se puso en práctica esta vía, podemos también conocer algo más de la mentalidad de nuestra sociedad o, si se quiere más exactamente, del carácter de la clase política chilena y de las motivaciones que la llevan a actuar de la forma en que lo ha hecho. En la polaridad olvido/perdón, perdón/castigo, justicia/impunidad, amnistía/impunidad y en las causas que la explican en cada coyuntura histórica, está también nuestra historia cultural y las motivaciones profundas que explican nuestro comportamiento como sociedad. Razones más que suficientes para valorar el texto de Loveman y Lira.

Considerando que aún falta la publicación del último volumen de esta obra, y que por lo tanto sus autores todavía están a tiempo de recoger algunos planteamientos sobre su trabajo, como nos consta que lo han hecho respecto de los volúmenes publicados, es que a continuación ofrecemos algunas interrogantes motivadas por la lectura de su obra.

Nos preguntamos si en razón de lo que hoy ocurre en Chile respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, es todavía posible sostener que la impunidad, el olvido, el perdón o el tupido velo son siempre los elementos propios de nuestras reconciliaciones. ¿Cómo se explicaría esta que parece una actitud “diferente” y contradictoria con nuestra historia de reconciliaciones?

Por otra parte, la vía chilena de la reconciliación es propia de la evolución nacional, del país en su conjunto, o solo lo es respecto de las elites, los grupos dominantes, la clase política o como quiera que se le llame. ¿No se estará confundiendo, una vez más, historia de la elite chilena con historia de Chile?

Si como nosotros creemos la vía chilena de reconciliación es en lo esencial la vía de reconciliación de la elite chilena, ello explicaría el uso intensivo que Loveman y Lira demuestran que se ha hecho de esta vía. Ello porque dicho grupo necesita perdonar y olvidar desde el momento en que todos forman parte de un mismo sector relacionado por múltiples factores que, necesariamente, debe seguir conviviendo y por lo tanto “arreglar” de algún modo las disputas surgidas en su seno.

También explicaría la situación actual, esto es, el rechazo al olvido, a la amnistía y a correr el tupido velo sobre los crímenes y abusos de la dictadura, pues el drama que ella provocó fue más allá de la elite y afectó a sujetos de un espectro social mucho más amplio. La mayor parte de ellos ajenos al modo tradicional de superar los conflictos practicado por la elite. Lo anterior, sin perjuicio de la conciencia mundial que hoy existe respecto a los derechos humanos que, sabemos, antes no existía y que obliga, lo estamos viviendo, a enfrentar problemas que, también sabemos, algunos quisieran haber “barrido bajo la alfombra”.

Pero, y a propósito de la última de las actitudes mencionadas, esta contrasta con lo ocurrido precisamente durante el gobierno militar, pero también luego de la victoria conservadora en Lircay y el acceso al poder de Portales. Esto es, la persistencia de una actitud oficial que imponía el recuerdo de todos los males y desgracias causados por quienes habían sido desbancados del poder. Entonces no hubo ni perdón, ni olvido y la vía chilena de reconciliación política no operó para ellos. ¿No será que además existe otra mentalidad que funciona paralalela a la que explica la vía chilena de reconciliación política y que, por el contrario, hace imposible el olvido y el perdón? ¿Cómo cabe esta realidad en la caracterización realizada por los autores?

Por otra parte, nos preguntamos y preguntamos también cómo se explica la supervivencia de una nación y una sociedad que según la obra que nos ocupa acumula conflicto tras conflicto: sin enfrentarlos, sin hacer justicia, siempre olvidando y amnistiando. ¿Es posible la sobrevivencia de una sociedad en esas condiciones? ¿Es ella una sociedad “sana”? ¿Es posible vivir así por siglos?

En la obra de Loveman y Lira tenemos la historia oculta de nuestro país, la que pocos quieren mostrar y la que todavía menos quieren conocer. Esta historia y los hechos que la conforman están ahí, han sido documentados como vía chilena de la reconciliación política. Ella nos lleva a preguntarnos si ha existido y existe una verdadera cultura política nacional, como se supone que existe, cuando Loveman y Lira nos muestran que esta, de existir, ha sido la de la “institucionalidad autoritaria” compuesta por un “arsenal de modalidades represivas”.

Entonces, y a la luz de la trayectoria republicana nacional, evidentemente integradora de cada vez más sectores y sujetos al sistema y sus beneficios, volvemos a preguntarnos si a través de la obra que comentamos estamos conociendo el conjunto de la nación, si estamos abordando la totalidad del proceso político experimentado por nuestra sociedad, o sí solo nos estamos ilustrando de un aspecto de dicho fenómeno y de las acciones emprendidas por un sector de nuestra sociedad. Naturalmente necesarios de conocer, imprescindibles de integrar en nuestra historia pero, creemos, lejos de marcarla definitivamente con su impronta autoritaria y represiva.

Pero más allá de las interrogantes que suscita el texto de Loveman y Lira, por lo demás muestra de su valor, el mismo tiene el mérito adicional de recuperar un ángulo de nuestro pasado que puede transformarse en “principio de acción para el presente”1. Es decir, de utilizarlo con vistas al presente y al futuro, de aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día. En especial, si como creemos, en nuestra trayectoria histórica también hay procesos y elementos que permitirían esperar un presente mucho más plural y democrático que el que actualmente vivimos.

A este respecto, la recuperación de las voces discordantes, siempre presentes y en contra de la “vía chilena de la reconciliación”, pero que Loveman y Lira solo ofrecen como forma de reproche y censura del fenómeno que ellos han identificado y estudiado, sería muy deseable.

Tal vez en el próximo volumen de esta obra, palabras como las de un diputado que en 1936 se oponía a la ley de amnistía que entonces se discutía argumentando que “…no unamos a la familia chilena amnistiando a los que merecen castigo. Unámosla sancionando a los culpables…”, puedan ser rescatadas en sí mismas, como testimonio que paralelamente a los instrumentos de la vía chilena de reconciliación, por lo demás la mayor parte de ellos jurídicos, siempre existió una conciencia moral que incluyendo a parte de ella está más allá de la elite. Cierto, poco exitosa en términos de la legislación, pero no en función de hacer avanzar una noción de justicia y una mentalidad política democrática que hoy se muestra plenamente vigente y, como siempre, luchando por evitar que una vez más algunos impongan su vía “chilena” de la reconciliación.

Rafael Sagredo Baeza


1  El concepto y su significado en la obra de Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2000.

Tortura: Aspectos Médicos, Psicológicos y Sociales

Tortura: Aspectos Médicos, Psicológicos y Sociales

S E M I N A R I O     I N T E R N A C I O N A L

TORTURA:
Aspectos Médicos, Psicológicos y Sociales. Prevención y Tratamiento

Equipo de Salud Mental-DITT del Comite de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
Organización Mundial contra la Tortura (O.M.C.T.) Ginebra – Suiza

Santiago – Chile. Noviembre 1989

PRESENTACIÓN

 

 

 

Desde la instauración de la dictadura militar el 11 de septiembre de 1973, la tortura sistemática, individual o masiva, brutal o refinada, se hizo una constante en Chile.

Desde esa misma época, profesionales de la salud asumieron la tarea de dar tratamiento a aquellos que lo necesitaban. El desafío comprometió acciones en diferentes terrenos que iban mucho más allá de lo estrictamente clínico: lo jurídico, lo ético, lo social, lo político, entre otros; y las condiciones en que se desarrolló el trabajo asistencial bajo la dictadura no sólo estuvieron marcadas por severas dificultades, sino también implicaba riesgos que son fáciles de comprender.

La experiencia acumulada durante más de 16 años atendiendo a las víctimas de la represión política y a sus familiares, es inmensa. Ella abarca innumerables aspectos en el campo clínico, tanto en lo terapéutico propiamente tal, como en la prevención y en la denuncia.

Actualmente la mayoría de dichos profesionales trabajan en equipos especializados e interdisciplinarios en el seno de organismos de Derechos Humanos. Conocidos son el equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad, el equipo de Salud Mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), el equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y su núcleo familiar (DITT) del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el equipo de Salud Física y Mental de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE) y, últimamente, el grupo médico del Centro de Investigación y Tratamiento del Stress (CINTRAS).

En 1985, el equipo de Salud Mental del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo había efectuado, conjuntamente con el Comité para la Defensa de la Salud, de la Ética profesional y los Derechos Humanos del Pueblo Argentino (CODESEDH), en Buenos Aires, el Primer Seminario Latinoamericano sobre la Tortura.

La aspiración era, sin embargo, realizar en Chile, bajo dictadura, un evento de carácter internacional que develara el profundo significado que la presencia de la tortura tenía en Chile, en todos los campos del quehacer humano y ayudara al conocimiento, denuncia, investigación y superación del sistema que tortura y de los efectos que provoca individual y socialmente.

Apoyados por la Organización Mundial Contra la Tortura con sede en Ginebra, y con el patrocinio de FASIC, PIDEE, CINTRAS, se llevó adelante esta iniciativa con los siguientes objetivos:

– Reunir profesionales que han brindado asistencia a las víctimas de la tortura en el interior de Chile, así como a personalidades internacionales que se han destacado por su trabajo en el tema.

– Avanzar en el tratamiento y en la prevención de la tortura a través del intercambio profesional de conocimientos y experiencias.

– Difundir y denunciar, tanto en Chile como en el extranjero, la persistencia de la práctica de la tortura y contribuir a través de esta denuncia a su erradicación.

Bajo el título “Tortura: aspectos médicos, psicológicos y sociales. Prevención y tratamiento”, este seminario se realizó en Santiago de Chile exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales, elecciones a través de las cuales Chile pretende dejar atrás la dictadura c iniciar su camino de transición a la democracia. El problema de la Salud Mental y los Derechos Humanos, debía estar entonces presente de una manera destacada en la discusión y el interés de la opinión pública.

Si bien este Seminario estuvo marcado por la necesidad de revelar la verdad de lo ocurrido, no es menos cierto que resultaba fundamental también reunir a todos quienes han sufrido la tortura y a quienes la han estudiado con el fin de combatirla y contribuir así desde ambas perspectivas a una mejor comprensión de sus consecuencias tanto a nivel individual como colectivo: es la tarea de la reparación y la rehabilitación. Hemos pretendido asimismo, discutir las acciones concretas para evitar que los atropellos de los Derechos Humanos, de entre los cuales la tortura es el paradigma más atroz, vuelvan a ocurrir: es la tarea de la prevención de! trastorno socio-político y de la promoción efectiva de la dignidad humana.

El fin de la dictadura no suprime los daños que su imperio durante más de 16 años ha provocado. Habrá que atenderlos. El advenimiento de la democracia no garantiza por si mismo que el respeto de los Derechos Humanos quede automáticamente preservado. Habrá que trabajar por ello, cuidar que ética y política sean cuestiones indivisibles y esta es una tarea de todas las organizaciones sociales y políticas, de todo el pueblo. Profesionales de la Salud y la Jurisprudencia, sin embargo, cargan sobre sus hombros un deber particularmente insoslayable en lo que se refiere a la prevención de la tortura.

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo entrega al conocimiento de la opinión publica el presente volumen, que reúne todos los trabajos presentados por profesionales chilenos y extranjeros en este Seminario, en la confianza que represente una contribución efectiva a la tarea éticamente intransable en la que el pueblo de Chile está hoy empeñado: el establecimiento de la Verdad, el encuentro con la Justicia y la construcción de una sociedad basada en el respeto de los Derechos Humanos.


SEMINARIO INTERNACIONAL

TORTURA: 
Aspectos Médicos, Psicológicos y Sociales. Prevención y Tratamiento

Organizadores
Equipo de Salud Mental-DITT
del Comite de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)

Santiago – Chile

Organización Mundial contra la Tortura (O.M.C.T.) Ginebra – Suiza

Patrocinantes

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)
Centro de Investigación y Tratamiento del Stress (CINTRAS)

PROLOGO

ANTECEDENTES

SESIÓN INAUGURAL

SYMPOSIUM

Symposium Nº l: Concepto. Orígenes, objetivos y técnicas de la tortura. Agentes ejecutores

La Tortura: Agencia Primaria del Terror. Tito Tricot

La tortura: un enfoque social. Domingo Sánchez

La tortura como Crimen Contra la Humanidad. Andrés Domínguez

Represión Política e Impunidad en la Argentina. Darío Lagos, Daniel Kernec

Acerca de Cinco Ex Torturadores. Eduardo Pérez Arza

Casos Arsenales y Atentados: la dimensión de lo personal y lo social en la tortura. Carlos Madariaga

Incomunicación Prolongada: Otra forma de tortura repercusión psicológica en el individuo. Elisa Neumann, Consuelo Macchiavello

Symposium Nº 2: Efectos médicos, psicológicos y sociales.
Repercusiones sobre el individuo, la familia y la sociedad.

El dolor invisible de la tortura en las familias de exiliados en Europa. Jorge Barudy

Lo igual y lo distinto en los problemas psicopatológicos ligados a la represión política. Mario Vidal

La Tortura como experiencia traumática extrema, su expresión en lo psicológico, en lo somático y en lo social. María Isabel Castillo, Elena Gómez, Juana Kovalakys

Salud Mental y Derechos Humanos. Sergio Lucero

Tortura en el Hospital “Almirante Neff” (Valparaíso): Comunicación de tres casos. Luis Ibacache

Situación de Salud en prisioneros políticos. Algunos efectos de la tortura y reclusión.
Pedro Marín Hernández

Algunos comentarios sobre la experiencia de asistencia urológica en pacientes torturados. Guillermo Sohrens, Fernando Bustamante

Un viaje muy particular. Sergio Vuskovic

Vivir en parejas: Vivencia y elaboración de los traumas. Héctor Faúndez, Mónica Hering, Sara Balogi

Adolescencia en familias reprimidas. Héctor Faúndez, Mónica Hering, Sara Balogi

Symposium Nº3: Asistencia y tratamiento. Diversas formas de abordaje terapéutico.

Daño y reparación: una aproximación conceptual. Gloria Maureira

Efectos psicológicos de la represión en la comunidad universitaria de San Luis. Eduardo Llosa

Experiencia terapéutica integral con niños. Nicolás Zárate

Grupo terapéutico de reencuentro. Mónica Esterio, Lilian Román, María Teresa Almarza

Taller Terapéutico: una experiencia de trabajo grupal en pacientes sometidos a situaciones de violencia extrema. Carmen Contreras, Carlos Corvalán

La comunidad y la asistencia terapéutica en Derechos Humanos. Norberto Liwski

La psicoterapia de la tortura: el valor terapéutico de la solidaridad, la esperanza y la justicia. Jorge Barudy

Trauma, encuentro y significado. Inger Agger, Soren Buus Jensen

El modelo de trabajo de CEPAR: una práctica transcultural. Julio González

Terapia al torturado: una reflexión de una práctica humana. Paz Rojas

Prisioneros políticos: dimensiones psicoterapéuticas de la asistencia jurídica. Sergio Pesutic

Tortura y terapia familiar: discusión acerca de la integración de un enfoque sistémico en un caso de traumatización extrema. David Becker. Elizabeth Lira

Una experiencia de terapia ocupacional con afectados por la represión política. Alejandro Guajardo

Kinesiología y daño psicológico: una experiencia clínica. Patricia Cardenal

Violencia organizada y problemas psicosociales de los refugiados: algunas experiencias en un país de reasentamiento. Dr. Nils Johan Lavik

MESAS REDONDAS

Mesa Redonda Nº1: El daño y la reparación en Salud Mental. La perspectiva de los afectados directos.

Mi experiencia personal con la tortura. Hernán Montealegre

Daño psicológico y social en las víctimas de la represión. Atenas Dedes

Los detenidos-desaparecidos y la Justicia. Sola Sierra

La situación de los presos políticos. Cecilia Acuña

La tortura, el daño y la reparación. Juez Rene García Villegas

Mesa Redonda Nº 2: Acerca de la patología provocada por la tortura: problemas epistemológicos y nosológicos.

Objetividad en ciencias. Juan M. Pérez Franco

Cuestiones epistemológicas. Héctor Faúndez

El problema de las clasificaciones psiquiátricas frente a la patología provocada por la tortura. Rodrigo Erazo

Mesa Redonda Nº 3: Experiencia de trabajo de grupos e Instituciones. Modos de abordaje terapéutico.

