La superación de los silencios oficiales en el Chile posautoritario.

La superación de los silencios oficiales en el Chile posautoritario

Katherine Hite

Importantes estudiosos han afirmado que la política de la democratización chilena es como una “caja de Pandora”.1 Fuera de ella, la política formal rezuma estabilidad y hasta complacencia;2 un conocido periodista latinoamericano sostuvo hace poco que Chile es políticamente “aburrido”.3 Dentro de ella hay emociones y reacciones imprevisibles que remolinean en medio de los recuerdos de los masivos conflictos de la década de 1970, con sus resultados que inducen a la sobriedad. Una firme y creciente corriente de memoria baña las paredes de la caja.

En una encuesta reciente de la Fundación Futuro, una vasta mayoría de los chilenos (87%) se mostró de acuerdo con la siguiente declaración: “Para superar los odios del pasado es necesario conocer la verdad y hacer justicia”.4 Esas actitudes van más allá del deseo de una mera exploración de la historia reciente. No obstante, como sugiere el volumen de Amparo Menéndez Carrión y Alfredo Joignant antes citado, la tarea de historizar los últimos tiempos de Chile está delimitada por traumas demasiado recientes que exacerban los desafíos y la politización de esa misma tarea.

Este artículo aborda los perfiles generales de la historización del pasado por parte de la clase política chilena a lo largo de la década de 1990, y se concentra sobre todo en los miembros de izquierda del gobierno, pero también se ocupa de ciertas dimensiones de la derecha y de la izquierda no gobernante. Mediante una serie de entrevistas intensivas a dirigentes izquierdistas chilenos, así como un examen del discurso parlamentario de los últimos trece años, exploro las inclinaciones tanto individuales como colectivas a “llegar a un acuerdo sobre el pasado” en el contexto de las correlaciones entre el poder político y los recuerdos traumáticos de la historia reciente del país.

El trabajo relaciona las entrevistas individuales intensivas que evocan recuerdos traumáticos con los discursos públicos pronunciados en el Congreso chileno.
En primer lugar, el artículo analiza los silencios de la elite posautoritaria y los enfoques conceptuales del trauma y la política.5 En segundo lugar, explora los tipos de trauma que persisten entre las elites políticas chilenas y luego examina el discurso de éstas en la década de 1990, tanto durante las “irrupciones” como en los momentos menos notoriamente contenciosos del pasado reciente del país.6 Para terminar, el artículo indaga por qué se producen en la actualidad cambios discursivos oficiales en materia de exploración del pasado, con la inclusión de pruebas de la superación de los silencios. Sugiero que diversas variables exógenas, entre ellas la dinámica desatada por la detención de Pinochet, las modificaciones en el poder judicial chileno y las revelaciones militares, contribuyeron a mitigar el trauma generador del silencio.

El trabajo descubre importantes cambios discursivos dentro de las esferas de conducción a lo largo de la década de 1990, con referencia al modo como Chile debe aceptar el pasado. En términos generales, al comienzo de la transición en 1990, el discurso de los dirigentes de la Concertación transmitía euforia por el retorno al poder y confianza en lo que era políticamente posible en relación con la exploración del pasado. Poco después, y durante varios años, la euforia cedió paso a una postura defensiva con respecto a la capacidad de la dirigencia de dictar una condena por los abusos de otrora. En nuestros días, muchos líderes de la izquierda gobernante expresan un fuerte sentimiento de pesar e incluso de cólera acerca de lo que ahora reconocen con franqueza como un silencio principalmente autoimpuesto en lo tocante al pasado traumático de Chile.

SILENCIOS

A lo largo de la presente transición chilena, los analistas se han valido con amplitud del concepto de un “silencio ejercido” por la elite política en relación con el pasado. Para la izquierda gobernante, el silencio se refiere a la reticencia de esa propia corriente a poner en tela de juicio los relatos predominantes acerca del derrumbe del régimen democrático en 1973 y la represión que lo siguió. En la derecha, el silencio tiene que ver con una negativa a estimar los aportes del sector derechista al golpe de 1973, así como con una renuencia a cuestionar las tácticas o políticas de la dictadura.