Programa terapéutico de FASIC. Una experiencia de psicología viva. Adriana Maggi

Experiencia de trabajo de CINTRAS. Mario Vidal

Estudio prospectivo de los talleres como recurso terapéutico. Sonia Herrera, Gunter Seelmann

El método testimonial como ritual y evidencia en psicoterapia para refugiados políticos. Soren Buus Jensen, Inger Agger

Tortura, exilio y salud mental: nuestra conceptualización. Jorge Barudy

Experiencia de trabajo en el centro psicosocial de Frankfurt, Alemania Federal. Carlos Corvalán

Mesa Redonda Nº4: Aspectos preventivos: experiencia de trabajo con grupos. 
Capacitación y Salud Mental

La tortura desde una perspectiva jurídica. Carlos Fresno

Nuestra respuesta a la situación de tortura institucionalizada. Rosa Parissi

Capacitación y salud mental: una experiencia colectiva. Mónica Peña

En torno al modelo psicosocial de dominación. Jorge Pantoja

Represión, temor y participación. Formación de monitores en Salud Mental. Elisa Neumann, Angélica Monreal

La visita carcelaria: un abordaje terapéutico en grupos familiares de presos políticos. Chetty Espinoza, Myriam George, M. Inés Villar, Gloria Vío Grossi

FORO PLENARIO

Perspectiva para la reparación y para la profilaxis del daño. Cuestiones éticas y jurídicas. Responsabilidades individuales, de grupos profesionales y del Estado.

Reparación y prevención. Perspectiva desde la salud mental. Angélica Monreal

Reparación jurídica. Jorge Mera

Verdad y Justicia desde la perspectiva de los partidos políticos. Fabiola Letelier

Consideraciones éticas. Padre José Aldunate

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Persona, Estado, Poder. Estudios sobre Salud Mental. Chile 1973-1989”

Palabras de Alfredo Jadresic V.
Palabras de Jaime Castillo Velasco
Palabras de Fernando Oyarzún P.

ANEXOS

Comentario a “Un viaje muy particular” Sergio Vuskovic
La tortura en la formación militar. Miguel González

Introduction (english)
Introduction (francais)


© Este libro fue elaborado y editado por el Equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y de su núcleo familiar (DITT) del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

Santiago de Chile, Abril de 1990

Trauma, duelo, reparación y memoria. Elizabeth Lira

RESUMEN

El articulo describe y reflexiona Acerca de la Experiencia de Trabajo psicosocial y terapéutico Realizado Con Víctimas de violaciones de Derechos Humanos DURANTE El Régimen Militar en Chile (1973-1990) . Esta experiencia contribuyó la inclusión uno de la Atención Médica y Psicológica en Las Políticas de Reparación del Estado à partir de 1990.

PALABRAS CLAVE

Trauma, duelo , Reparación , Verdad, Impunidad , Justicia, olvido , memoria .

RESUMEN

El artículo describe y reflexiona sobre la experiencia de trabajo psicosocial y terapéutico llevado a cabo con las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar en Chile (1973-1990) . Esta experiencia contribuyó a la inclusión de la atención médica y psicológica en las políticas de reparación del Estado desde 1990. La evolución en los modos de tratamiento y la intervención psicosocial se discuten a la luz de las tareas y los dilemas que surgen en el contexto de transición política : el reconocimiento y la reparación de las víctimas , la verdad o la ocultación de los crímenes , la justicia contra la impunidad; olvido o diferentes formas de memoria y su impacto en las vidas de las víctimas y sobre el proceso de reconciliación política.

 

 

Las transiciones políticas desde dictaduras o guerras civiles a regímenes democráticos suelen empezar con países divididos y cargados de un pasado que sigue siendo presente para un gran número de personas, por cuanto sus vidas han estado cruzadas por el conflicto y sus consecuencias. Con frecuencia se hacen llamados a la reconciliación en nombre de la patria común, invitando a superar el pasado conflictivo. Pero los desplazados, los que perdieron a sus familiares que fueron secuestrados, desaparecieron o fueron asesinados, los niños que no tuvieron infancia y que vivieron bajo la amenaza y el miedo no siempre pueden dar vuelta a la página para empezar de nuevo como si no hubiera pasado nada. Los procesos de reconciliación política suelen recurrir a leyes de amnistía que buscan instalar el olvido jurídico y político sobre las responsabilidades criminales ocurridas en un pasado que se resiste a pasar al olvido y que suele convertirse en un presente asfixiado de exigencias y contradicciones para muchos. Por otra parte, la proclamación del olvido como fundamento de la paz social no tiene en cuenta el efecto del conflicto sobre las víctimas e impone, de diversas maneras, una resignación forzosa ante los hechos consumados y a la impunidad subsecuente. Diversas voces han señalado que tanta violencia no puede pasar por la historia como si no hubiera sucedido nada y que la reconciliación requiere hacerse cargo del pasado y reconocer y reparar a las víctimas, incorporando sus memorias y la memoria de la lucha, mediante condiciones de justicia y equidad como ejes de la construcción democrática actual y futura. Emerge así una lucha de visiones y de interpretaciones del pasado y de los procedimientos necesarios para superar sus consecuencias, que coexisten conflictivamente en los espacios políticos de transición. ¿Cómo entender la reconciliación política? ¿Puede ser posible basar la reconciliación política en el reconocimiento de los derechos de todos o es imperativo fundar la paz en la impunidad sobre el pasado?

La prolongación de la violencia por años o décadas genera acostumbramiento. Paradójicamente, la denuncia que se repite una y otra vez contribuye a que, para la mayoría de esa sociedad, esos horrores se vuelvan invisibles y que el trauma y el sufrimiento se transformen en un asunto privado de las víctimas. Cuando las violaciones de Derechos Humanos se tratan políticamente como si no hubiesen existido o, de haber existido, como el costo necesario de la paz, es como si estas sociedades se convirtieran metafóricamente en sociedades ciegas, sordas y mudas al dolor y al horror, donde las voces no resuenan porque no hay nadie que escuche. La mudez y la sordera parecen provenir del miedo. El miedo a la muerte asociado a la violencia que se transforma en un miedo generalizado e inespecífico de muchos, a veces de casi todos, dependiendo de su lugar dentro de la sociedad. El miedo los (nos) hace o nos haría cómplices de esta mudez y sordera y de los hechos que las provocan. En una sociedad con torturados, muertos y desaparecidos, de alguna manera casi todos han (hemos) sido afectados por el terror causado por las amenazas de muerte que circulan en la sociedad. Un sector, casi siempre minoritario, reacciona moralmente con una fuerte indignación ante la denuncia de las violaciones a los derechos de las personas, buscando incidir en la voluntad de terminar con dichas violaciones y producir cambios políticos. Pero en casi todas las sociedades existe un sector importante que ha respaldado la política represiva y se ha identificado con el proceder de las autoridades, valorando sus actuaciones como actos necesarios en defensa del bien común.

El final del conflicto implica hacerse cargo de las tensiones surgidas de estas distintas visiones, establecer el imperio de la ley y el reconocimiento de los derechos de todos, garantizando mediante condiciones legales, culturales y políticas que estos hechos no se repetirán. No obstante, las razones profundas por las cuales la violencia llegó a ocurrir entre nosotros suscitan más polémica que la situación misma. Hay muchos elementos que provienen de raíces históricas y políticas sobre las cuales no hay todavía (y tal vez nunca habrá) un consenso nacional. Por eso la tarea de establecer la paz toma tantos o más años que los que fueron necesarios para generar las condiciones del conflicto, y, quizás, los años necesarios para producir este proceso de comprensión tomarán más tiempo que el resto de nuestras vidas.

Cada sociedad ha debido enfrentar el conflicto y sus consecuencias desde su historia y condiciones políticas, con los valores y principios y visiones políticas de su gente, con su capacidad de forjar dimensiones de responsabilidad compartida sobre el futuro, con el fin de detener la multiplicación de las víctimas y hacerse cargo de éstas. En algunos países se desarrollaron esfuerzos de solidaridad, apoyo y reparación de las víctimas, a pesar de que el conflicto no había terminado, sirviendo de base a políticas oficiales posteriores. En otros, aunque el conflicto se dio por terminado, las medidas de reconocimiento y reparación respondieron a iniciativas oficiales débiles y ambiguas. En todos los casos, las personas afectadas por la violencia de las dictaduras y los conflictos armados han visto profundamente alteradas sus vidas, con graves consecuencias. En varios países los profesionales de salud mental se preocuparon por las víctimas desde instituciones solidarias o a título personal. Esos profesionales funcionaron como “delegados” (informales) de la sociedad, asumiendo la responsabilidad de trabajar con las víctimas desde sus saberes y competencias, pero también desde las limitaciones de su rol y ubicación social, que, casi siempre, era, a pesar de todo, marginal. En algunos países la reparación ha sido una política pública que incorporó servicios de salud mental. En ese contexto, los agentes de salud mental se constituyeron en “delegados” formales de la sociedad, como en el caso del Programa de Reparación Integral de Salud (PRAIS) para las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990 (ILAS 1994, 1997). Este programa fue creado acogiendo las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Lira y Loveman 2005).

En este artículo se reflexiona acerca de la experiencia de trabajo psicosocial y terapéutico efectuado en Chile durante el régimen militar (1973-1990) y lo que hemos aprendido en ese trabajo como profesionales de salud mental y como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la paz social y el respeto de los Derechos Humanos.

Las demandas de Las víctimas: Verdad, Justicia y Reparación

Las víctimas han reclamado esclarecer lo que les ha ocurrido a ellas y a sus familiares exigiendo la verdad. Parte de la verdad general y particular se alcanza en las comisiones de la verdad al establecer los hechos sucedidos y los nombres de las víctimas. En los tribunales de justicia, la verdad judicial es particular y posibilita identificar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las víctimas y los responsables en cada caso. La verdad que falta, casi siempre, es la verdad de los sufrimientos, de los temores y sueños de las víctimas y la conexión de sus vidas con la historia de violencia, del conflicto y de la resistencia en el país, permitiendo identificar los significados que estas experiencias han tenido y tienen para ellas.

Las víctimas han reclamado justicia ante los tribunales, con resultados variables, casi siempre precarios. En la mayoría de los casos, los procesos judiciales han demorado décadas en lograr el esclarecimiento de los crímenes que las afectan. En algunos casos, el castigo a los responsables llega muy tarde; los perpetradores son ancianos mentalmente deteriorados y, para más de uno, el pasado y el presente se han borrado de su mente, perdiendo sentido toda acción de justicia. Otros han sido sentenciados como culpables, pero insisten en haber salvado a la patria de sus enemigos y afirman que, de verse enfrentados nuevamente a situaciones semejantes, procederían de la misma forma. No obstante, y a pesar de todas esas limitaciones, la justicia puede desempeñar un rol político pacificador e inhibir las venganzas y la justicia por mano propia. Puede cumplir también un rol terapéutico al confirmar la experiencia de las víctimas (que ha sido negada por décadas), cuando el juez define como delito el atropello y la injusticia sufridos por las personas, ordena el castigo de los perpetradores y determina medidas de reparación.

La no sanción de los crímenes es una forma de negación de que se trata de crímenes. A veces la negación es anterior a la instancia judicial. Ocurre cuando una autoridad declara que tales hechos nunca sucedieron. De esas formulaciones hay numerosos ejemplos. También se observa cuando se reivindican los hechos como actos necesarios en nombre del bien común, lo que constituye una re-negación del sentido que tiene para quienes fueron afectados por ellos. Esta posición favorece la perpetuación de los resentimientos, puede estimular las venganzas y reeditar el conflicto. El equipo de asistencia psicológica de CELS en Argentina señaló hace ya 20 años que “la vigencia de la impunidad en democracia evoca el terror impuesto […] y, por consiguiente reaparece la parálisis, la fragmentación, la marginación económico social, el silencio, el miedo, la dificultad de organizarse, de imaginar un proyecto” (CELS 1989; ILAS 1989). Esa situación parece forzar a las víctimas a asumir el daño experimentado, la exclusión y el abuso como si no hubiese responsables y como si el Estado no tuviera la responsabilidad de restablecer el orden y el imperio de la ley, es decir, de garantizar el reconocimiento de los derechos de todos. Si estas situaciones se mantienen, las víctimas pueden sumirse en el desamparo, la desolación y el aislamiento o seguir reclamando sus derechos sin tregua y hasta su muerte, intentando resistir la privatización de las consecuencias de la violencia, devolviéndolas una y otra vez al espacio público y político en el que ocurrieron, denunciando que fueron actos abusivos de agentes del Estado.

Cuando las autoridades se hacen cargo efectivamente de la verdad y la reparación como política de Estado, y de garantizar el ejercicio independiente de la justicia, las víctimas pueden recuperar su libertad como ciudadanos, para dejar estas tareas en manos del Estado, de la sociedad civil, o continuar activamente en ellas, si así lo deciden, pero sin la presión moral de tener que desempeñar el rol de voceros incansables de la injusticia y el abuso de sus seres queridos y de ellas mismas.

La reparación es un proceso. La indemnización por el daño causado o una placa en memoria de una o más personas pueden formar parte de medidas de reparación. Pero la reparación social se funda, en primer lugar, en el reconocimiento de que los hechos ocurrieron efectivamente y que constituyeron una injusticia y un abuso, al violarse derechos fundamentales de las personas y las comunidades. La reparación opera mediante un cambio en la actitud social y cívica de las autoridades al asumir la responsabilidad por lo sucedido y sus consecuencias, mediante gestos simbólicos y acciones directas, y cuyo propósito es desagraviar y resarcir esos agravios y daños identificados. ¿Qué medidas y acciones forman parte de las políticas de reparación por parte del Estado en cada circunstancia? ¿Qué es lo que hace o puede hacer la sociedad civil? ¿Qué es lo que las víctimas identifican, requieren y demandan como reparación? Parece obvio que la reparación no se agota en la verdad ni en la sanción judicial de los responsables, pero ambos elementos forman parte del proceso que conduce a la percepción de las víctimas de sentirse reparadas, no obstante considerar que las experiencias y las pérdidas vividas son por definición irreparables.

La reparación se funda en el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos; en la afirmación de que a causa de los atropellos han experimentado daños y sufrido diversas consecuencias en sus cuerpos y mentes que han llegado a afectar gravemente a sus familias, sus vínculos cercanos, y la vida de la comunidad a la que pertenecen. El trabajo terapéutico y psicosocial forma parte del proceso de reparación. Se basa en la recuperación de los recursos propios de las personas para reconquistar su condición de sujetos activos y participativos, de ciudadanas y ciudadanos con derechos. La reparación, en su dimensión moral y subjetiva supone que las víctimas pueden tramitar procesos de elaboración y discernimiento que permitan asumir lo vivido como parte de su propia historia, y, al mismo tiempo, moverse del lugar de víctimas, recuperando su autonomía personal. Por su parte, la doctrina de Derechos Humanos señala como estrategias principales de las políticas de reparación asegurar formas de restauración, rehabilitación, compensación e indemnización a las víctimas por los daños causados (Comisión de Derechos Humanos, ONU 2003). Las intervenciones psicosociales y terapéuticas se inscriben en esos valores y forman parte de esas estrategias.

Lo que hemos aprendido

Las violaciones de Derechos Humanos tuvieron lugar en Chile como consecuencia de la intervención militar en 1973. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democráticamente elegido que encabezaba Salvador Allende como presidente de la República, apoyado por la Unidad Popular, coalición política de izquierda que llevaba a cabo un proyecto de “transición al socialismo”. El Presidente se suicidó en el Palacio de Gobierno el 11 de septiembre y el régimen militar se instaló con muy poca resistencia, controlando completamente el país antes de terminar el día. En pocas horas miles de personas fueron detenidas y sometidas a torturas en más de 1.200 recintos a lo largo del país. Se declaró el estado de sitio, entendido como estado de guerra, y se instalaron consejos de guerra para procesar a los detenidos. Miles de personas fueron ejecutadas como resultado de juicios sumarísimos; otras tantas murieron como consecuencia de las torturas. Miles de ellas recibieron condenas de cárcel; otras fueron expulsadas del país. Los partidarios del gobierno derrocado fueron catalogados y tratados como “enemigos” de la patria (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991; Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura 2004).

La asistencia legal, social, médica y psicológica a las personas perseguidas se organizó a inicios de octubre de 1973 con el respaldo de las iglesias, en particular, de la Iglesia católica.[1] Los abogados que iniciaron la defensa de las personas ante los tribunales de justicia identificaron la necesidad de apoyo y acompañamiento psicosocial de las víctimas y sus familias, y recomendaron que se buscaran formas de atención psicológica porque su estado mental parecía gravemente alterado. Algunos profesionales se acercaron a los organismos solidarios y ofrecieron sus servicios en los organismos de Derechos Humanos. Otros ofrecieron horas de atención en sus consultas privadas. Algunos años después, se organizó formalmente la atención psicológica en los organismos de Derechos Humanos, en la Vicaría de la Solidaridad (desde 1976), en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (desde 1977) y en la Corporación de Derechos del Pueblo (desde 1980).

Estos equipos de atención fueron la primera instancia en la que se constataron las graves consecuencias de la represión política sobre las personas y sus familias. Los consultantes eran personas que habían sido secuestradas y torturadas; familiares de ejecutados políticos, personas que habían sufrido condenas y encarcelamiento por varios años y salían al exilio, conmutando la pena de cárcel por el extrañamiento (Garcés y Nicholls 2005). Consultaban también familiares de detenidos desaparecidos, y, desde 1981, consultaron también personas y familias que retornaban al país desde el exilio, mientras que muchos continuaban saliendo del país para proteger sus vidas. La mayoría de quienes consultaban tenían condiciones económicas precarias, no tenían trabajo y, con frecuencia, presentaban enfermedades de diverso tipo que, muchas veces, eran secuelas de la tortura y del confinamiento en condiciones extremadamente insalubres. Los encuadres del trabajo de atención psicosocial eran flexibles. Se ofrecían diversas formas de trabajo grupal y terapia ocupacional, atención familiar y consultas individuales, y, según las necesidades, se proporcionaba atención médica y psiquiátrica en los casos que la requerían. Frente a situaciones de crisis aguda o de emergencia la respuesta era una atención médico-psiquiátrica, indicándose algunos medicamentos o una intervención psicoterapéutica de tipo breve, dentro de los enfoques teóricos y clínicos predominantes en el país en ese momento, sin mayores diferencias teóricas o prácticas entre los equipos de salud mental existentes.[2]

El enfoque de trabajo de los equipos terapéuticos de los organismos de Derechos Humanos fue evolucionando a lo largo de los años. Hubo intercambios con grupos de otros países, y en Santiago, una coordinación eficaz entre los equipos de diversas instituciones. El trabajo en las regiones se empezó a desarrollar, con muchas limitaciones, a mediados de la década de 1980, debido principalmente al riesgo de sufrir represión por parte de las autoridades. Sin embargo, hacia finales de la dictadura se habían creado equipos de salud mental en cinco regiones, sostenidos por algunos profesionales apoyados por organismos de la Iglesia católica o la Iglesia metodista, según las regiones. La orientación psicoterapéutica de los equipos de salud mental surgió desde una posición de indagación y búsqueda, una actitud crítica frente a los instrumentos clásicos de diagnóstico, con una clara perspectiva dinámica, en la cual la comunicación y el vínculo, la simbolización y la sintomatología se ubicaban en un contexto social y político real. El equipo del Programa Médico Psiquiátrico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) fue el más completo y numeroso de profesionales de salud mental durante casi 10 años (1977-1987), y estuvo formado en sus primeros cinco años solamente por mujeres. Tuvo integrantes que tenían formación psicoanalítica, y otras tenían formación médico-psiquiátrica; algunas se habían formado en terapia familiar sistémica, y otras, en psicología social. Esta combinación permitió una gama muy amplia de posibilidades para los tratamientos que ofrecían, pero también una discusión permanente entre visiones diferentes que enriquecieron la manera de analizar las situaciones y conceptualizar el padecimiento de los pacientes. El equipo dedicó tiempo a lecturas inspiradoras de diversos autores que habían reflexionado sobre su práctica profesional desde experiencias que podrían considerarse análogas. Entre ellos cabe destacar a Carlos Castilla del Pino (1972 y 1974), quien desarrolló la mayor parte de su práctica clínica durante el franquismo en España, aunque nunca se refirió expresamente a la relación política específica. También se tuvieron muy en cuenta algunos autores argentinos, como José Bléger (1977), Armando Bauleo (1969 y 1971) y, especialmente, Marie Langer (1981 y 1987) y un grupo de psicólogos latinoamericanos en el exilio, en México, quienes fueron consejeros a distancia del equipo de FASIC.

La lectura de diversos autores hizo parte de la formación de enfoques y criterios comunes en el equipo, buscando comprender mejor los conceptos asociados a trauma, experiencias traumáticas y procesos terapéuticos. Entre ellos, Franz Fanon, autor de Los condenados de la Tierra, prologado por Jean-Paul Sartre, contribuyó a una visión que integraba el análisis de experiencias políticas diversas al esfuerzo de teorizar las consecuencias de la violencia y la tortura.[3] Un lugar relevante tuvo la revisión de los escritos de Bruno Bettelheim (1973 y 1982). La descripción de su experiencia como prisionero en un campo de concentración y su conceptualización de las “situaciones límites” como experiencias vitales asociadas a la percepción de un peligro de muerte dentro de un contexto amenazador e ineludible fueron un marco de referencia importante. En la época estaba disponible una literatura variada sobre las experiencias vinculadas al Holocausto, que tenían alguna relación, a pesar de sus diferencias, con los problemas de los consultantes. Esos documentos y los otros escritos mencionados tuvieron como función incitar la reflexión y la construcción de un enfoque propio que respondiera al contexto político y a los padecimientos de las víctimas. El trabajo se realizaba en un marco institucional limitado por las riesgosas condiciones de la época. Por esta razón, las modalidades de trabajo fueron inicialmente intervenciones en crisis, que se fueron transformando progresivamente en modalidades flexibles y abiertas a las necesidades de los y las consultantes, sin las restricciones de un trabajo acotado en el tiempo por las condiciones institucionales.[4]

Aprendimos que la asistencia psicológica debía sustentarse en un reconocimiento del doble carácter de las consecuencias de las violaciones a los Derechos Humanos en la vida de las personas. Por una parte, se trataba de efectos emocionales y materiales, expresados en dolores, enfermedades, sufrimientos y conflictos interpersonales. Por otra, se trataba de fenómenos de origen y significación política vinculados con sus proyectos vitales, sociales, y su participación política. Considerábamos que era fundamental la construcción de un vínculo de trabajo, que denominamos comprometido, para diferenciarlo de cualquier otro vínculo terapéutico o social. Implicaba una actitud éticamente no neutral frente al padecimiento del paciente, entendiendo que el trastorno o la alteración que presentaba era el resultado de una agresión infligida deliberadamente por sus ideas o actuaciones políticas por parte de agentes del Estado (Lira y Weinstein 1984). El vínculo terapéutico comprometido implicaba facilitar y restablecer la capacidad de confiar, a través de la construcción de una relación real. La comunicación estaba centrada en los hechos sufridos por las personas, que –a pesar de su carácter abrumador, atemorizador o doloroso, y de ser parte de una realidad socialmente negada– podían ser reconstituidos y contenidos en el espacio privado de la relación terapéutica. Este modo de trabajar implicaba confirmar la experiencia vivida como un hecho realmente sucedido. Esta función fue retomada, en cierta forma, por las comisiones de la verdad, en las que se producía la escucha del Estado, confirmando y validando la experiencia vivida desde un lugar simbólico. El reconocimiento de la persona y su padecimiento en diversas instancias privadas y públicas generaba posibilidades de reparación que se conectaban y que podían complementarse, adquiriendo un potencial terapéutico relevante.

La conceptualización acerca del contexto político iba unida a la discusión acerca del trauma y las experiencias traumáticas que eran resultado de la violencia política. Las torturas, los secuestros, desapariciones y asesinatos, el exilio, la relegación, los amedrentamientos y allanamientos masivos eran entendidos como situaciones específicas potencialmente traumáticas, que atentaban contra la vida y la identidad de las personas, afectando negativamente su condición de miembros de una sociedad y su calidad de sujetos sociales activos y participativos.

La tortura, el desaparecimiento de un hijo o el asesinato del padre pueden constituirse en un trauma, como ocurre con el abuso sexual en los niños y adultos. Observamos que, en el contexto de la dictadura, las situaciones de secuestro, tortura, desaparición de un familiar u otras –una o varias, acumulativamente– presentaban sintomatologías semejantes a experiencias traumáticas de otro origen. Con frecuencia, se aplicaba el diagnóstico de estrés postraumático, al observarse la sintomatología descrita. En varios países, este diagnóstico contribuía a una decisión favorable de las autoridades para otorgar la condición de refugiado, especialmente en California, durante la década de 1980, lo que contribuyó a su aplicación frecuente para favorecer la inserción de exiliados por razones políticas que se encontraban como ilegales en Estados Unidos (Quiroga 2005). No obstante, este diagnóstico basado en los síntomas era, a nuestro juicio, insuficiente para dar cuenta de las situaciones de alteración emocional que observábamos. Un elemento adicional era la dificultad de considerar la dimensión pos. Las situaciones eran más bien acumulativas y podrían repetirse mientras se mantuviera la situación política, de manera que la experiencia no sólo podría volver a ocurrir sino que existía el temor constante ante la posibilidad de que se repitiera efectivamente. Más bien nos preguntábamos: ¿Cuál es la particularidad traumática de cada una de estas experiencias ligadas a la violencia política? Nos parecía que era preciso responder a esta pregunta de manera específica para cada caso, pues cada una de las situaciones (tortura, desaparición de un familiar) podría dar lugar a un trauma psicológico específico.

Es importante recordar que las violaciones de Derechos Humanos eran y son el resultado de decisiones tomadas por agentes políticos, que se materializan en la acción de unos seres humanos, que se transforman en victimarios, contra otros seres humanos, que se constituyen en víctimas. Las consecuencias en las víctimas se diagnostican identificando los síntomas y las alteraciones observados, que, aunque son semejantes a otras situaciones traumáticas, cobran sentido para la víctima, en la medida en que se enmarcan y se comprenden en el contexto político en el que ocurrieron, al mismo tiempo que se entienden en relación con el contexto de la vida y proyectos de cada persona. De este modo, la situación puede ser experimentada de formas muy diversas por un militante político, en comparación con una persona que no lo es, pero también puede haber muchas diferencias, de acuerdo con la edad, la experiencia, las creencias religiosas y la manera de ser de cada persona.

Definimos en esa época que el proceso terapéutico tenía como propósito trabajar en la reparación de las repercusiones de la violencia política sobre personas dañadas y traumatizadas que consultaban pidiendo ayuda en relación con lo que les estaba sucediendo. Lo que se intentaba era restablecer la relación del sujeto con la realidad, buscando recuperar su capacidad de vincularse con las personas y las cosas, de proyectar su quehacer y su futuro, mediante un mejor conocimiento de sí mismo y de sus propios recursos, y también mediante la ampliación de su conciencia respecto a la realidad que le tocaba vivir (Weinstein, Lira y Rojas 1987). Recuperar la salud mental implicaba retomar el curso de la vida integrando el pasado participativo, enfrentar las experiencias represivas con su horror y sus secuelas, y el presente con todas sus dificultades y contradicciones.

Esta modalidad terapéutica se hacía cargo del contexto histórico y político y buscaba promover la autonomía de la persona en todos los ámbitos de funcionamiento personal. Los objetivos se acordaban en las primeras sesiones, a partir de los motivos de consulta, y eran varios. Podían dirigirse al alivio de los síntomas, especialmente los estados de ansiedad e insomnio. Con frecuencia, el tratamiento implicaba interconsultas médicas en el equipo y alguna medicación que aliviara las reacciones agudas. La sintomatología era entendida como expresión de un conflicto vital actual en la lucha por sobrevivir y procesar las consecuencias de la agresión sufrida; por tanto, se buscaba responder a la pregunta “¿Por qué me ocurrió esto a mí?” en un contexto biográfico, político y circunstancial muy específico. En muchos casos la experiencia reciente se acumulaba en una historia vital que potenciaba su impacto y significado, que hacía necesario ampliar los objetivos iniciales del trabajo terapéutico. La historia personal y la experiencia represiva estaban ligadas desde el inicio. Sin embargo, poner fin al horror en la propia historia personal generaba deseos de olvido, que se contradecían inevitablemente con la voluntad política de no olvidar, que suele ser expresión de la resistencia de las víctimas. Esa tensión formaba parte del proceso.

Las pérdidas de vidas de personas queridas y el malogramiento de los proyectos personales tienen una dimensión irrecuperable y abrumadora en un contexto marcado por la impotencia de las víctimas ante los hechos consumados. El proceso terapéutico puede posibilitar reconocer el significado de lo vivido y rescatar lo reparable en un conjunto de experiencias vitales marcadas por lo irreparable. Asumir las pérdidas implica una compleja tarea, que supone descubrir lo destruido en uno mismo, es decir, reconocer la vivencia de muerte alojada en la propia interioridad. En este contexto, poder tramitar el duelo por todo lo perdido implica iniciar un proceso de elaboración que permita una desidentificación con lo amado perdido o muerto (Caruso 1975). Esto requiere poder diferenciar el muerto y el viviente (el que ha muerto y lo que ha muerto y la vida del sobreviviente). Dicho de otra manera, se trataba de transitar desde la posición de víctima a la de sobreviviente y ciudadano.

Estas distinciones requieren ser especificadas según la naturaleza de cada situación. En los casos de detenidos desaparecidos, cabe señalar que la pérdida era y es experimentada inicialmente como una ausencia forzosa, una separación que se teme sea definitiva, pero que se espera revertir con la aparición con vida del desaparecido. Las autoridades no se hacen cargo de la desaparición (aunque son las responsables). Los recursos de amparo ante los tribunales no tienen resultados. La indefinición y la ambigüedad de las autoridades sobre la suerte del desaparecido obligan a la familia a mantener constantes la búsqueda y la demanda ante los tribunales de justicia para que la situación se resuelva. En el caso de Chile, la mayoría de las familias todavía buscan a sus desaparecidos. Aunque el Estado ha asumido responsabilidades políticas en los hechos, no se han encontrado los restos para darles sepultura, y en muy pocos casos los responsables han contribuido a dilucidar cuál fue el destino final de los desaparecidos. Un problema adicional ha sido la identificación de los restos encontrados, que ha tomado décadas. Con el paso de los años, la búsqueda se ha hecho irrenunciable, tanto si la mueven el afecto y la lealtad familiar con el desaparecido, como si la denuncia pública y política se hace en nombre de los derechos de todos y del imperio de la ley como fundamento de la convivencia democrática.

Durante la dictadura, en la vinculación entre contexto y efectos traumáticos de la violencia política –a juicio de los equipos psicosociales de la época–, se requería analizar algunos procesos psicosociales desencadenados por la represión política. Uno de ellos era la percepción de amenaza desde las personas y los grupos sociales. Describimos en esos momentos como amenaza política la práctica de violaciones de Derechos Humanos como política del régimen y la respuesta de miedo generalizado de amplios sectores de la sociedad. El miedo movilizaba vivencias de impotencia e indefensión ligadas a la inminencia de pérdidas y al riesgo vital, permaneciendo como una huella invisible en la interioridad de cada sujeto y en la vida social, incluso mucho tiempo después de haber cesado la amenaza directa (Lira y Castillo 1991).

La desconfianza erosionaba las relaciones sociales y diluía los esfuerzos políticos de unidad para terminar con la dictadura y construir el proceso de transición a la democracia. El final del régimen abría perspectivas de cambio, pero este último era, en muchos sentidos, una amenaza a las adaptaciones y equilibrios logrados durante el conflicto, por desajustados que ellos fueran. En cierta forma, el miedo operaba como motivación para la supervivencia y, a la vez, la adaptación a la situación, inhibiendo los recursos, las capacidades y los esfuerzos para cambiarla (Martín Baró 1990). ¿Cómo entender la tarea de reparación individual y social en un escenario político en transición o declarado en transición? ¿Cuáles eran y son los desafíos y dificultades que se presentaban y se presentan al trabajo psicológico de reparación en un contexto político en el que se mantiene la violencia?

Otros temas sobre los que podemos reflexionar

Cuando iniciamos el trabajo de atención clínica y terapéutica carecíamos de conocimientos eficaces y de la experiencia suficiente para abordar las consecuencias individuales y colectivas de la violencia que existía en la sociedad y que se concretizaba en las diversas formas de represión política, especialmente en la tortura. Para cada persona la experiencia de violencia y destrucción, con sus consecuencias de pérdidas, duelos y rabias, era particular. Era su propia identidad individual la que había sido amenazada y fragmentada, pero esos efectos subjetivos propios eran consecuencia del proceso político del país y se podían entender en relación con la actuación de cada persona en ese proceso. Sin embargo, el paso del tiempo, con su bagaje de nuevas experiencias, modificaba la percepción del pasado, del proyecto personal, de la participación política, y, por tanto, las significaciones ya no eran las mismas. Rastrear los cambios de esos significados era parte del trabajo terapéutico, y sigue siéndolo hasta el presente.

Durante el período de mayor represión y de mayor silencio social (1973-1983), el trabajo terapéutico se iniciaba, casi siempre, con la reconstitución de la experiencia represiva vivida, expresada como un testimonio que posibilitaba algún grado de elaboración emocional, permitiendo, a su vez, vincularla al contexto de la biografía y de la experiencia vital de la persona que consultaba (Lira y Weinstein 1984). Al inicio, el testimonio fue una técnica terapéutica relevante. El relato era grabado y transcrito. El producto de este trabajo se leía y repasaba en las sesiones, se comentaba y revisaba, y se convertía en un texto que pertenecía a la persona consultante, quien podía usarlo, principalmente, en la denuncia de lo que le había sucedido, y, en muchos casos, posibilitaba otras formas de comunicación con su propia familia acerca de lo que había vivido. Cada texto era un fragmento de la vida de una persona, que, a su vez, formaba parte de la vida nacional. Se centraba en la experiencia de represión política, confirmándola como un hecho cierto, en un contexto social de negación generalizada (Cienfuegos y Monelli 1983). El testimonio permitía dirigir la rabia y los sentimientos agresivos a través de la denuncia de las violaciones de Derechos Humanos, acción que estaba ligada a la expectativa de contribuir a ponerles fin y a terminar con la dictadura. Esa dimensión de denuncia fue desarrollada por los propios consultantes mucho más allá del espacio terapéutico;[5]posibilitaba orientar también un conjunto de experiencias muy destructivas, especialmente el padecimiento de torturas, hacia un espacio político y social que las resignificaba. Cuando la mayoría de la sociedad chilena empezó a expresarse abiertamente contra la dictadura, aproximadamente desde 1983, a través de las protestas nacionales, el testimonio dejó de tener la importancia terapéutica que tuvo en los años anteriores.