En rigor, ese silencio se dejó traslucir durante la mayor parte de la década de 1990 a pesar de la gama cada vez más abundante de informes de investigación, testimonios, documentales, películas, memorias y otros tratamientos descriptivos de los últimos cuarenta años. La izquierda no gobernante, incluido el históricamente poderoso Partido Comunista (PC), intentó defender la memoria histórica, pero el silencio de la elite izquierdista en el poder prevaleció aun cuando docenas de ex oficiales y civiles comenzaron a ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos, mientras las denuncias sobre esas violaciones y sus autores se incrementaban día a día incluso en los medios de prensa más conservadores. Si bien la izquierda gobernante se negó con firmeza a aceptar las propuestas centristas y derechistas de decretar un punto final, los líderes izquierdistas también mostraron una oposición general a las posturas proactivas para llegar a una avenencia con el pasado. De hecho, las exploraciones del pasado de Chile en la última década o más se produjeron a pesar de la clase política y no gracias a ella.7

La mayor parte de las veces, los analistas atribuyen los silencios oficiales a lo que en general podrían denominarse cálculos racionales basados en el diseño de las instituciones políticas de Chile y las correlaciones de poder representadas por él. Durante la política de transición de la década de 1980, la oposición a la dictadura fue incapaz de quebrar el poderío y la autonomía de los militares y sus partidarios derechistas y autoritarios. Las Fuerzas Armadas chilenas determinarían en sus aspectos fundamentales el proceso de transición y disfrutarían de importantes garantías institucionales que les conferían un poder concreto de veto a los intentos de enfrentar los enclaves autoritarios presentes en la Constitución de 1980 y otras esferas de la vida social y política.

Dada la correlación de fuerzas, los racionalistas podrían sostener que los intentos de resucitar un pasado que pone a los electorados autoritarios en posición desventajosa no hace sino amenazar una democracia que requiere el consentimiento de dicho electorado aun para llevar a cabo modestas reformas.

Por otra parte, los exámenes del pasado tienden a desenmascarar la enemistad histórica existente entre el centro y la izquierda, las dos fuerzas hoy integrantes de la alianza de la Concertación, que ha gobernado Chile desde la finalización del régimen autoritario. Carlos Ominami, senador socialista y ex ministro, sostiene que la renuencia a examinar el pasado se debe a preocupaciones estratégicas que amenazan la Concertación.

Es como una complicidad objetiva, no subjetiva, una complicidad objetiva. Es terrible. Hay algo de un pacto de silencio. […] Claro, la derecha no quiere hablar del pasado por su cobardía. La derecha no tiene interés en que se sepa. Y parte de la izquierda y la Democracia Cristiana tampoco. La Democracia Cristiana […] algo terrible pasa y muchos de ellos miran para el techo. […] Es un asunto bien delicado porque, bajo el primer presidente de la transición, Patricio Aylwin, yo fui ministro de Aylwin, ¡pero él estaba a favor del golpe de estado! Frei Montalva a favor de un golpe de estado. Frei Ruiz Tagle fue a entregar sus joyas, hizo una donación en los primeros días del golpe de estado, junto con su mujer. Entonces, es un tema gordo y nos cuesta mucho recordar eso.8
Las afirmaciones de Ominami se prestan a explicaciones del pacto de silencio tanto racionalistas como centradas en el aprendizaje político. La gran derrota de la izquierda en 1973 generó una profunda serie de reflexiones sobre los fracasos del gobierno de la Unidad Popular (UP). De acuerdo con los argumentos del aprendizaje político, esas reflexiones contribuyeron a que sectores izquierdistas hicieran una nueva “valoración” o apreciación del proceso democrático, en la que se tomó en cuenta el espíritu de compromiso y la necesidad de coaliciones mayoritarias.9

Según el senador socialista Ricardo Núñez, en el proceso de aprendizaje político de los socialistas también ocupó un lugar central la necesidad crucial de demostrar su capacidad de gobierno:

Nosotros teníamos que mostrar que podíamos gobernar bien, y los pueblos que gobiernan bien son aquellos que reconocen las realidades socioeconómicas de sus países; y en los primeros años, el éxito económico de la transición fue espectacular. Debido a que tuvimos un superávit presupuestario con rangos de crecimiento de un 7%, sacamos de la pobreza absoluta a un millón de personas pobres, el mercado floreció y sentimos que esto debía ser un factor constitutivo de la transición chilena. El éxito político, el éxito económico: esto exigía no retornar al pasado, no retornar a 1973.10
El aprendizaje de esas lecciones ha desalentado en las elites izquierdistas gobernantes el deseo de resucitar los recuerdos de los conflictos y fracasos. Sin embargo, los silencios en esa esfera política obstaculizaron los esfuerzos societales por llegar a un acuerdo sobre el pasado. Los dirigentes desempeñan un papel central en la creación de las normas, reglas e instituciones que rigen o configuran las exploraciones societales, y la aceptación de los legados históricos depende en buena medida de la articulación de éstos entre la elite y la ciudadanía. Además, los silencios de las elites posiblemente afirman y hasta exacerban la difundida desafección de la sociedad con respecto a la política chilena.11