Otro aspecto relevante era lo que ocurría con los propios terapeutas. Las motivaciones para involucrarse en esa tarea por parte de trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, abogados y otros profesionales en los organismos de Derechos Humanos se fundaban en valores y en opciones vinculadas a sus compromisos históricos y políticos. La no neutralidad ética frente a la violencia y la violación de los derechos de las personas era un elemento distintivo del vínculo terapéutico y de la actitud de los profesionales, subrayando la imposibilidad de asumir una posición neutral frente a la represión política. Los y las terapeutas estábamos involucrados con nuestras capacidades profesionales y nuestras emociones, y también como ciudadanas y ciudadanos. Las condiciones de amenaza en las que se vivía eran actualizadas cotidianamente, apareciendo en las sesiones, lo que implicaba trabajar muchas veces con un contenido muy angustioso que provenía de la amenaza de la realidad externa, y que podía afectar a pacientes y terapeutas de una manera muy concreta. La percepción de la amenaza podía desencadenar también ansiedades ligadas a la propia biografía. Sin embargo, las angustias no se registraban expresamente de manera que permitieran procurarles contención, y no se habían previsto espacios de elaboración en las instancias institucionales. Probablemente, el carácter en extremo amenazante de la situación política y la relevancia atribuida a las motivaciones éticas de los terapeutas fomentaban una actitud de omnipotencia frente a este trabajo, como un factor cualitativamente relevante, que facilitaba negar la angustia inherente a la vida propia y al trabajo cotidiano. Esta actitud era observable también en la mayoría de los trabajadores de Derechos Humanos (Lira 1995).

Las condiciones de trabajo de los organismos de Derechos Humanos no permitían dar importancia al desgaste emocional de los profesionales ni tampoco al impacto de la escucha de historias terribles como consecuencia de trabajar con víctimas cuyas experiencias eran devastadoras. Las dificultades y la impotencia experimentadas podían ser atribuidas a las condiciones políticas y, más tardíamente, a las insuficiencias de las estructuras institucionales. La reacción espontánea frente a las dificultades tendía a ponerlas en el afuera, lo que posibilitaba unir al equipo y habilitarlo para expulsar lo contradictorio o conflictivo como no perteneciente al grupo, potenciando a su vez la omnipotencia como reacción que intentaba superar la impotencia que embargaba al equipo. Más de alguna vez, el equipo terapéutico se enfrentó a situaciones de amenaza. La reacción grupal implicó priorizar la protección de los consultantes, sin considerar los efectos en el equipo.

En este contexto específico, uno de los recursos desarrollados para enfrentar la angustia generada por este trabajo fue el intento de sistematizar y conceptualizar la experiencia de trabajo y denunciar lo que estaba sucediendo a las víctimas y a sus familias en instancias sociales, académicas e internacionales. Se escribieron trabajos, artículos y diversos documentos explicitando las consecuencias individuales y colectivas de la represión política y de situaciones traumáticas específicas como la tortura o la desaparición de personas (Lira y Castillo 1986; Lira, Weinstein y Kovalskys 1987). Al formular estas ideas, al situar estas experiencias en un marco conceptual, se ponía un límite a la angustia experimentada. Mediante las palabras, se dio un orden a la realidad aterrorizadora vivida por las víctimas y las terapeutas, posibilitando el encauzamiento de las ansiedades y confusiones generadas por este trabajo. Sin embargo, los escritos hacían referencia solamente a los pacientes. No se describían las dificultades de las y los terapeutas. El impacto transferencial y contratransferencial de la violencia, la agresión y la angustia que los pacientes llevaban a las sesiones estaba ausente. Al final de la dictadura se inició un conjunto de actividades de autocuidado y supervisión permanente, que permitieron, precisamente, identificar, procesar y asumir algunas de las dificultades descritas con anterioridad.

Esta revisión breve y sintética de lo que aprendimos requiere mencionar, además, los aspectos éticos incluidos en el trabajo terapéutico y psicosocial con víctimas de violaciones de Derechos Humanos que es necesario explicitar. En cada intervención se requiere garantizar el cuidado y bienestar de las personas y el respeto por su dignidad. Cada iniciativa de trabajo sobre los dolores y las pérdidas de las personas debe enmarcarse en esos principios, excluyendo todo aquello que puede volver a causar daño y dolor. Ello implica establecer los resguardos necesarios, a fin de que quienes implementen procesos terapéuticos o psicosociales sean competentes para ello, estén conscientes de sus límites y puedan pedir ayuda, si la necesitan. En el mismo sentido, se debe procurar el cuidado y autocuidado de quienes forman parte de los equipos, para evitar el desgaste emocional y otros efectos negativos asociados a este tipo de trabajo. Las consideraciones éticas mencionadas deben establecerse también para quienes realizan trabajos de investigación con víctimas, especialmente referidos a procesos de recuperación de memorias que se basan en testimonios. Se requiere garantizar que esos procedimientos no causarán daño y que respetarán la privacidad y el dolor de las personas. Es necesario, además, que quienes son entrevistados otorguen su consentimiento de ser grabados y registrados audiovisualmente, y se debe explicitar el uso posterior del material recogido, estableciendo con claridad las condiciones de confidencialidad, el almacenamiento, la propiedad de los datos y las condiciones de privacidad que se respetarán, en caso de eventuales publicaciones o difusión de las entrevistas.

La memoria de experiencias políticas traumáticas

El saber sobre lo traumático que hemos aprendido a través de la práctica clínica, nos ha mostrado que las experiencias de amenaza vital percibidas –es decir, la toma de conciencia de una amenaza a la existencia tal como la pensamos e imaginamos– alteran el funcionamiento de la memoria generando, en muchos casos, un olvido masivo que encapsula la totalidad de la experiencia y que se hace inaccesible a la conciencia, o que, por el contrario, se manifiesta como una amplificación de la memoria haciendo literalmente inolvidable lo vivido, en todos sus detalles y significaciones. Es decir, el recuerdo se impone, impidiendo cerrar la experiencia e invadiendo la vida del sujeto con imágenes recurrentes y angustias intolerables, que no dan tregua, ni en el sueño ni en la vigilia.

Nuestra práctica clínica mostró también que, especialmente en el tratamiento de personas traumatizadas, la catarsis –al recuperar los recuerdos reprimidos– era aliviadora e incluso podía incidir haciendo desaparecer algunos de los síntomas, pero este alivio era casi siempre transitorio. Observamos que el psiquismo se había reorganizado en función de la amenaza de muerte percibida, y no bastaba solamente con volver al momento de la amenaza. Se hacía necesario trabajar con la experiencia de casi muerte que había vivido la persona analizando cómo esa amenaza se había inscrito en su historia, cómo esa casi muerte había cruzado sus vínculos, su trabajo, sus sueños. Por lo mismo, la función de recordar lo reprimido y lo olvidado como estrategia curativa conducía a identificar la necesidad de procesar el conjunto de la experiencia en sus distintos contextos, teniendo como eje central el trabajo de la memoria de ese pasado en función de la vida.

La imposibilidad del olvido circunscrita a ciertas experiencias traumáticas abre la pregunta sobre el proceso inverso: ¿cómo posibilitar algún tipo de olvido, cuando la experiencia del tiempo traumático se impone como un presente interminable marcado por la imposibilidad de un simple transcurrir? Tomando en consideración este otro ángulo, se entienden mejor las explicaciones populares que vinculan la memoria con la evocación de los sufrimientos, y el alivio de éstos, con el olvido y la supresión de la memoria.

Las reacciones descritas tienen claves psicobiológicas que explican la memoria forzosa o la amnesia radical, y que, en último término, se encuentran asociadas a la supervivencia. De este modo, recordar u olvidar son alternativas complejas que se estructuran de acuerdo con la percepción consciente o inconsciente del sujeto de que su propia vida depende de olvidar o recordar, pero no siempre se trata de opciones; es decir, dentro de lo que sabemos, no se presenta claramente como una alternativa que el sujeto pueda elegir. La memoria al margen de la conciencia –de ese darse cuenta que opera como continuidad permanente en lo cotidiano– puede ser vivida como un recuerdo ajeno, sin sentido para el sujeto, y se hace inútil como recurso para el alivio de su ansiedad y temor, y, por tanto, infructuoso para la supervivencia. La psicobiología de la memoria nos indica que el recordar y el olvidar son el fruto de una red de conexiones, estructuralmente análoga en todos los seres humanos, pero diversa y diferenciada en cada uno, no solamente en la selección de lo que se recuerda sino también en como se recuerda (con imágenes, olores, impresiones, emociones, detalles o sentimientos gruesos que apuntan al significado de la experiencia y que queda fijado como una condensación individual). Algunas investigaciones recientes sobre la memoria concluyen que no es una facultad única sino que lo que llamamos memoria es el resultado de diferentes sistemas que dependen de distintas estructuras cerebrales. La flexibilidad o inflexibilidad, así como su accesibilidad, dependen de la integridad de los circuitos, pero también de la existencia de daños en las estructuras cerebrales que posibilitan su funcionamiento o de las experiencias traumáticas que los han alterado (Schacter y Scarry 2001).

Se ha llegado a saber que la memoria humana es el resultado de numerosos procesos simultáneos, desde los complicados circuitos neurobiológicos que la hacen posible hasta las interpretaciones y significados posteriores sobre las experiencias que la constituyen. Varios estudios han mostrado cómo testigos diversos, presentes en el mismo acontecimiento, no lo recuerdan de modo semejante ni tampoco lo distorsionan de forma idéntica. Hay un sello individual en recordar y olvidar selectivamente. Es más, diversos estudios de psicofisiología han demostrado que ningún estímulo es recibido pasivamente por las células nerviosas y que la respuesta a la luz, al sonido o la oscuridad es fruto de la “interpretación” individual de los estímulos, sobre la base de una estructura común a la especie humana. Esa estructura funciona a partir de la experiencia pasada, codificada en las conexiones nerviosas, y pone en marcha la red de dichas conexiones modificando la nueva información. La clave de estas miles de operaciones es la vida, la supervivencia.

Desde hace siglos la “memoria” se vincula a la vida social y política señalando la necesidad social de olvidar o recordar, en beneficio de la convivencia y la reconciliación política. Correr el velo del olvido o dictar leyes de olvido han sido expresiones que vienen desde el siglo XIX en la historia chilena y que han formado parte del discurso político en el pasado en otras sociedades, generando la expectativa de que los grandes conflictos se resolvían decretando la obliteración de la memoria de ellos.6 Es decir, decretando el olvido o dejando que el tiempo extinguiera la memoria, asumiendo que el olvido pacificaría los ánimos y las pasiones políticas. Sin embargo, este supuesto ha demostrado sus limitaciones tanto psicológicas como políticas. Por otra parte, la memoria de las víctimas es, en muchos casos, una memoria traumática, es decir, el sufrimiento y el miedo permanecen vívidamente presentes sin que el transcurso del tiempo altere ese recuerdo, pero simultáneamente sin que ese recuerdo pueda ser integrado en el conjunto de la vida y de las relaciones sociales. La emocionalidad que tiñe esos recuerdos tiene la intensidad producida por una o muchas experiencias percibidas como amenazadoras y con riesgo de muerte, a las que se asocian pérdidas o temor a la pérdida de personas y de afectos y relaciones significativos. Las evocaciones del pasado sintetizan y condensan esas experiencias, cuyo sentido surge del sufrimiento y del dolor de las pérdidas, pero también de las resistencias ante la represión y las amenazas y de las lealtades construidas con personas y grupos sociales en estos procesos y en el curso de la vida. La posibilidad colectiva de resolver ese pasado entretejido de experiencias personales y políticas implica reconocerlo como un asunto que no es únicamente privado y propio de las biografías e historias individuales sino que concierne también al ámbito social y público, y que puede ser resignificado en los rituales del reconocimiento social, en los procesos judiciales y en las medidas de reparación. Dicho de otra forma, el pasado compartido socialmente nunca deja de tener una dimensión privada y personal, pero cuando los mismos hechos sociales y políticos han modelado un conjunto de experiencias traumáticas para miles de personas, se construye un espacio común que marca las relaciones sociales y requiere ser elaborado en los ámbitos colectivo y personal.

La memoria colectiva de una nación se compone de memorias diversas y contradictorias, que intentarán prevalecer unas sobre otras después del conflicto (González 1996). La batalla de las memorias se apoya actualmente en la tecnología de las comunicaciones ampliando sus alcances y tejiendo redes en diversos ámbitos, asegurando formas de registro y de interpretación que se despliegan casi sin posibilidades de control y censura en internet. A diferencia de otras épocas, estas posibilidades han modificado los alcances de la expresión de las víctimas y del registro de su voz en la historia, haciendo una apelación ética y política en las sociedades de las que forman parte sobre las consecuencias de la violencia sobre sus vidas (Stern 2004 y 2006).

Como se ha dicho en distintos momentos y desde distintos enfoques teóricos y disciplinarios, la aseveración de los testigos constituye el material básico para una reconstrucción de lo “sucedido”, ya se trate de la historia de una familia, de un pueblo o de una nación, especialmente cuando sus testimonios son los únicos registros de hechos oprobiosos que han afectado a comunidades en conflicto. Esa verdad no existiría sin su palabra. En tiempos recientes, en muchos países, esos testigos han sido objeto de intentos sistemáticos de eliminación, tergiversación y suplantación de su palabra, mediante la negación social, la distorsión producida por la publicidad oficial y la descalificación de las palabras de las víctimas, considerándolas mentiras, agresiones al régimen en el poder o distorsiones que serían resultado de sus trastornos psicológicos.[7] Al mismo tiempo, las atrocidades cometidas han sido de tal magnitud que las campañas destinadas a poner en duda la palabra de las víctimas y de los testigos suelen tener resonancia en distintos sectores, y hasta hoy hay quienes no pueden creer que aquello efectivamente ocurrió. Esa visión se corresponde casi siempre con aquellos que se identificaron con las medidas represivas y las apoyaron considerándolas necesarias en función de la salvación de la patria. Sin embargo, la convergencia de los relatos de diversos testigos y la calidad de testimonios judiciales de muchos de ellos han contribuido a la credibilidad de lo sucedido a cientos de miles de personas, y también los testimonios recogidos en las comisiones de la verdad han confirmado que los hechos sucedieron y afectaron a personas concretas, con nombre y apellido.

Casi siempre, los hechos de violencia política que han generado muertes han dado origen a conmemoraciones, memoriales, sitios de memoria y diversas formas de memoria política iniciados por los familiares de los muertos o por miembros de las comunidades afectadas.

El pasado ha sido fechado, recordado y conmemorado para no olvidar (a los muertos, lo vivido, las pérdidas, el miedo…). Los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus amigos y personas cercanas declaran como postura ética (y política) no olvidar, invistiendo a la memoria de una fuerza política y cultural que se asocia con frecuencia al recuerdo de las víctimas, a la búsqueda de justicia, a la lucha por la paz, a la construcción y consolidación democráticas. La resistencia contra el olvido basada en el vínculo personal con los muertos y desaparecidos suele coexistir con una resistencia basada en la fidelidad y adhesión a sus creencias, ideas y valores y proyectos políticos. Este vínculo se traduce en una lealtad profunda que suele ser el motor de memorias militantes, que buscan trascender más allá de la represión y de la muerte. En algunos casos, expresan una dimensión del proceso de elaboración del duelo de las personas y familias, y, a veces, también surgen en los grupos políticos de los cuales formaron parte, como una deuda moral con aquellos que murieron en la lucha. Esas memorias mantienen el sentido de la causa por la que esas personas perdieron la vida y casi siempre coinciden en afirmar que se requiere recordar para asegurar que nunca más vuelvan a ocurrir tanta muerte, tanto dolor y miedo, tantas pérdidas.

La expresión nunca más se repite como un exorcismo y se asocia también a la expresión recordar para no repetir, afirmación familiar al saber psicoanalítico, que fundamenta la urgencia de examinar el pasado y reflexionar sobre él para proponer cambios en aquello que puede reproducir y activar el conflicto; sugiere recuperar la memoria sobre el pasado conflictivo y sus consecuencias, esperando que la comprensión del proceso y sus implicaciones pueda producir un cambio en las percepciones, en las conductas, en las emociones y, por tanto, en las relaciones sociales de la comunidad en la que se produjo la violencia. Pareciera existir la expectativa de que el conocimiento de la violencia represiva y sus consecuencias generaría una reacción de indignación moral ante la crueldad, y que ése sería el motor de una decisión política y moral de no repetir, de un nunca más, haciendo una analogía sugerente, aunque a veces excesiva, con los procesos psíquicos individuales.[8]

El deber de memoria y la memoria como un derecho

La memoria en el marco de políticas oficiales de memoria y de conmemoraciones forma parte del esfuerzo de las autoridades por establecer nuevas condiciones de convivencia política que reconozcan los agravios y busquen reparar a las víctimas. Hacen parte también de la memoria surgida desde las emociones y significados que tienen para las víctimas, las familias o una comunidad determinados sucesos o acontecimientos, que pueden ser reconocidos simultáneamente como hechos históricos de la nación y, a la vez, como sucesos y memorias de una comunidad particular. Casi siempre, los hechos se refieren a violencia y muerte, y se suelen recordar, casi únicamente, como agravios y pérdidas.

En la trayectoria de los familiares de las víctimas (denuncia, manifestaciones públicas, acciones judiciales) la memoria de lo sucedido surge desde la lealtad con las víctimas, asumida como un deber moral. Se trata de los familiares que buscan a sus desaparecidos, o que exigen los restos de sus familiares asesinados, o que denuncian las torturas de sus familiares y luchan por su liberación. Las acciones son una expresión del vínculo con la víctima y, al mismo tiempo, afirman las propias convicciones y valores, el sentido de las luchas, el costo de las pérdidas y la necesidad de trascender el momento amargo de la muerte, la incertidumbre y el dolor. Esta actitud ha sido descrita como el deber de memoria. El deber de memoria se funda en la lealtad y en los afectos con las víctimas, pero es también expresión de una responsabilidad social hacia la comunidad humana global, publicitando el conocimiento de esa violencia y sus efectos, y convocando a que ésta nunca más se repita. Estos propósitos se encuentran en las iniciativas de memorialización y sitios de memoria en varios países. El deber de memoria fue explicitado en los escritos de Primo Levi, sobreviviente del genocidio nazi, interpretando ese deber en función de las lealtades de los vivos con sus muertos (Levi 2006); se inscribe en una visión valorativa de las relaciones sociales basada en el respeto al otro, en su individualidad y diversidad, y en la esperanza de que la memoria contribuirá a erradicar la crueldad y el abuso por motivos políticos.

Esta visión se manifiesta principalmente en las acciones en relación con las víctimas, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, en la conmemoración de su ausencia, en las acciones públicas, hasta lograr identificar sus restos y conocer su destino final. Los procesos de memoria surgidos desde los vínculos con las víctimas han existido a lo largo y ancho del planeta; su persistencia en el tiempo surge desde la fuerza de su legitimidad afectiva y moral, tanto en América Latina como en otras latitudes. Así ha ocurrido con los familiares de muertos y desaparecidos durante de la Guerra Civil española y durante el franquismo, con familiares de los desaparecidos de la antigua Yugoslavia o del estalinismo (Merridale 2000).

La construcción de una memoria democrática, de un proceso de memoria basado en la reconstrucción de la historia y la memoria de la resistencia política a la opresión, y en la construcción democrática, funda su legitimidad en un eje complementario del anterior, puesto que las historias individuales y los testimonios de las víctimas definen el sentido ético de la memoria política, tal como se ha analizado hasta el momento. La propuesta conocida como Memorial Democrático de Cataluña es una expresión concreta de esta visión. Se trata de construir en España una memoria sobre un pasado conflictivo, que incluye la República, la Guerra Civil, la dictadura de Francisco Franco, la transición y la democracia, tropezando con amnistías y amnesias políticas en diversos momentos de los últimos 70 años.

La propuesta catalana afirma que la memoria es un derecho. A partir de esa visión (y convicción), diversos grupos, desde la sociedad civil, se propusieron fundar una política pública sobre la memoria. Argumentando el derecho a la memoria política han apelado a la expresión de los valores de la lucha democrática como patrimonio cultural para la democracia y la gobernabilidad. La propuesta del Memorial Democrático de Cataluña se funda en la convicción de que la convivencia democrática no se ve favorecida por la amnesia política de un pasado violento, sino al contrario. Se requiere, señalan, un diálogo permanente entre la disciplina histórica y el testimonio de la vivencia, entre el conocimiento científico y la memoria:

El Memorial Democrático se ha concebido como un observatorio de los valores de la democracia y un motor de iniciativas destinadas a mantener la memoria histórica. Como una herramienta del gobierno para transmitir a las nuevas generaciones los fundamentos históricos de nuestro sistema de libertades y garantías sociales. […] La finalidad última de una política pública de la memoria democrática es proclamar solemnemente la vigencia de los valores democráticos como fundamento del modelo de organización y de convivencia de la sociedad catalana actual. Es, también, proclamar la voluntad de proyectar estos valores hacia el futuro. A esta función de afirmación, el Memorial le añade la de desagravio y homenaje a todas las víctimas directas o indirectas de la lucha por la democracia, mínimo gesto que merecen como depositarias de una memoria silenciada, si no negada.

Proclamar y rememorar –conmemorar en definitiva– son acciones que confieren al Memorial naturaleza de monumento en el sentido más radical del término: aquella obra humana edificada con la finalidad precisa de conservar vigente, en la conciencia de las generaciones futuras, el recuerdo de un acontecimiento o de un proyecto de futuro, o bien de ambas cosas a la vez.[9]

La propuesta del Memorial Democrático de Cataluña afirma, además, que las nuevas instituciones democráticas requieren de una condena política formal de los regímenes dictatoriales anteriores, para legitimar institucionalmente una política oficial de recuperación de la memoria democrática.

A modo de conclusiones

Es importante recordar que las víctimas y sus familiares han luchado en decenas de países, durante décadas, buscando verdad y justicia, como dijimos al comienzo. El esfuerzo inicial era lograr que se reconociera la detención y luego la desaparición de sus familiares como hechos sucedidos efectivamente, enfrentando la negación oficial, incluso a riesgo de sus vidas. Ha sido habitual que las autoridades declararan, a pesar de las evidencias en contrario, que los hechos no tuvieron lugar. El primer objetivo de las víctimas ha sido, entonces, que las autoridades y los tribunales de justicia reconocieran la existencia de los hechos que las habían afectado.

Al instalarse los gobiernos de transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, las expectativas de los grupos y asociaciones de víctimas son, precisamente, que se reconozca lo que les ocurrió a ellos mismos o a sus familiares, que se reconozcan sus derechos y que se repudie, formalmente, la política de violaciones de Derechos Humanos. En muchos países la condena moral y política de los crímenes cometidos se ha expresado en las declaraciones y discursos de las autoridades que asumen el poder después del conflicto, representando a las fuerzas políticas opositoras y denunciando las violaciones de Derechos Humanos cometidas.

En Chile, después del final del régimen militar, el primer gobierno de la transición estableció una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación destinada a identificar los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de violencia política (1990-1991). Trece años después se estableció una Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (2003-2005).[10] La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, así como la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, señalaron en sus conclusiones que las violaciones de Derechos Humanos tuvieron efectos devastadores en las víctimas y en la convivencia social de la sociedad chilena, y rechazaron moral y políticamente que desde el Estado se hubiesen diseñado políticas sistemáticas de represión política utilizando la tortura y la desaparición de personas. Sin embargo, y paradójicamente, esos informes y las voces de las víctimas se suelen cerrar en el mismo momento en que se dan a conocer, y en poco tiempo se transforman en documentos simbólicos que concentran el horror del pasado pero no logran despertar un interés memorial, precisamente por su penoso contenido, incluso entre las propias víctimas.

Esas reacciones contribuyen a que esta historia sea, haya sido y siga siendo abrumadora no sólo para las víctimas sino para grandes grupos sociales en cada sociedad, precisamente porque esas historias se congelan en el momento del horror. Por otra parte, la formulación del deseo de Nunca más respecto al pasado oprobioso es una invitación a recordar para aprender de esta experiencia en el ámbito social y político, convocando a una nueva forma de convivencia. Estos dos movimientos no parecen encontrarse. Sin embargo, uno y otro no tienen mayor relevancia y efectividad para asumir (y superar) el pasado mientras no den curso a procesos que permitan grados de elaboración de lo vivido, padecido, renegado y destruido, es decir, procesos que posibiliten formas intencionadas de elaboración emocional y moral por parte de las y los afectados que faciliten construir una memoria común, con el propósito de sanarse ellos mismos e introducir procesos que apunten a la sanación de la vida social. De este modo, memoria y reparación social, procesos terapéuticos y proceso social democrático se vinculan y entretejen.

La reparación supone los debidos procesos legales, en el marco jurídico de cada país y de sus posibilidades políticas, aunque no se agota en ellos. Supone la construcción de una cultura democrática, fundada en el respeto intrínseco a los Derechos Humanos de cada uno, incluido el derecho a un debido proceso de los victimarios. Implica también una elaboración social del sufrimiento y de la violencia en el ámbito cultural reconociendo que esto ocurrió entre nosotros y que es lo que queremos que no vuelva a ocurrir. Cada víctima tiene derecho a que su historia y su padecimiento sean reconocidos como una injusticia y como una violación a sus derechos; que la sociedad le otorgue una reparación que incluya espacios de reflexión y elaboración en todos los niveles de contexto implicados, y que la memoria política conserve su nombre y su historia como elementos indispensables para sostener una memoria democrática que garantice el respeto y la dignidad de las personas en todo momento y circunstancia, ahora y en el próximo futuro. Cada país y cada comunidad humana son desafiados a construir la paz basada en la verdad de lo sucedido y en el reconocimiento y reparación de las víctimas, dejando atrás las fórmulas políticas que fundaron la paz en la impunidad de crímenes atroces, sembrando resentimientos y favoreciendo el resurgimiento de los odios y las venganzas y la recreación de la violencia con afanes justicieros, por ausencia de justicia.

REFERENCIAS

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3. Bauleo, Armando. 1969. Grupo Operativo. Cuadernos de Psicología Concreta I, No. 1.

4. Bauleo, Armando. 1971. Ideología, grupo y familia. Buenos Aires: Ediciones Lombardi de Kargieman.

5. Bettelheim, Bruno. 1973. El corazón bien informado. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

6. Bettelheim, Bruno. 1982. Sobrevivir, el Holocausto una generación después. Barcelona: Crítica.

7. Bléger, José. 1977. Grupo de la enseñanza. Montevideo: Editorial Punto 2 – Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP).

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9. Castilla del Pino, Carlos. 1972. Dialéctica de la persona. Dialéctica de la situación. Barcelona: Alianza Editorial.

10. Castilla del Pino, Carlos. 1974. Estudio sobre la depresión. Barcelona: Alianza Editorial.

11. Cienfuegos, Ana Julia y Cristina Monelli. 1983. The Testimony of Political Repression as a Therapeutic Instrument. American Journal of Orthopsychiatry 53: 43-51.

12. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 1989. Efectos de la impunidad en el sujeto y en el cuerpo social. En Derechos Humanos: todo es según el dolor con que se mira, ed. ILAS, 163-175.Santiago: Ediciones ILAS.

13. Comisión de Derechos Humanos (ONU). 2009. El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2003/34 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2003.34.Sp?Opendocument(Recuperado el 6 de octubre de 2009).

14. Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. 2004. http://www.comisiontortura.cl/listado_informes.html (Recuperado el 6 de octubre de 2009).

15. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991. http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html (Recuperado el 6 de octubre de 2009).

16. Garcés, Mario y Nancy Nicholls. 2005. Para una historia de los DD. HH. en Chile: historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), 1975-1991. Santiago: LOM.

17. González, Fernando. 1996. La guerra de las memorias. Psicoanálisis, historia e interpretación. México D.F.: UNAM -Plaza y Valdés.

18. Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS). 1989. Derechos Humanos: todo es según el dolor con que se mira. Santiago: Ediciones ILAS.

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21. Langer, Marie (Comp.). 1987. Cuestionamos. Buenos Aires: Ediciones Búsqueda.

22. Langer, Marie. 1981. Memoria, historia, y diálogo psicoanalítico. México: Folios.

23. Levi, Primo. 2006. Deber de memoria. Barcelona: Editorial Libros de Zorzal.

24. Lira, Elizabeth. 1995. The Development of Treatment Approaches for Victims of Human Rights Violations in ChileEn Beyond the Trauma. Selected Papers from the First World Conference on Traumatic Stress, eds. Rolf Kleber, Charles Figley y Berthold Gerson, 115-127. Nueva York: Plenum Press.

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28. Lira, Elizabeth, Eugenia Weinstein y Juana Kovalskys. 1987. Subjetividad y represión política: intervenciones terapéuticas. En Psicología política latinoamericana, eds. Maritza Montero e Ignacio Martin-Baró, 317-346. Caracas: Ediciones Panapo.

29. Lira, Elizabeth y Brian Loveman2005. Políticas de reparación. Chile: 1990-2004. Santiago: LOM – Universidad Alberto Hurtado.

30. Martín Baró, Ignacio. 1990. Psicología social de la guerra. San Salvador: UCA Editores.

31. Merridale, Catherine. 2000. Night of Stone. Death and Memory in Twentieth-Century Russia. Londres: Penguin Books.

32. Quiroga, José. 2005. Experiencia con sobrevivientes de tortura que han migrado a California. En Derechos Humanos y reparación. Una discusión pendiente, eds. Elizabeth Lira y Germán Morales, 117-130. Santiago: LOM – Universidad Alberto Hurtado.

33. Schacter, Daniel y Elaine Scarry (Eds.). 2001. Memory, Brain and Belief. Cambridge: Harvard University Press.

34. Stern, Steve. 2004. Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London 1998. Durham: Duke University Press.

35. Stern, Steve. 2006. Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1988. Durham: Duke University Press.

36. Todorov, Tzvetan. 2000. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

37. Weinstein, Eugenia, Elizabeth Lira y María Eugenia Rojas. 1987. Trauma, duelo y reparación. Santiago: FASIC – Interamericana.


[*] La investigación para este artículo ha sido realizada en el marco del proyecto “memoria y Justicia” patrocinado por la Fundación Ford en la Universidad Alberto Hurtado.«« Volver

[**] Psicóloga Terapeuta Familiar, Magister en Ciencias del DesarrolloDirectora del Centro de Ética, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Psicología, ética y seguridad nacional: el rol de los psicólogos. Psykhe 17, No. 2: 5-17, 2010; y Chile: dilemas de la memoria política. En Políticas Públicas de la Memòria I Coloquio Internacional Memorial Democràtic Barcelona, eds. Jordi Guixé Coromines y Montserrat Iniesta,39-83. Barcelona: Editorial Milenio – Memorial Democratic, 2010. Correo electrónico: elira@uahurtado.cl.«« Volver

[1] En octubre de 1973 la Iglesia católica, la Iglesia luterana, la Iglesia metodista, la Iglesia ortodoxa y la comunidad judía crearon el Comité de Cooperación para la Paz, a fin de prestar servicios de defensa legal y atención social. Al cierre de esta iniciativa, en 1976 el arzobispo de Santiago creó la Vicaría de la Solidaridad con esos propósitos, que duró hasta 1992.«« Volver

[2] Una investigación realizada entre 1989 y 1992 descubrió que todos los grupos de salud mental que atendían víctimas tenían un enfoque semejante (Agger y Jensen 1996).«« Volver

[3] Ver http://www.autonomiayemancipacion.org/Biblioteca/D-4/Los%20condenados%20de%20la%20Tierra%20-%20Fanon.pdf«« Volver

[4] Parte del equipo que inicialmente formaba parte de FASIC constituyó el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, una ONG que estaba compuesta únicamente por profesionales de salud mental. El equipo publicó artículos y libros acerca de su trabajo, que se incluyen en la bibliografía.«« Volver

[5] Las denuncias eran enviadas a los relatores especiales del caso de Chile de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La votación anual en la Asamblea General, que condenaba las violaciones de Derechos Humanos en Chile, era percibida como un logro personal y como el resultado de los testimonios enviados. Ver también http://www.umatic.cl/histch7.html (último acceso, 21 de junio de 2010).«« Volver

[6] El Edicto de Nantes, que estableció la tolerancia religiosa en Francia en 1598, empezaba señalando que la memoria de todo lo acontecido entre las partes desde el inicio del mes de marzo de 1585, “permanecerá borrada y extinguida, como cosa no sucedida”. Ver http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit_nantes.htm«« Volver

[7] Todorov (2000) advirtió sobre la supresión de la memoria como una acción política realizada en diversas culturas ante los conflictos como una forma de instalar una visión del pasado a favor de los vencedores. Entre ellos, los conquistadores españoles que destruyeron los vestigios de la antigua grandeza de los vencidos.«« Volver

[8] Asociación Psicoanalítica Argentina (1986). Este documento, publicado poco después del final de la dictadura militar, constituye una contribución para pensar las políticas de la transición y la memoria.«« Volver

[9] http://www.gencat.cat/generalitat/cas/govern/infocatalunya/08_infocat/04.htm (último acceso,10-12-09).«« Volver

[10] Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tres tomos. Santiago, 1991. Ver http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html; Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Edición oficial, 2005. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/home/port/torturas.html (último acceso, 12-01-10).«« Volver

La secreta obscenidad de la Historia de Chile contemporáneo. El informe Church

La secreta obscenidad de la Historia de Chile contemporáneo

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“LA SECRETA OBSCENIDAD DE LA HISTORIA DE CHILE CONTEMPORÁNEO”
Luis Corvalán Marquez

El 18 de diciembre de 1975, el senador norteamericano Frank Church dio a la luz pública un documento que para los chilenos tiene la mayor significación. En él se expusieron los resultados de las investigaciones que llevara a cabo una comisión del Senado de los EE.UU. sobre las actividades clandestinas que durante diez años el gobierno de ese país realizara en Chile. El documento recibió el título de Acciones encubiertas en Chile, 1963-1973. Sin embargo, es más conocido por el nombre de Informe Church. Años después, en febrero de 1999, con posterioridad a la detención del general Pinochet en Londres, el tema se vio reavivado en los EE.UU., fue así como el Senado de ese país aprobó una enmienda a través de la cual se exigía al gobierno norteamericano que presentara un informe escrito sobre las operaciones encubiertas que llevara a cabo la CIA en Chile. Como resultados de ello se desclasificaron cerca de tres mil documentos secretos de distintas agencias norteamericanas. El Informe Church y los documentos norteamericanos desclasificados muestran una realidad sorprendente, sobre todo cuando ponen en evidencia el carácter integral que la intervención de los EE.UU. tuvo en Chile. Este libro intenta poner de relieve lo que algunos de esos documentos nos informan y de visualizar a la luz de ellos los procesos políticos que se dieran en el país entre comienzos de los sesenta y mediados de los setenta del siglo XX.