LAS MUCHAS CAPAS DEL TRAUMA

El psicoanalista Bruno Bettelheim, sobreviviente del Holocausto, definió el trauma como un “impacto desintegrador de la personalidad” que proviene de una situación extrema, “cuando nos vemos repentinamente catapultados a una serie de condiciones en las que nuestros viejos mecanismos adaptativos y valores ya no son válidos y algunos de ellos pueden incluso poner en peligro la vida misma que estaban destinados a proteger”.12

En innumerables testimonios, los chilenos describen esos sentimientos, desde la conmoción por lo que ellos mismos experimentaban hasta la angustia sentida por sus seres queridos y sus comunidades. Los sociólogos y psicólogos chilenos plantean el convincente argumento de que en gran parte de la sociedad la brutalidad del régimen de Pinochet instiló temores arraigados y duraderos con respecto a la seguridad individual, las identidades colectivas y la participación en la esfera pública.13

La represión dirigida y directa tuvo un efecto multiplicador: el secuestro, la tortura y la desaparición de una persona afectaba a muchas.14 La política represiva autoritaria golpeó el corazón de los tradicionales sistemas chilenos de “conformación de la identidad”, desorganizando tanto las rutinas individuales como las rutinas colectivas o los “mecanismos de atomización de la angustia”. Bajo la dictadura, la estabilidad política se alcanzó al costo de esa atomización. Las rutinas colectivas se contrajeron, reducidas a la esfera privada y practicadas con cautela. La atmósfera represiva que garantizaba la estabilidad política producía angustia en vez de diluirla.15

Entre quienes formaron parte de la dirigencia de la UP entre 1970 y 1973 predominan los recuerdos referidos a una situación traumática en particular: la pérdida de control de la UP mientras estaba en el poder y su pérdida absoluta más adelante. Esos recuerdos despiertan un profundo sentimiento de culpa por las luchas internas y los errores, sobre todo en lo concerniente a la economía y las políticas relacionadas con la propiedad privada, así como una sensación de angustia y derrota que comenzó a experimentarse con mucha intensidad en 1972, en el período de huelgas, sabotajes y otras formas organizadas de oposición a la UP. La derrota de septiembre de 1973 llevaría a los dirigentes y militantes de la UP a enfrentarse a la muerte de camaradas, las detenciones masivas, la tortura, el exilio, la ruptura de las colectividades y familias y un miedo de grandes proporciones.

Esa derrota traumática explica una sensación constante de impotencia en un significativo sector de la actual dirigencia de izquierda, pese a que ésta tiene hoy las riendas de la política. Hay en juego una relación paradójica: los dirigentes izquierdistas consideran de manera invariable que los traumas que ellos mismos y otros vivieron en el pasado son el resultado de sus propias acciones, no obstante lo cual esa sensación de responsabilidad los paraliza frente a sus adversarios contemporáneos. Los traumas se internalizan y procesan (o no) como dimensiones siempre presentes de las identidades y elecciones políticas de los individuos.16

EL TRAUMA DE LA VICTORIA

Los recuerdos de la experiencia de una victoria política, a saber, el triunfo de la UP en las elecciones presidenciales de 1970, la presentan como un episodio tan traumático como el de la ulterior derrota. Según Aníbal Palma, ministro de Educación del gobierno de la UP y dirigente del Partido Socialista, la experiencia del poder fue la más profunda y difícil de su vida:

Antes del gobierno de Allende no tenía ningún cargo de gobierno. Mi primer cargo lo tuve en septiembre del ’72, yo diría en el período más difícil, primero la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, después el Ministerio de Educación en un período extremadamente conflictivo. […] Mi período fue extremadamente duro, muy difícil para mí porque además yo fui ministro muy joven, tenía treinta y cinco años. Además había sido dirigente estudiantil en la enseñanza media como en toda mi época universitaria, entonces claro, cuando yo enfrentaba conflictos con esos sectores y veía lo que hacían marchando por la calle, gritando consignas en contra del gobierno que era exactamente lo que yo había hecho antes, entonces me sentía como en un doble papel; recuerdo que varias veces iba a mi despacho a mirar las manifestaciones estudiantiles que atacaban al ministro, al gobierno, y yo había hecho exactamente lo mismo. Entonces sentí absoluta comprensión, porque los roles habían cambiado y por primera vez en la historia de Chile, así como había estudiantes que marchaban en contra del gobierno, había estudiantes que marchaban a favor del ministro, a favor del gobierno. No se había visualizado estudiantes que rompieran huelgas apoyando al ministro y al gobierno. ¡Era como vivir el mundo al revés!

Te lo digo con mucha franqueza, creo que nunca he vivido momentos más amargos en el transcurso de mi vida que en aquel momento en que el estudiantado de oposición salía a las calles, había desmanes, lo cual obligaba a la fuerza pública a intervenir. Yo siempre vivía con el temor de que en eso pudiera ocasionarse la muerte de estudiantes o un herido grave estudiantil, y me sentía como responsable de cualquier cosa que pudiera ocurrir, y cada manifestación que ocurriera me producía una tensión enorme, que no dependía de mí, y que no fuera a ocurrir un hecho grave.17
La sensación de Palma de una inversión de roles en el poder, su impresión de no tener control del momento, se reitera en los relatos de otros ex dirigentes y militantes de la UP. Esos recuerdos posiblemente desaconsejan a la actual conducción del Partido Socialista la implementación de una política movilizadora, lo cual contribuye a dar a la vida pública chilena de la década de 1990 un “tono sordo” que Alexander Wilde califica irónicamente como “conspiración de consenso”.18

Para la actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile, Adriana Muñoz, los recuerdos de su papel como funcionaria gubernamental de la UP y militante del Partido Socialista (PS) destacan la intensidad de su absorción en un momento político apasionado. A los veintidós años, Muñoz llegó a ser subsecretaria en el Ministerio de Agricultura del gobierno de Allende.

Nosotros militábamos en núcleos. Yo pertenecía al núcleo de profesionales y funcionarios de Santiago centro y la vida nuestra era la vida de militantes muy activos pero muy divididos, y yo tendí a identificarme con los sectores más duros. Me hice trotskista a los veinte años. Estuve en 1969 en Cuba, donde conocí el problema de la burocracia como deformación del estado socialista. Éramos un grupo que intentábamos empezar a profundizar más los cambios. Quizá también en ese sentido contribuimos al caos pero no estaba en la línea, era un trabajo de tendencia para ir tratando de ganar posiciones dentro del partido y yo trabajaba en un sindicato y trabajaba mucho en la parte campesina, con las organizaciones campesinas directamente, y creo que fue un tiempo bastante desquiciado. Cuando me fui al exilio, tuve tiempo para pensar y repensar lo que hicimos. Estábamos tratando de redistribuir la riqueza, y por supuesto fuimos la generación imbuida de los grandes paradigmas. […] Y cuando tuvimos un tiempo para reflexionar en el exilio cuán distantes estábamos del sentido de seguridad que los chilenos albergaban, y cuán amenazados ellos se sentían por nuestro gran proyecto […] yo estaba completamente absorbida en mi militancia, en las luchas internas dentro del partido y en nuestras luchas contra la derecha. Nos olvidamos completamente de los riesgos. Fue un período liderado por jóvenes, nosotros éramos, fundamentalmente, gente muy joven. Yo tenía veinticuatro cuando abandoné mi país.19
Esa sensación de quedar “absorbido” en la intensidad de la militancia partidaria durante un período “bastante desquiciado”, y de olvidarse “completamente de los riesgos”, es representativa de unos recuerdos traumáticos que Adriana Muñoz utilizó como significantes de lo que es preciso evitar en política. En la actualidad, Muñoz lucha dentro del Congreso a favor de las reformas sociales –sobre todo una ley de divorcio–, pero no es partidaria de una movilización de la sociedad civil en apoyo de la ley. No obstante, lamenta los silencios.

El país tiene miedo al debate; o nosotros, en tanto izquierda abatida, estamos temerosos de ser considerados una vez más como partidarios de la división y la destrucción. Hay un gran trauma dentro de nosotros, y quizá las generaciones futuras estarán dispuestas a recuperar estas memorias con mayor lucidez. […] Yo debo decir que hay una real debilidad de nuestro lado como política de clase, de concertación, de la izquierda. Sentimos temor. Somos extremadamente sensibles a la fragilidad del proceso y a la fragilidad de nuestro poder. […]

Yo creo que si pusiéramos fin a la oposición, tendríamos mucho mayor espacio para construir nuestra propia memoria colectiva, nuestras propias fechas; sin embargo, no podemos hacerlo porque éstos están gobernando.20

EL TRAUMA DE LA RESISTENCIA

Para los miembros de la izquierda revolucionaria que fueron combatientes armados en determinadas etapas de la lucha contra la dictadura, hay otra dimensión temporal distintiva del trauma: los camaradas moribundos, la agonía física y, en el caso de algunos, un cuestionamiento y un profundo remordimiento por someter a sus compañeros a lo que fue en definitiva un esfuerzo vano. Para Patricio Rivas, ex organizador político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), los camaradas muertos son el referente central del relato de su vida.21

La historia de vida de Rivas es inseparable de las historias de la muerte de otros, y él sigue comprometido con los recuerdos de sus camaradas y el sentido que éstos daban a su accionar.