Luis Corvalán Marquez
Profesor; Magíster Artium en Historia con mención en Historia de Chile por la Universidad de Santiago, y Doctor en Estudios Americanos con mención en Pensamiento y Cultura en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACh. Es académico en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. También imparte docencia en el Departamento de Historia de la USACh. Se ha orientado al estudio de la historia política y de las ideas de Chile contemporáneo y a la historia de las ideas en Latinoamérica. Ha participado en Congresos, dirigido investigaciones y tesis de titulación sobre estas materias y ha publicado sobre las mismas en diversas revistas especializadas. Es autor de los siguientes libros: Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre. Contribución al estudio del contexto histórico. Universidad Bolivariana, 2004. [CESOC, 2000]; Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Izquierda, centro y derecha en la lucha por los proyectos globales. 1950-2000. Ed. Sudamericana, 2002; Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-1931. Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez, 2009; Manuel Rodríguez, más allá del mito. Editorial de la USACH, 2009 y de Centenario y Bicentenario: los textos críticos. Ed. Universidad de Santiago, 2012

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El caso Pinochet: lecciones de la lucha transnacional contra la impunidad (Borrador)

El caso Pinochet: lecciones de la lucha transnacional contra la impunidad (Borrador)

Institute for Policy Studies. Virginia M. Bouvier

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a la reacción internacional única al golpe y a las violaciones de los derechos humanos en Chile?

La reacción internacional frente al golpe en Chile fue inmediata y arraigada en una serie de condiciones y alianzas establecidas en las décadas previas y después del golpe, tanto como factores internos y externos. Estas condiciones contribuyeron a la consolidación de nuevas normas, relaciones, e instituciones que más tarde formarían la base para un ambiente que apoyara la detención de Pinochet en Londres y los esfuerzos posteriores y actuales de buscar la justicia en el caso chileno en Inglaterra, en España, en Bélgica, en los Estados Unidos, y en muchas otras partes del mund13o.

Primero, existían muchos lazos entre Chile y el exterior antes del golpe. Entre todos los países latinoamericanos, Chile ya había atraído un interés particular en la comunidad internacional a partir de los años cincuenta, cuando fundaciones como la Ford y la Rockefeller, tanto como las organizaciones como UNESCO, UNICEF, US AID, la Alianza para el Progreso, la OEA, y una variedad de gobiernos e instituciones europeas establecieron sedes, institutos y programas de investigación, intercambio, y enseñanza en Chile. En aquella época se inició organizaciones como la FLACSO y programas de intercambio tales como el establecido entre la Universidad de Chile y las universidades de California.

Éste, financiado con $10 millones de la Fundación Ford, resultó entre otras cosas en licenciaturas y doctorados para más de 125 profesores chilenos entre 1965 y 1978 (Puryear). Tales programas fortalecieron los vínculos institucionales y el intercambio de conocimientos entre Chile, Europa y los EEUU, y promovieron también la creación de redes profesionales, académicas, científicas y técnicas, tanto como relaciones personales entre chilenos y gente del exterior.

En las vísperas de la revolución cubana, los EEUU buscó ofrecer alternativas al comunismo en América Latina. Chile, donde la izquierda tenía un arraigo fuerte, fue la vitrina de la Alianza para el Progreso. Entre 1962 y 1969, Chile recibió más de un billón de dólares de asistencia, préstamos, y donaciones de los Estados Unidos -más per cápita que cualquier otro país en el hemisferio- (U.S. Senate,1975). Centenares de norteamericanos fueron a Chile en los años sesenta para participar en el Cuerpo de Paz. Los bancos privados habían abierto posibilidades de crédito para el desarrollo en Chile en los años sesenta y había mucha inversión extranjera en el país -un factor que complicaría las campañas internacionales tanto como la política chilena-.

Chile estaba repleto de gente de otros países. La nueva Junta condenó la presencia de algunos 10,000 extranjeros a quienes llamó “extremistas,” y quienes prometió expulsar. (Washington Post, 15 septiembre 1973). Estos extranjeros incluyeron un sinnúmero de latinoamericanos -de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- que habían encontrado amparo en Chile de la represión política en sus propios países. Había además en Chile y el Cono Sur refugiados criminales que participaron en la persecución de los judíos bajo el régimen nazi en Alemania. Su presencia ya había despertado un interés por parte de los llamados “cazadores de Nazis” que mantuvieron sus presiones durante el régimen militar de Pinochet. (“Jewish Group Asks Chile to Extradite Walter Rauff”, Sept. 6, 1972)

El carácter internacional de las iglesias, los partidos políticos y los sindicatos -instituciones fuertes en la historia de Chile – ofrecían redes de organización y amparo importantes y ya establecidas. Muchos misioneros extranjeros vivían en Chile. Los vínculos entre las iglesias americanas y europeas se habían profundizado a raíz de la conferencia episcopal latinoamericana en Medellín en 1968, cuando los obispos se pronunciaron a favor de la opción preferencial para los pobres. Se vio una proliferación en Chile (y Brasil) de comunidades de base inspiradas en la nueva “teología de la liberación” y estos experimentos atraían la atención de gente de afuera y llamaron a un nuevo tipo de misionero dispuesto a comprometerse a vivir entre los pobres. También en 1971 se estableció Serpaj como un movimiento panamericano a favor de la justicia social y la no-violencia activa que creó otra red de comunicación y de confianza y relaciones personales que serían importantes en el período después del golpe. (Pagnucco)

Los cambios en la iglesia contribuyeron a un ambiente eclesiástico que apoyó una posición menos ligada al apoyo de las élites tradicionales y más dispuesta a defender los derechos del pueblo frente al dictador venidero. Este espíritu ecuménico resultó en la creación de respuestas conjuntas de las iglesias y grupos religiosos tales como el Comité CONAR y COPACHI, y la Vicaría de la Solidaridad, institución protegida por la Iglesia Católica que empleó en su cenit algunas 200 personas con un apoyo de $2 millones anuales del exterior. (Puryear)

Mucho antes del 11 de septiembre de 1973, Chile ya había despertado un interés intelectual, político, e ideológico por su experiencia con un sistema democrático que había permitido cambios políticos entre sectores de la derecha, izquierda, y centro por la vía electoral. Cuando llegó Salvador Allende– un socialista cuya trayectoria democrática era conocida — a la presidencia, muchos intelectuales extranjeros ya estaban en Chile o se fueron para allá para observar o participar en la “revolución pacífica” que Allende proponía llevar a cabo.

Con Allende, Europa parece haber descubierto a Chile. Pablo Neruda, en Confieso que he vivido memorias, escribió que bajo Allende:

afiche1El nombre de Chile se había engrandecido en forma extraordinaria. Nos habíamos transformado en un país que existía. Antes pasábamos desapercibidos entre la multitud del subdesarrollo. Ahora por primera vez teníamos fisonomía propia y no había nadie en el mundo que se atreviera a desconocer la magnitud de nuestra lucha en la construcción de un destino nacional. (Neruda 465)

Entre los partidos políticos, los comunistas, socialistas, social-demócratas, y demócrata-cristianos tenían vínculos fuertes con el exterior, sobretodo en Europa, donde estos vínculos se habían fortalecido durante la época de Allende..

Neruda observó que:

Todo lo que acontecía en nuestra patria apasionaba a Francia y a Europa entera. Reuniones populares, asambleas estudiantiles, libros que se editaban en todos los idiomas, nos estudiaban, nos examinaban, nos retrataban. … La ardiente simpatía hacia Chile se multiplicó con motivo de los conflictos derivados de la nacionalización de nuestros yacimientos de cobre.

En el caso de los sindicatos, muchos en el exterior ya habían movilizado para apoyar las demandas de los trabajadores bajo la administración de Allende cuando él tomó una posición fuerte frente a las compañías multinacionales

Apartado 2

Aparte de esa trayectoria de lazos, había condiciones internas y externas que facilitaron una reacción internacional al golpe y los abusos que ocasionó. Primero, un golpe militar en Chile era fuera de costumbre. La naturaleza de la cultura chilena política, su historia democrática de constitucionalismo, su tradición de participación activa en la vida electoral, y su tradición de una prensa libre e independiente, tanto como las normas del estado de derecho garantizadas por la Constitución de 1925 y la costumbre del control civil de los militares- puso de relieve el choque dramático del derrocamiento de un líder electo del pueblo y el establecimiento de un régimen militar que asumiera el poder por la fuerza. Además el uso descarado de la tortura, la detención-desaparición, y el exilio forzado como instrumentos del poder político violó la tradición chilena, las sensibilidades humanas, y las normas internacionales.

La naturaleza del golpe no dejó espacio para la especulación. No había una erosión gradual de las estructuras democráticas como en Uruguay o Perú. En Chile quedó claro desde el inicio que el golpe militar era el inicio de un ataque simbólico tanto como físico al tejido social de Chile. Primero, el golpe en sí era brutal y comunicó las intenciones del nuevo régimen sin ambages. Se bombardeó La Moneda, se desmanteló el Congreso, se eliminó abruptamente los medios libres de comunicación al mandar cerrar 26 periódicos y revistas, se persiguió al liderazgo y a las bases de la administración anterior, y se prohibió los sindicatos y el derecho a la asamblea. De los miles que detuvieron en el Estadio Nacional, algunos, como Adam y Patricia Garrett-Schesch, estudiantes graduados de la Universidad de Wisconsin, lograron escapar y dar testimonio de las ejecuciones que habían presenciado. (Washington Post, 24 septiembre 1973)

Aparte de la historia democrática de Chile, el choque del golpe, y la ferocidad de la represión, la asociación creciente del régimen con la figura de Pinochet en el año después del golpe contribuyó a la consolidación de los esfuerzos nacionales e internacionales en su contra. Como la institución militar chilena se consideró una de las más jerárquicas del mundo con una orden rígida y establecida, fue lógico atribuir al comandante-en-jefe la autoridad y responsabilidad definitiva de lo que pasaba en el país. Desde la primera etapa -no como en Perú, Brasil, Uruguay, o Argentina, donde hubo una difusión del liderazgo militar- se asoció el régimen militar en Chile con una sola personalidad.

La política de relegar a los opositores al exilio también contribuyó a la reacción internacional al golpe por dos razones principales. Primero la gente recurrió a las Embajadas para ayuda, dando a conocer de inmediato la brutalidad del régimen al mundo diplomático. Algunos diplomáticos que intentaron ayudar, como el embajador sueco, Harald Edelstam, fueron expulsados luego por la nueva Junta, y se dedicaron a luchar para la restauración democrática. Segundo, miles de chilenos salieron de Chile a vivir en Europa, América del Norte, Australia, y otros países de América Latina, donde difundieron información, formaron amistades, y en el mejor de los casos, generaron apoyo y solidaridad y contribuyeron a los esfuerzos de aislar al dictador. Los diplomáticos chilenos en Ginebra, Estocolmo, México, Caracas, y otras ciudades del mundo presentaron sus renuncias con el golpe y muchos se quedaron en el exterior. Si agregamos los chilenos que tenían que salir por razones económicas, INCAMI, una organización católica chilena, calcula que un millón de chilenos salieron de Chile en los primeros tres años después del golpe. (Kay 1987, p. 50-51)

Aparte de las capacidades individuales de los exiliados, algunos también ya tenían vínculos en el exterior a través de fundaciones, instituciones y asociaciones académicas (como LASA en los Estados Unidos), partidos políticos, iglesias, y otras organizaciones internacionales. Ayudados por estas redes internacionales, algunos consiguieron puestos en universidades o en organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco InterAmericano de Desarrollo, y la Organización de Estados Americanos, desde donde buscaron mecanismos para resistir la nueva orden política introducida con el golpe.2820a

Paradójicamente, en los Estados Unidos algunos chilenos podían aprovechar del espacio creado en las universidades por parte de la lucha de los chicanos y afro-americanos durante los años sesenta. Con los programas de acción afirmativa, la llegada de los chilenos coincidió con cierta abertura a las minorías étnicas en muchos campos.

Los chilenos exiliados rápidamente sirvieron de nexo entre Chile y el exterior. Se establecieron grupos de solidaridad con Chile, muchos iniciados por chilenos desterrados, en más de 80 países del mundo. (Ropp y Sikkink 1999, p. 176) En Francia, se organizó 400 comités de apoyo de los chilenos en los primeros cinco meses. (Chile Newsletter, febrero 1974, 1:4.) En Inglaterra, se formó la Chile Solidarity Campaign (CSC) inmediatamente después del golpe, y algunos meses más tarde el más amplio Chile Committee for Human Rights. En ciudades por todo el mundo, surgieron otros comités parecidos. Algunos, como los comités de NICH (Non-Intervention en Chile), tenían vínculos con los partidos políticos -en este caso, el MIR- en Chile, y otros buscaron crear alianzas multi-partidarias.

En el mundo cultural también había muchos contactos globales. Figuras culturales como Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti-Illimani, y Patricio Manns ya habían llamado la atención del mundo con la nueva canción chilena, y cuando se derrocó a Allende, algunos de estos músicos se encontraron en una gira en Europa desde donde siguieron con una nueva misión de concientización.

La cultura jugó un papel importante en la sensibilización de la comunidad nacional e internacional a los efectos de la dictadura. Primero, la cultura sirvió de pájaro en las minas, y cuando se torturó hasta la muerte al poeta y cantor, Víctor Jara, en el Estadio Nacional — con tantos otros -y se condenó a los Inti Illimani y los Quilapayún al destierro- se concientizó al público y estimuló la solidaridad de un sector importante del mundo artístico.

En los Estados Unidos, músicos como Holly Near, Arlo Guthrie, Ronnie Weaver, y Pete Seeger dieron a conocer al público la tragedia que se vivía en Chile. Joan Báez cantó el poema de Violeta Parra, “Gracias a la Vida.” Pete Seeger adaptó y cantó el poema, “Estadio Chile,” de Víctor Jara (quien décadas antes había introducido a Chile la versión castellana de “If I had a Hammer.” Holly Near, invitada por Alive, un grupo femenino de jazz, escribió una canción que mencionó por nombre una lista de las mujeres desaparecidas en Chile. Sweet Honey in the Rock rindió su escalofriante “Chile, Your Waters Burn Red Through Soweto.” Menos de dos semanas antes de su asesinato, Orlando Letelier habló en un evento organizado por el National Coordinating Center in Solidarity with Chile, Chile Democrático, y el Chile Committee for Human Rights, en Madison Square Garden en el cual figuraron Joan Báez y Pete Seeger. Y muchos de los que han cantado en una nueva honda musical a favor de los derechos humanos -Jackson Browne y Sting, entre otros- cantaron de Chile y Pinochet.

Las peñas, establecidas por chilenos en muchas partes del mundo, ofrecieron también un lugar de solidaridad y compañerismo donde a la vez recaudaron fondos para los presos políticos y la resistencia a la dictadura e invitaron la participación de colaboradores. Actores y dramaturgos — pienso en Michelle Feiffer, Martin Sheen, Jack Lemon, Mike Farrell — también mostraron interés en el caso chileno y utilizaron su estatus en la sociedad norteamericana para educar al público.

Las películas (tales como “Battle of Chile,” “Missing,” “Il Postino,” y “Death and the Maiden”), poesía, drama (pienso en “Tres Marías y una Rosa”), novelas (como La casa de los espíritus), revistas, música, baile, y artes gráficas (como el de René Castro y Naúl Ojeda, el uruguayo recién fallecido) y artes plásticas consiguieron dar cara, cuerpo, y voz a la población chilena.

Apartado 3

La represión organizada bajo la Operación Condor llegó al exterior y atacó a la soberanía de otros países al transgredir las fronteras de Chile. Las más conocidas de sus actividades que provocaron respuestas internacionales incluyeron: el asesinato por la DINA en 1974 de General Carlos Prats (el precursor de Pinochet) y su esposa en Buenos Aires; el asesinato fracasado en el mismo año en Roma de Bernardo Leighton, líder demócrata-cristiano y exVice-Presidente de Chile; el aplan-condorsesinato en septiembre de 1976 de Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores con su colega, Ronni Moffitt, en Washington, D.C., el secuestro y detención de docenas de chilenos en otros países del Cono Sur.

El Institute for Policy Studies (IPS) había invitado a Orlando Letelier a trabajar con él para iniciar centros transnacionales de investigación — resultado en parte de una relación iniciada cuando el cineasta Saul Landau lo conoció cuando Orlando era embajador en Washington. Su muerte y la de otra colega de IPS, Ronni Moffitt, profundizaron el compromiso institucional de IPS tanto como el compromiso personal de muchos que los conocieron o que trabajaron con ellos o sobre el caso chileno.

Aparte de la represión a los exiliados del exterior, la dictadura eliminó a muchos residentes extranjeros en Chile, tales como Frank Teruggi, Charles Horman, Sheila Cassidy, y Carmelo Soria. Si bien la represión contra los chilenos propios era mucho más extensiva, estos ataques legitimaron desde el primer momento el activismo de gobiernos extranjeros en el caso chileno en un momento cuando no había desarrollado un consenso en la práctica como el que existe hoy sobre la universalidad de los derechos humanos y el derecho de la comunidad internacional de opinar cuando un gobierno no cumple con sus deberes de proteger y promover los derechos humanos de sus ciudadanos. 4 (“24 Chilean and Uruguayan Refugees Abducted in Argentina,” Washington Post, 12 June 1976.)

Uno de los factores externos que contribuyó a la respuesta extraordinaria al golpe fue que el golpe se dio en un momento histórico propicio para una resistencia internacional. Los años sesenta era un momento histórico de mucha energía social. Había una nueva concientización del poder del pueblo, de optimismo y esperanza, de fe en las posibilidades de los cambios sociales.

En los Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, los estudiantes se habían organizado, los movimientos sociales de la no-violencia activa habían contribuido a parar la guerra en Vietnam, se había logrado avances en los derechos civiles para las minorías étnicas estadounidenses y para las mujeres en muchas partes, se estaba organizando a favor de la independencia de las colonias africanas y en contra del sistema de apartheid en África del Sur. Era un momento de abertura a las ideas progresistas y de visiones alternativas.

Apartado 4

Paradójicamente el papel de los Estados Unidos respeto a Allende y a Pinochet contribuyó al interés en el caso chileno y al enfrentamiento ideológico. Seis meses antes del golpe se había abierto una investigación en el Senado de los Estados Unidos sobre la intervención de la CIA y las compañías multinacionales (ITT, Kennecott, y Anaconda) en la política chilena. En este contexto, las revelaciones sobre la manipulación extensiva de la política interna de Chile a partir de los años sesenta, tanto como la actitud y el papel de la administración de Nixon y de la CIA en el derrocamiento de Allende, la arrogancia de Henry Kissinger, el subsiguiente apoyo abierto a Pinochet, y consiguieron enardecer mucha oposición doméstica en el público tanto como en el Congreso norteamericano. Un sentido de responsabilidad, rabia, y vergüenza motivaron a muchos norteamericanos.

Después del fracaso en Vietnam y el escándalo de Watergate, el público norteamericano eligió al Congreso norteamericano algunos representantes que una nueva clase de políticos– los llamados “Watergate Babies” -que exhibió una conciencia crítica respeto al papel estadounidense en el mundo y buscaba hacer nuevos caminos en su política exterior. El Congreso entonces se hizo sitio del debate ideológico sobre la política estadounidense de apoyar a las dictaduras- tales como se había apoyado en Vietnam. Estas políticas de apoyar dictaduras militares en nombre del anti-comunismo y la doctrina de la seguridad nacional se había visto en décadas anteriores en América Latina -en Guatemala y Paraguay (1954), Brazil (1964), la República Dominicana (1965), Bolivia (1972) y pocos meses antes del golpe chileno, en Uruguay (Junio 1973). El caso chileno, sin embargo, dio impulso y enfoque para una reevaluación de esta política.

2. ¿Cuáles eran algunas de las campañas exitosas de solidaridad transnacional durante la época de Pinochet?

Primero habría que definir lo que constituye un éxito, y creo que estas definiciones son múltiples, y cambiaron según la época y según las campañas. Tendría que decir que hubo victorias de varios tipos. Victorias simbólicas, triunfos sustantivos, y concesiones temporales. Al nivel general, habría que observar que la gama de resistencia al golpe fue impresionante, inmediata, y sostenida durante muchos años.

El primer triunfo fue que la sociedad civil chilena seguía activa a pesar de la dictadura. No hubiera sido posible la resistencia sin la alta capacidad de organización de los chilenos. Cuando las numerosas delegaciones extranjeras viajaron a Chile a investigar los derechos humanos, contaron con la experiencia, el conocimiento y los consejos de muchos grupos de derechos humanos tales como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, FASIC, CODEPU, PIDEE, Serpaj, la Comisión Nacional Contra la Tortura, el Movimiento Sebastián Acevedo, todas las agrupaciones de familiares de las víctimas de la represión -de los desaparecidos, de los presos políticos, de los ejecutados, de los detenidos- que se establecieron durante la dictadura.

Las iglesias lograron éxitos imprescindibles que fueron apoyados por la comunidad internacional.

En la primera etapa del golpe, estos éxitos y éxitos parciales incluyeron el establecimiento de organizaciones en Chile que pudieron ofrecer la asistencia humanitaria, sicológica, y legal a las víctimas de la represión –a los que huían de la represión y a los que quedaron. Con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional para la Migración de las Naciones Unidas (UN International Committee for Migration), líderes de las iglesias católica, ortodoxa, protestante, y la comunidad judía crearon el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (?) (CONAR) que facilitó el salvoconducto de algunas 4,500 personas en los primeros seis meses después del golpe.

El Consejo Mundial de Iglesias, por la gestión del pastor presbiteriano Charles Harper y el obispo luterano Helmut Frenz, fundó el Comité por la Paz en Chile (COPACHI o el Comité Pro-Paz) el 6 de octubre de 1973, en el cual participaron representantes de las iglesias católica, luterana, baptista, etodista, metodista pentecostal, ortodoxa, y la comunidad judía. COPACHI recibió 86% de su apoyo del extranjero y el resto de Caritas Chile. La mitad de sus finanzas venía de organizaciones evangélicas, show_image_NewsPostsobretodo del Consejo Mundial de Iglesias; el apoyo católico vino de la organización holandesa, CEBEMO, MISEREOR de Alemania, y la Conferencia Episcopal de los EEUU. Entre sí, CONAR y COPACHI ofrecieron apoyo legal, fiscal, y emocional a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. (Hawkins 2002, p. 56).

En enero de 1976, dos meses después de la disolución forzada de COPACHI y con el amparo del Cardenal Raúl Silva Henríquez y la iglesia católica, se estableció la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría, que durante una etapa era el único espacio de resistencia permitida al dictador, llegó a ser una institución modela para los defensores de derechos humanos en el exterior. Recibió entre 1974 y 1979 un apoyo internacional que se calculó en 100 millón de dólares para los programas de derechos humanos y desarrollo económico. (Brian Smith, 325-326, cited in Hawkins 2002,p. 56).

Había otros éxitos o éxitos parciales en Chile que la comunidad internacional apoyó. Las organizaciones gremiales de los sindicatos tomaron el liderazgo de las protestas nacionales cuando declinó la economía chilena a principios de los años ochenta, los partidos políticos ganaron fuerza cuando se decidió seguir una estrategia electoral con la campaña del NO a fines de los años ochenta; los periodistas lograron sacar revistas independientes bajo muchas presiones, los médicos comenzaron a organizarse contra la participación de los médicos en las sesiones de tortura, los trabajadores culturales mantenían viva las memorias y el deseo popular de justicia; los intelectuales analizaron la situación y ofrecieron visiones de salidas posibles; los abogados defendieron a las víctimas de violaciones de derechos humanos a gran riesgo personal; las mujeres demandaron la democracia en la casa y en la calle; los mapuches buscaron proteger sus derechos a la tierra, y la gente que sufría la crisis económica en carne propia en las poblaciones se organizaron en ollas comunes, centros de salud, grupos de apoyo para los cesantes, y muchos otros.

Aparte del apoyo humanitario de las iglesias y el establecimiento de grupos de apoyo dentro y fuera de Chile, habría que reconocer entre los éxitos y éxitos parciales al nivel internacional: el aislamiento diplomático; la organización de manifestaciones masivas de gente en muchas partes del mundo durante los años de la dictadura chilena; los boicots económicos de productos chilenos; y la negación de los estibadores de cargar productos chilenos en California, Francia, y en otros sitios. Tuvieron éxito parcial e intermitente las campañas internacionales para liberar a los presos políticos y para permitir volver a los exiliados, tanto como las campañas para someter el régimen militar a un embargo de comercio, o para ampliar el espacio para la libertad de expresión, o para buscar la justicia en casos particulares tanto como colectivos. Recientemente, una campaña organizado por Amnistía Internacional, IPS, y TNI, con la colaboración de muchos grupos chilenos y el apoyo de los estibadores sigue teniendo éxito. En 2003, lograron excluir de los puertos en Holanda, Suecia, España, Perú, Ecuador, Panamá, y San Francisco en los Estados Unidos, el “Esmeralda,” uno de los barcos utilizado como lugar de detención y tortura en Chile�marcando una victoria simbólica del rechazo de la tortura como instrumento del poder.

Las campañas exitosas o parcialmente exitosas en Washington incluyeron la campaña de cerrar la Oficina de Seguridad Pública de la AID (la agencia que tenía la responsabilidad de entrenar las fuerzas policiales extranjeros) y restringir los programas de educación y entrenamiento militar internacionales (International Military Education and Training –IMET); la campaña de las ONGs con el Congreso para más supervisión y control sobre las actividades de las agencias de inteligencia; la prohibición de ayuda militar o policial y la reducción de ayuda económica a los más necesitados; la abolición de las garantías y créditos del Banco EXIM y las garantías de crédito de los productos (Commodity Credit Corporation guarantees); el desarrollo (y después los esfuerzos para promover su implementación) de legislación que condicionó la ayuda bilateral norteamericana y sus votos en el Banco Munidal y el Banco Inter-americano de Desarrollo sobre las prácticas de los gobiernos recipientes de los derechos humanos; los esfuerzos de vincular la política norteamericana con la cooperación del gobierno chileno en el caso de los asesinatos de Letelier y Moffitt en Washington.

Cada voto en las Naciones Unidas presentó un desafío y una oportunidad para los chilenos y los grupos de derechos humanos. Las Actas de la Honorable Junta de Gobierno demuestran que la posición de los Estados Unidos en aquel foro internacional le preocupaba mucho al gobierno de Pinochet. (Goldberg 2003) Fue la presión de grupos no-gubernamentales que logró que en noviembre de 1975 los Estados Unidos dejara de abstener de votar por las resoluciones en las Naciones Unidas que condenaron los abusos del gobierno de Pinochet, y una década después que los Estados Unidos comenzara a liderar la denuncia de tales. También los grupos no-gubernamentales colaboraron con los gobiernos para lograr el establecimiento de un rapporteur especial en la ONU sobre Chile.

Recientemente, habría que reconocer las alianzas internacionales que facilitaron la detención de Pinochet en Inglaterra por acciones de abogados españoles con el apoyo de documentos recopilados por chilenos. Las campañas subsiguientes de apoyo -como por ejemplo la que lanzó el National Security Archives para reclasificar y dar a conocer aquellos documentos que podían contribuir a los esfuerzos de los que acusan a Pinochet- han tenido éxitos parciales en parte porque contaron con la experiencia y conocimiento de individuos como Peter Kornbluh y el fortalecimiento de la sociedad civil en los Estados Unidos a causa del caso chileno.

Los esfuerzos internacionales parecen haber contribuido a las decisiones de disolver a la DINA, de poner fin oficial a la práctica de hacer desaparecer a los detenidos, de cambiar el gabinete de Pinochet, de levantar el estado de sitio, de garantizar condiciones electorales más abiertas y hacer permitir más libertad de prensa, y de hacer respetar los resultados del plebiscito en 1988.

Con la ventaja que proporciona una mirada retrospectiva, se ve la necesidad de tomar una perspectiva de largo plazo al evaluar cuáles han sido los éxitos y se nota que a veces las metas de corto plazo no importaban tanto como la educación, la sensibilización, y las alianzas y relaciones de confianza que contribuyeron al establecimiento de comunidades de derechos humanos que se iban creciendo con cada acción tomada y que contribuyeron a la creación de una conciencia internacional sobre Chile.

3. ¿Cómo cambió el trabajo en derechos humanos en Chile y en el exterior?

El trabajo sobre los derechos humanos en Chile cambió según lo que pasaba en el exterior y en Chile, y según lo que pasaba en el desarrollo de las normas, mecanismos, y evolución de las ONGs de derechos humanos. Chile y el caso chileno tenían mucho que ver con el cambio que se dio en el ambiente internacional durante las últimas tres décadas. Hoy este ambiente se ve mucho más propicio -en la corte, en la calle, en la prensa, o en las altas esferas- a juzgar no sólo a Pinochet, sino a cualquier dictador criminal.

En Washington y los Estados Unidos (y me imagino en muchos otros países), el trabajo sobre Chile se relacionó primero a los cambios de gobierno y la evolución de una sociedad civil que se preocupara por las violaciones de los derechos humanos. Durante la administración de Ford y Nixon, la capacidad organizativa de los grupos fuera de Chile no era muy desarrollada, y no había un consenso sobre el papel de los derechos humanos en la política exterior de los Estados Unidos. En 1973, el representante Donald Fraser, jefe del Subcommitteee on International Organizations and Movements of the House Foreign Affairs Committee, lanzó una serie de audiencias sobre el papel del gobierno norteamericano en la protección internacional de los derechos humanos, motivada en parte por las situaciones en Chile y Corea del Sur. En aquella época, su comité concluyó:  “El factor de los derechos humanos no se otorga la prioridad que merece en nuestra política exterior  Por desgraciala actitud predominante ha llevado a Estados Unidos a adoptar los gobiernos que practican la tortura y descaradamente violan casi todos los derechos humanos garantizan pronunciadas por la comunidad mundial una mayor prioridad a los derechos humanos en la política exterior es a la vez un imperativo moral y práctico necesario. (Fraser, p.218)

Esta conclusión resultó en una confrontación directa entre el Congreso y la rama ejecutiva, cuyo Secretario de Estado Henry Kissinger había concluido: “I believe it is dangerous for us to make the domestic policy of countries around the world a direct objective of American foreign policy.”Creo que es peligroso para nosotros, para que la política interna de los países de todo el mundo un objetivo directo de la política exterior de Estados Unidos.”

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Chile fue el catalizador de una nueva época en la historia de la defensa de los derechos humanos y de la política norteamericana al respeto. Cuando Pinochet entró al poder en Chile, al nivel internacional ya existieron herramientas y normas que no se habían aplicado. Una generación anterior de defensores de derechos humanos había codificado los derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) (1966) -que entraron en vigencia en 1976- y la convención interamericana de derechos humanos (1969) que estableció la corte regional de derechos humanos. Los juicios de Nuremberg ya establecieron un modelo de atribución de responsabilidad por las atrocidades.

Los esfuerzos de los chilenos en Chile y fuera de Chile provocaron respuestas activistas de cuerpos regionales e internacionales. En 1974, la OEA por primera vez condujo una investigación in situ de violaciones de derechos humanos en Chile, donde centenares de chilenos -la mayor parte mujeres- fueron a las oficinas establecidas en Santiago para denunciar la detención y desaparición de sus familiares y amigos. La OEA, como organización intergubernamental cuyo mandato requiere consultas con los gobiernos miembros, nunca antes había tomado acción sobre las alegaciones de violaciones de un país miembro; inclusive había negado de hacerlo con un informe sobre la tortura en Brasil hace tres meses antes del golpe chileno.

El caso de Chile sentó un precedente en las Naciones Unidas también cuando respondió por primera vez a los abusos de derechos humanos, sin considerarlos necesariamente como una “amenaza internacional a la paz y seguridad.” (Kamminga 1992) Las Naciones Unidas estableció su primer grupo de trabajo (working group) en 1976 sobre Chile y su primer rapporteur especial sobre derechos humanos en 1978 en Chile. La expansión de las actividades de estas organizaciones abrió nuevas oportunidades para acciones de documentación, vigilancia, denuncia, y debate sobre el caso chileno.