A diferencia de muchos de sus compañeros, Patricio Rivas sobrevivió a la cárcel y la tortura y pasó la mayor parte de la década posterior al golpe en el exilio. En 1984, cuando regresó clandestinamente a Chile, todavía militaba en el MIR, que desde hacía varios años llevaba adelante una estrategia guerrillera que demostró ser suicida contra la dictadura. Rivas no pudo escapar a la terrible sensación de responsabilidad que experimentaba por haber sido parte de esa fatal estrategia.

Una joven, mi ayudante, a quien adoré y tenía dieciocho o diecinueve años […] y no estamos claros todavía qué pasó, pero te lo diré. Ella estuvo involucrada en un grupo, y fue parte de mi sistema de comunicaciones, mi asistente; y ellos la detectan, y yo no tuve tiempo de avisarle porque había un grupo clandestino en mi casa, y la mataron. Y esto fue como revivir mi pasado. Sin embargo, la pregunta aquí es la responsabilidad, y yo tenía directa responsabilidad por ella.22
Rivas se refiere a las discusiones y divisiones entre sus camaradas con respecto a si debían poner vidas en peligro en nombre de la resistencia y la derrota de la dictadura.

Nosotros […] concluimos que no había manera posible de enmendar el grave error que había cometido [hacer regresar a los militantes para enfrentar a la dictadura] […] Y el [otro] factor en todo esto fue cómo comenzar a salvar vidas, aunque fueran [sólo] dos o tres. Por supuesto, la política continuó, nuestras discusiones políticas; sin embargo, esta otra [dimensión] estuvo operando fuertemente, nuestro error, nuestra responsabilidad. Imagínate. Mandábamos gente a Chile sin contactos por su propia seguridad, con pocos recursos y pocas casas seguras, y la dictadura llamaba a esto el gran ataque terrorista apoyado por los soviéticos que ellos estaban combatiendo, cuando, por el contrario, no había nada sustanciosamente real. […] Y nosotros los dividimos, y esto es extremadamente doloroso, eran personas que yo amaba mucho, nosotros las separamos. […] Por aquel entonces, debido a la tortura, sufría una crisis corporal aguda en la espalda; un día no podía caminar y tuve que pedir ayuda. Andaba con problemas con la espinal dorsal, y me tenían que hacer una cirugía, y yo sentí que el MIR pensaba que los estaba traicionando, dejándolos porque me debían operar de inmediato; en ese momento, me operaron en México. Y la división fue clásica, entre aquellos del MIR histórico que luchaban internacionalmente y aquellos que peleaban posicionados en Chile. Y cuando me estaban operando en aquel entonces, ellos asesinaron a uno de mis más cercanos amigos en Chile. Lo mataron. Y yo comencé a darme cuenta de que todo el entorno de la situación estaba muy frágil. Eso era evidente.

Peleábamos, peleábamos, peleábamos mucho, pero cuando llegaba a casa, yo pensaba: “Estamos peleando, pero ¿cuánto somos, trescientos, quinientos?”. Era difícil, un difícil período. Y encima de todo, con la disciplina del partido. Era esquizofrénico.23
Este pasaje mezcla varios estratos de dolor y trauma: las experiencias de la división partidaria, los camaradas moribundos, la responsabilidad colectiva, un intenso padecimiento físico debido a la tortura pasada y la ironía de sentirse un traidor a causa de una necesidad personal de abandonar (aunque sea momentáneamente) el cenagal.

A pesar del dolor de sentirse responsable por la muerte de los compañeros, a pesar de las fracciones internas del partido y las delicadas acusaciones de traición, Rivas manifiesta un enorme orgullo por haber sido parte del MIR y de la resistencia, un orgullo muy pocas veces visto en los análisis chilenos contemporáneos del pasado.