Aparte de su impacto en el ámbito internacional, el caso de Chile tenía un impacto en los sistemas nacionales. En los primeros meses después del golpe y en los años subsiguientes, el trabajo en parte era el de crear conciencia y hacer cuestionar lo que pasaba en Chile, la posición de los Estados Unidos frente a los gobiernos de Allende y Pinochet, el carácter de la Doctrina de Seguridad Nacional, y los costos del modelo neo-liberal de los “Chicago Boys.” En eso habría que reconocer el trabajo de NACLA, entre otros. Parte de este trabajo fue establecer normas en la legislación doméstica que coincidiera con las normas establecidas en los instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta primera etapa cuando había poca conciencia de América Latina en Washington, fue un éxito establecer relaciones de confianza entre las ONGs y el gobierno norteamericano. Fue un logro encontrar gente dispuesta a recibir a los chilenos y a responder a lo que sucedía en Chile, gente como Mark Schneider, Nancy Soderberg, y Sen. Edward Kennedy; Ed Long y Rep. Ted Weiss; entonces Rep. ahora Senador Tom Harkin; Cindy Arnson y Rep. George Miller; Jan Shinpoch y Rep. Stan Lundine; (ahora diputado) James McGovern y Rep. Joe Moakley; Rep. Toby Moffett; Nancy Agris, Vic Johnson, Lilian Pubillones y Cong. Mike Barnes; Rep. Don Fraser y John Salzburg; Bob Dockery y Sen.  Christopher Dodd; Sen. John Kerry; Barry Sklar, y el personal del Senate Foreign Relations Committee; Cong. Bruce Morrison, Cong. Pete Stark, Cong. Tom Lantos, Cong. Rick Boucher, Cong. Bill Alexander, Rep. Doug Bereuter, y otros.

El golpe provocó respuestas institucionales por parte de las iglesias católicas y protestantes, quienes vieron la necesidad de asegurar que las realidades vividas por sus colegas en aquellos países se representaran en las altas esferas de Washington. Chile fue catalizador de la formación de una serie de nuevas organizaciones cívica-religiosas como la Washington Office on Latin America, cuya primera directora -Diane LaVoy-, jugaría un papel en la famosa investigación del Senador Frank Church sobre las acciones de la CIA en Chile, cuyo segundo director, Joe Eldridge, era misionero metodista en Chile cuando vino el golpe; también Heather Foote, que dirigió WOLA en los años ochenta y ahora se encarga de la oficina del AFSC en Washington, había trabajado en Chile como colaboradora con el Comité Pro Paz.

El Council on Hemispheric Affairs, creado en 1975, también fue producto del encuentro con Chile, donde su director, Larry Birns, trabajaba con ECLA de la ONU en los meses antes del golpe. Chile también dio nueva energía y enfoque al tema de los derechos humanos en las actividades de organizaciones como Americans for Democratic Action, the Friends Committee for National Legislation, the Human Rights Working Group of the Coalition for a New Foreign and Military Policy, Clergy and Laity Concerned y Center for International Policy, grupos que habían luchado con cierto éxito en contra de la política norteamericana en Vietnam y que en los años iniciales del golpe buscaron establecer nuevas normas en la política exterior y más vigilancia por parte del Congreso sobre las acciones de la rama ejecutiva. La represión contra ciertos sectores en Chile: tales como los trabajadores, los periodistas, los artistas e intelectuales, los trabajadores de la salud, y los estudiantes o tácticas como el uso de los médicos en la tortura mobilizaron muchos homólogos en el exterior a formar sus propios grupos o campañas de solidaridad o a organizar visitas de investigación a Chile.

Estas organizaciones y otros que aparecieron más tarde, como Americas Watch, sensibilizaron al público del tema de Chile y promovieron una política a favor del respeto de los derechos humanos frente a las instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no-gubernamentales. Debe haber muchas otras historias parecidas en otras partes del mundo también.

Con el establecimiento y la consolidación de organizaciones de derechos humanos, hubo también más presión al nivel de la política norteamericana hacia Chile. Los esfuerzos para promover audiencias públicas sobre Chile lograron en los Estados Unidos que cada año a partir de 1973, los comités de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado recibieron testimonio sobre Chile cuando debatieron el proyecto de ley para la ayuda externa.

En la primera década de Pinochet, bajo Ford y Nixon, los grupos de derechos humanos (que se iban constituyéndose) buscaron crear las herramientas y mecanismos nacionales de presión sobre sus gobiernos y el gobierno de Chile. Entre 1975 y 1977, consiguieron que los Estados Unidos cortara la ayuda militar, limitara la ayuda económica, y se opondría a préstamos en el Banco Inter-Americano de Desarrollo y el Banco Mundial a los gobiernos que violaron sistemáticamente a los derechos humanos de sus ciudadanos. En 1976, como respuesta a las críticas del Congreso sobre la política norteamericana hacia Chile, el Departamento de Estado inició la publicación de un informe anual sobre el estado de los derechos humanos para la cual las embajadas extranjeras comenzaron a tener que prestar atención y tomar contactos con los grupos de derechos humanos.

Durante la administración Carter (1977-81), hubo una alianza entre la rama ejecutiva y la legislativa para crear y fortalecer mecanismos gubernamentales para promover los derechos humanos de manera más sistemática. Fue en estos años cuando se estableció la legislación más exigente para los gobiernos recipientes de la ayuda norteamericana en cuanto a su posición respeto a los derechos humanos referida antes.

Con el liderazgo de Carter y su administración, Chile fue beneficiario de una política de promoción de los derechos humanos en las instituciones nternacionales. Carter nombró a Andrew Young, asistente de Martin Luther King, Jr. y del equipo del Southern Christian Leadership Conference, como Embajador a las Naciones Unidas. Young señaló como asistente al recién fallecido Brady Tyson, también conocido por su participación en la estrategia de la no-violencia activa en defensa de los derechos civiles.

Se había establecido en 1976 una oficina de coordinación de derechos humanos y asuntos humanitarios que sirvió de consejero del secretario de estado. Bajo Carter se ascendió la posición en 1977 al nivel de subsecretario de estado, aumentaron el personal de 2 a 7 personas, y Carter nombró como subsecretario a Patricia Derian, otra activista de los derechos civiles y fundadora de la Mississippi Civil Liberties Union. (Schoultz 1981; p. 126) Sirvió como asistente Mark Schneider, uno de los responsables del trabajo sobre Chile en los primeros años de Pinochet en el Senado, donde trabajaba como asistente de Senador Edward Kennedy.

En la subsiguiente administración de Reagan -la época de la “diplomacia silenciosa”- los Estados Unidos cambió de posición y las leyes que fueron establecidas anteriormente fueron violadas abiertamente. Por consiguiente, en aquella etapa, las ONGs lucharon para vigilar su implementación.

Hubo una lucha para establecer las definiciones de la violación “sistemática” de los derechos humanos, para contestar las afirmaciones que la situación se mejoraba, y para hacer implementar las leyes que se había establecido antes. Cuando la administración de Reagan trató de quitar la prohibición de ayuda militar a Chile, por ejemplo, la oposición en el Congreso norteamericano consiguió suavizar la modificación al introducir algunas condiciones a la ayuda. En otro caso, a pesar de la ley, la dministración comenzó a votar a favor de los préstamos para Chile. La legislación no resultó suficiente para prevenir que la administración simplemente no afirmara que cumplían con las condiciones del Congreso.

Una consecuencia fue que algunos grupos como WOLA ampliaron el enfoque de su trabajo en el Congreso. De los comités que trataron temas de relaciones exteriores (SFRC y HFAC), comenzaron a cultivar relaciones con los congresistas (republicanos y demócratas) en los comités que financiaron las instituciones financieras internacionales. Tal era el caso del representante Bruce Morrison, que participó en una delegación auspiciada por WOLA y una serie de actividades en Chile en 1986.

Las acciones internacionales respondieron también a los eventos en Chile. Cuando en 1982 llegó la recesión económica a Chile, y se iniciaron los días nacionales de protesta, los grupos nacionales ya habían desarrollado los mecanismos para responder, y ya estaban vigentes los mecanismos de denuncia frente a las organizaciones internacionales como la OEA y las Naciones Unidas. A mediados de los años ochenta, hubo cambios profundos en la oposición. Con el Acuerdo Nacional en 1985, dentro de Chile hubo un cambio de un enfoque de derechos humanos a un enfoque electoral.

Los grupos de derechos humanos en el exterior buscaron apoyar y ampliar una abertura política para aumentar las posibilidades de un cambio a un sistema más democrático, llamando la atención a las condiciones bajo las cuales se preparaba la campaña electoral para el plebiscito de 1988. (Hawkins 2002, p. 59) Las fundaciones ampliaron su apoyo y empezaron a financiar organizaciones más abiertamente políticas. Entre 1985 y 1988, se calcula que donaron un promedio anual de hasta 55 millón de dólares. (Angell 1994) Estos fondos ayudaron a reconstruir los partidos políticos, los sindicatos, y los medios de comunicación que los años de dictadura habían prácticamente destruido. (Hawkins 2002, p. 60)

Habría que reconocer un cambio también en la provisión de fondos. En los años ochenta, los gobiernos y partidos políticos extranjeros reemplazaron a las iglesias y grupos de derechos humanos en la provisión de ayuda. Las fundaciones políticas alemanas contribuyeron 26 millones de dólares a Chile entre 1983 y 1988; los Estados Unidos dio $6.8 millones desde 1984-1988; e Italia Holanda, y otros también contribuyeron. (Pinto-Duschinsky 1991, p. 40).

Después de la toma de poder del nuevo presidente Patricio Aylwin y la publicación del informe de la Comisión Rettig, se vio la transformación de la agenda doméstica en Chile sobre los derechos humanos. Primero, gran cantidad del personal de las ONGs de derechos humanos se trasladaron a trabajar con el nuevo gobierno. Segundo, las ONGs se encontraron en el papel incómodo de criticar a un gobierno electo que incluyó a muchos con quienes se había trabajado en la oposición a Pinochet. Cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en 1996 que la tortura seguía como práctica en Chile y que el gobierno no había actuado para controlar las actividades de las fuerzas de seguridad, paradójicamente no había mucho espacio para mobilizar a los chilenos o a dar una respuesta internacional. (US Dept of State, Chile Human Rights Practices, 1997)

Tercero, después de recibir apoyo sustancial durante los años de dictadura, con la entrada de un gobierno electo, las ONGs perdieron el financiamiento. El nuevo fondo gubernamental de inversión social absorbió el dinero de la Unión Europea y otros que antes llegaba a las ONGs. Cuarto, la Vicaría de la Solidaridad dejó de operar y los otros grupos de derechos humanos tuvieron que re-evaluar sus estrategias dado la falta de personal y dinero. También grupos como la Fundación Inter-Americana dejó de actuar en Chile en 1996.

Esos cambios tenían su impacto también en el exterior. En los años noventa, predominaron los temas de la justicia transicional y la naturaleza “tutelada” de la democracia. La experiencia con la Comisión Rettig por ser pionero anticipó la popularidad de tales proyectos y el trabajo de la Comisión no generó mucha atención en Washington, en parte porque todos lo reconocieron como una negociación política que privilegió la reconciliación sobre la justicia. Irónicamente, creo que también hubo mucha reticencia por parte de los extranjeros que habían trabajado del mismo lado a favor de los derechos humanos de repente juzgar el proceso inadecuado. Sin una visión clara de la nueva relación en la democracia, faltaba la acción decisiva.

En los años noventa y a principios de los años de 2000, había contactos e informes sobre la situación en Chile, pero no se podía sostener la atención de los políticos extranjeros, el público, la prensa, las fundaciones, y la misma comunidad de derechos humanos, que ya se vio preocupada por otras situaciones de crisis en otras partes del mundo con Centroamérica en particular, y después con Haití, Perú, las repúblicas anteriores de Yugoslavia. “Human rights NGOS tend by their nature to be short- staffed and overworked and each new crisis displaces the last before one is able to work through the resolution of the earlier one,” me comentó un observador.

Cambios de personal en algunas organizaciones en Chile y en el exterior debilitaron las relaciones institucionales entre grupos. Muchos chilenos que vivían en el exilio volvieron a Chile a negociar nuevas vidas allá. Después de largos años de la dictadura, muchos se sentían libres de buscar nuevos caminos profesionales y personales, entregando lo aprendido por su relación a la lucha en otros ámbitos.

Cuando en 1992, la Vicaría tomó la decisión de cerrar sus puertas, una voz importante en el exterior se perdió. No sé hasta que punto el financiamiento extranjero se había agotado o si la disolución de la Vicaría anticipó las decisiones de las organizaciones filantrópicas al señalar que la reconciliación seguía en buen camino y las estructuras democráticas re-establecidas marchaban bien (si con algunas restricciones).

WOLA, que había sido muy activa en cuestiones de Chile en las décadas setenta y ochenta, dejó de iniciar muchas actividades sobre Chile al salir Pinochet de la presidencia. Se sentía que había un proceso doméstico legal y político de que los chilenos podían aprovechar, que no era asunto que requería la intervención de terceros. Como un miembro de un ONG me contó, “No había un mandato claro para la comunidad internacional. Nadie venía para pedir ayuda o apoyo internacional, como sería el caso de los centroamericanos con los procesos de paz en El Salvador y Guatemala.”

¿Cómo se mantuvo viva la búsqueda para la paz y la justicia en los primeros años de los años noventa?

 Los ritos y la cultura han mantenido viva la memoria de los sufrimientos colectivos y personales tanto como el deseo de hacer justicia. Las ceremonias cada septiembre en el círculo de Sheridan — lugar donde fueron asesinados Letelier y Moffitt — tanto como el entregamiento anual de los premios de derechos humanos “Letelier-Moffitt” han servido como ritos importantes que convocan a la gente para renovar el compromiso para con la memoria de las víctimas de la dictadura. Han contribuido a la creación de una comunidad y han ofrecido un contacto continuo que ha fortalecido los lazos de amistad y comunicación entre chilenos y “chilenistas.”

En Washington, el círculo de Sheridan, tal círculo de amistad, es uno de los lugares que provoca lo que Alex Wilde ha llamado “irrupciones de la memoria.” Los ritos del círculo  la música, la oración, las flores, las lágrimas, las sonrisas, las palabras y el silencio– son la base de “nuestra América”–una América de compasión, de recuerdos intencionales, de espiritualidad profunda, de indignación ante las violaciones cometidas, y de dignidad compartida.

Una América que denuncia la injusticia y anuncia el poder del amor, de esperanza, y de la justicia.

El arte ha servido y sigue sirviendo como una “luz entre tinieblas” nombre de una exposición artística organizada por Robb Hite — que viaja por los Estados Unidos desde hace tiempo LOGO ASAMBLEA ANDDHHy que relata en imágenes y textos la lucha, la esperanza, la visión de un futuro mejor, el triunfo de la vida sobre la muerte. Tales proyectos colaborativos crean comunidades que en la producción tanto como en la presentación fortalecen alianzas de luz y energía y visión.

Surgió de la pesadilla de la dictadura las arpilleras, dolor hecho arte, que lograron transformar las víctimas en protagonistas, los familiares en comunidad, y que dieron forma a los cuyos cuerpos desaparecidos y robados. A través de las décadas, esta arte popular, tejido por las lágrimas y el coraje de las mujeres, mantenía viva las quejas y expectativas colectivas de justicia, y se comunicaron su angustia en un lenguaje simbólico y directo a la comunidad internacional.

Los familiares de los detenidos-desaparecidos o las otras víctimas de la represión y sus abogados — por su voluntad y por su coraje–han jugado y siguen jugando un papel importante en las cortes tanto como frente a la opinión publica internacional. La documentación extensiva recopilada en los años setenta y ochenta por los grupos de derechos humanos en Chile como la Vicaría, la CCDH, FASIC, Serpaj, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y FEDEFAM es lo que hace posible acusar a Pinochet hoy. Las dificultades que encontraron estos grupos de hacer responsables a los culpables en Chile, los llevó a buscar alianzas en el exterior, donde se pudo hacer quejas y acusaciones formales y documentadas.

Los cambios en el medio ambiente internacional a partir de los primeros años de los noventa siguen ofreciendo nuevos modelos, nuevas posibilidades y nuevas esperanzas. Ahora hay instituciones como la Corte Criminal Internacional tanto como nuevas convenciones contra la tortura. En muchos países del mundo se ha establecido comisiones nacionales para esclarecer los hechos ocurridos y establecer responsabilidad para los abusos. Se ha visto el establecimiento de mecanismos de justicia con los tribunales creados en las ex repúblicas de Yugoslavia , Rwanda, Kosovo, East Timor, y Sierra Leone; y por todas partes del mundo se va buscando la reconciliación interior, en la comunidad, y al nivel nacional e internacional. Hoy existe una cultura internacional más propicia a los derechos humanos, en gran parte fortalecida por la experiencia chilena.

FUENTES CITADAS

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