Uno hace lo que conoce. Y eso es lo que yo sabía, y estoy muy orgulloso de lo que hice. Muy orgulloso […] Y sigo pensando que tú, yo, todos nosotros somos los últimos monos, pero que aún tiene que aparecer el primer hombre. El proyecto de un hombre que sea profundamente humano no ha aparecido aún. Y este mundo sucumbirá con nosotros si no somos capaces de producir ciertos cambios. […]

En muchas ocasiones me he sentido culpable por estar vivo. Porque yo soy un error estadístico. Sin embargo, no sé por qué, esto es una casualidad, entonces tengo esta responsabilidad con la historia y con mi historia de seguir pensado con la misma valentía. No puedo estar de acuerdo con un abrazo con la muerte porque es la muerte quien abraza el poder.24
Los recuerdos y sentimientos de Rivas son representativos de una corriente importante de la izquierda no gobernante, que ha desempeñado un papel testimonial muy elocuente al insistir en la necesidad de explicar el pasado. En contraste con el trauma que tiene un efecto enmudecedor, el trauma de los recuerdos de sacrificio personal y colectivo contra la dictadura alimenta posiblemente una continua resistencia pública en los sobrevivientes –aquellos que se consideran a sí mismos como “errores estadísticos”–, dirigida contra las injusticias sociales y cualquier concesión de impunidad al régimen autoritario. Y, de manera coherente, esa actitud lleva a la elite izquierdista no gobernante a adoptar posturas airadas contra el gobierno de la Concertación.

LA RESURRECCIÓN DEL TRAUMA

Si bien se afirma en general que el silencio ha prevalecido entre los miembros de la elite gobernante chilena desde el comienzo mismo de la transición, una lectura detenida del discurso oficial en el Senado desde 1990 hasta nuestros días revela que en el primer año del gobierno de la Concertación, los líderes parlamentarios de todo el espectro, de izquierda a derecha, hablaron mucho más del pasado que en cualquiera de los años siguientes. La insistencia del ejecutivo en la “verdad” sobre el pasado reciente preparó el camino en la arena discursiva, mientras que el descubrimiento de los cuerpos momificados de personas desaparecidas en el norte del país promovió el tono ético simbólico del debate. El primer año mencionado, 1990, representó un espacio de debate discursivo oficial sobre las últimas cuatro décadas, si bien limitado por continuas alusiones a la certeza de que el relato de la verdad no estaría acompañado por una demanda de justicia. Sin embargo, el debate de la elite tuvo una vida comparativamente efímera. El asesinato del senador Jaime Guzmán, de la Unión Democrática Independiente (UDI), cometido el 1º de abril de 1991, significó un trauma para la elite política y el discurso oficial sobre el pasado quedó clausurado.

El presidente Patricio Aylwin fijó la agenda de la dirigencia al poner la cuestión de “esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como una exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional”, a la cabeza de su programa de cinco puntos de tareas gubernamentales.25

Durante los primeros meses del nuevo gobierno, interpretaciones antagónicas de la historia se reflejaron virtualmente en todos los temas sometidos al debate parlamentario. El senador Ricardo Núñez, del PS, demandó reiteradas veces que se programara una sesión especial del cuerpo para discutir el período 1970-1973. Algunos senadores derechistas, como Ignacio Pérez Walker, de Renovación Nacional (RN), y los generales retirados Santiago Sinclair y Bruno Siebert, designados por Pinochet para ocupar una banca en el Senado, dedicaron gran parte de su tiempo a presentar en el recinto sus interpretaciones de la historia del régimen militar. En esos primeros meses del gobierno de la Concertación, ninguna versión de la historia prevaleció públicamente sobre las demás.

El discurso demócrata cristiano en el Senado tuvo a menudo un tono bíblico, a través del cual se hacía hincapié en la necesidad de documentar el pasado reciente a fin de sanar “un Chile herido”, perdonar y “ejercer los dos grandes potenciales del hombre: su capacidad de conocer y buscar la verdad –el motor de la historia– y su capacidad de amar que lo acerca a Dios”.26

En general, el discurso del PS se mostró más condenatorio de la dictadura. El senador Núñez se concentró en la “violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Pinochet”, y especificó la gama de violaciones y la necesidad de esclarecer los hechos. Núñez también personalizó la victimización: “Quienes, por ejemplo, fueron encarcelados durante largos meses o aquel que fue víctima del exilio por el mero hecho de haber sido vicerrector de la segunda universidad en importancia del país, tienen gran apego a la verdad y la justicia, pero jamás a la venganza y mucho menos a la violencia”.27

El propio Núñez y su compañero de bancada Jaime Gazmuri denunciaron a los miembros derechistas del Senado por hacer en el recinto del cuerpo y ante la prensa comentarios que eran antidemocráticos y pretendían infundir miedo en los chilenos con respecto a las consecuencias potenciales de la Comisión de Verdad y Reconciliación nombrada por Aylwin.28

Los políticos de la derecha exigían que esa comisión reformulara su comprensión de la historia violenta, para lo cual debía ante todo ampliar el marco temporal de sus investigaciones hasta incluir la década de 1960. El senador Eugenio Cantuarias, de la UDI, insistió en que la comisión reconociera que “la violencia se originó en Chile durante la segunda mitad de la década del sesenta”, tanto debido a la mayor radicalización del PS como a la aparición del MIR:

Hay otro factor indispensable de reconocer para configurar el cuadro completo: hacerse cargo de lo que significó en nuestro país el progresivo deterioro de la convivencia nacional, del respeto a los derechos esenciales de las personas y, en especial, del derecho de propiedad, originado en la ley de Reforma Agraria y su aplicación a rajatabla, lo que implicó que una cantidad de chilenos pasaran a ser de segunda clase, ya que sus derechos más elementales pudieron ser vulnerados sin que tuvieran prácticamente defensa. Esto determinó que sectores de la ciudadanía nacional tradicionalmente defensores del orden empezaran a considerar también legítima la fuerza, como último recurso para defender sus derechos arrasados. Así, entonces, la acción de la izquierda radicalizada y la demagogia populista en que cayeron los gobernantes son antecedentes imprescindibles de tener en cuenta.29
La versión de Cantuarias revive lo que para la elite dirigente chilena fue tal vez el momento más traumático en la historia contemporánea: la expropiación de fundos en el campo. Luego de haber apoyado a Frei Montalva en las elecciones presidenciales de 1964, la elite terrateniente y sus aliados políticos de la derecha consideraron la ley de Reforma Agraria impulsada por ese gobierno como una traición inaceptable. En un nivel más profundo, la reforma fue el signo más notorio de una ruptura en un orden social cada vez más frágil y amenazado. La propiedad privada estaba bajo ataque. La tierra era arrancada de las manos de familias que habían sido sus propietarias durante varias generaciones. Es innegable que para ciertos sectores de la derecha chilena, el ascenso y creciente poder político de esforzados reformistas sociales y elementos radicalizados y militantes entre mediados y fines de la década de 1960 fue un episodio traumático, y esa sensación de trauma impregna el discurso derechista contemporáneo sobre el pasado.30

A lo largo de 1990 abundaron las alusiones a los momentos históricos políticamente cargados. Como protesta ante la aparición de brigadas de muralistas en Santiago, por ejemplo, el senador Francisco Prat de RN, un tradicional partido de derecha, señaló que esos brigadistas “generarían una clara percepción al transeúnte y, por ende, a la ciudadanía, de que en el gobierno y en el régimen democrático que se inicia vuelven a predominar los grupos organizados que, bajo el paraguas de la acción de pintado, esconden estructuras, métodos y quizás elementos paramilitares”.31

En otro tono, se produjo un estimulante intercambio en torno de los contrastes entre las protestas de los trabajadores chilenos en el Día del Trabajo bajo la dictadura y la reciente celebración del 1º de Mayo en democracia. Además, en respuesta a amenazas recibidas por integrantes del poder judicial, el Congreso debatió con ardor la historia del desempeño de ese poder durante el régimen militar.

Tras el discurso del 21 de mayo de 1990 pronunciado por el presidente ante el Congreso, los parlamentarios de la Concertación lo aplaudieron por calificar de “dictadura” el régimen de Pinochet y exhortaron a los senadores de la oposición a admitir su complicidad en los “errores” del pasado. La senadora demócrata cristiana Carmen Frei, hija de Eduardo Frei, presidente del país entre 1964 y 1970, desafió a los senadores de la derecha a hacer una “autocrítica pública” por los errores del régimen militar, así como, según afirmaba, habían hecho el centro y la izquierda con respecto a los gobiernos de la Democracia Cristiana (DC) y la UP, respectivamente.32

Durante la misma sesión, el senador socialista Núñez regresó al recinto, tanto para aceptar los errores cometidos por la UP como para negar enfáticamente que éstos justificaran todo lo sucedido a posteriori:

A mi juicio, ningún error de la Unidad Popular –como todos aquellos que se han descripto– justifica que en nuestro país hubiera ejecutados, desaparecidos, torturas masivas; invasión a poblaciones, fábricas y universidades; encarcelamientos; el asesinato sistemático; el envío de agentes del estado a asesinar chilenos fuera de nuestra patria, como en los casos de Letelier, de Leighton y del general Prats. Ningún error de la Unidad Popular justifica que se haya degollado y quemado a jóvenes en Chile. Ningún error de la Unidad Popular justifica, señores senadores, que se haya perseguido a sacerdotes y pretendido desprestigiar el papel de la Iglesia Católica. Es cierto que cometimos errores durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero ninguno de ellos justifica la incapacidad de la clase política –muchos de los actores están acá– para haber evitado que las Fuerzas Armadas asumieran el poder.33
En 1990, el debate senatorial más polémico sobre el pasado se produjo inmediatamente después del hallazgo de los cuerpos momificados en Pisagua, un descubrimiento que estremeció al país. Como es evidente, los chilenos no ignoraban la existencia de desapariciones, y prácticamente desde el momento de la asunción del gobierno democrático comenzaron las exhumaciones. Sin embargo, el hallazgo de seres humanos desaparecidos y cuyos cuerpos habían sido escalofriantemente preservados por el desértico suelo del norte –que luego fueron objeto de una amplia difusión a través de noticieros y fotografías– era una novedad horrenda e indiscutible. En el Senado las emociones alcanzaron cotas elevadas y los miembros de la Concertación censuraron a los senadores derechistas por seguir defendiendo a la dictadura a pesar de lo que revelaban las nuevas pruebas. Los senadores de la derecha insistían, empero, en que los militares habían salvado al país. En respaldo de sus afirmaciones, los senadores designados por Pinochet y sus pares de RN y la UDI solían citar extractos de discursos y cartas de los líderes demócrata cristianos de 1973, en los que éstos condenaban el gobierno de la UP y apoyaban el golpe.34

Tras una sesión particularmente áspera sobre Pisagua, el senador Sebastián Piñera, de RN, presentó al día siguiente una propuesta pública para celebrar una “nueva sesión especial, no a fin de seguir hablando del pasado sino, antes bien, con el objetivo de continuar explorando y analizando juntos las mejores maneras de compatibilizar en nuestro país los valores de la verdad, la justicia, la paz y la reconciliación”.35

El uso que hacía Piñera del término “reconciliación” anticipaba la apropiación del concepto por parte de la derecha chilena a lo largo de la década de 1990. No obstante, en una de las modalidades narrativas de tono más confesional de principios de esa década, el senador demócrata cristiano José Ruiz de Giorgio pronunció un extenso discurso titulado “Reconciliación: el camino hacia la democracia”, en el cual distinguía entre “mi verdad” y “otras verdades”. Su verdad implicaba reconocer públicamente que en 1986, al recibir la noticia del fallido intento de asesinato –“real o ficticio”– de Pinochet, se sintió “decepcionado porque el dictador había sobrevivido”.36

La exposición de De Giorgio muestra un sofisticado uso de la distinción entre “verdades”, recuerdos y hechos históricos.

Uno de los senadores derechistas más sueltos de lengua era Jaime Guzmán, el principal arquitecto civil del régimen de Pinochet y su Constitución de 1980, así como fundador y autoridad intelectual de la UDI. Guzmán era un firme defensor de los logros del régimen militar, criticaba a quienes lo calificaban de “dictadura” y entrelazaba en sus discursos veladas advertencias dirigidas a quienes pudieran ofender a las Fuerzas Armadas.37

Guzmán se presentaba como vocero de Pinochet y expresaba el malestar del general con respecto a las alegaciones del gobierno de la Concertación contra su régimen. En los días previos a su asesinato, perpetrado el 1º de abril de 1991, el senador encabezó el rechazo a una propuesta presentada por RN para dar a Aylwin la facultad de indultar a los presos políticos.38

Sería el propio Pinochet quien saldría del hospital para anunciar la muerte de Guzmán. Una airada multitud de simpatizantes de éste se congregó frente al Hospital Militar para denunciar la blandura del gobierno de la Concertación con el terrorismo; en sus cánticos, algunos manifestantes proponían el retorno de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la conocida agencia de inteligencia del régimen pinochetista.39

Tres días después del asesinato, el general Pinochet se reunió con el presidente Aylwin para anunciarle que el Ejército había determinado que el país se encontraba en la “fase D”, la etapa previa al desencadenamiento de la guerrilla urbana.40

En los meses posteriores al crimen, el discurso oficial se concentró en la lucha contra el terrorismo lanzado por agentes no estatales y entendido en las circunstancias del momento. El atentado contra Guzmán señaló la culminación de los ataques de la extrema izquierda, incluyendo el intento de asesinato, en marzo de 1990, del general retirado de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, ex miembro de la Junta Militar, y la muerte violenta, en mayo del mismo año, del coronel retirado de la policía Luis Fontaine. El exitoso ataque contra el senador traumatizó a la dirigencia de la Concertación y permitió a la oposición derechista ocupar los primeros planos discursivos.

También obstaculizó los esfuerzos de los representantes oficialistas en el Parlamento por aprobar varias iniciativas, desde reformas constitucionales a una serie de medidas relacionadas con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En ese aspecto, la oposición frustró los intentos del gobierno de promover la discusión del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (o Comisión Rettig),41 dado a conocer poco antes de la muerte de Guzmán. En una entrevista reciente, el senador Núñez reflexionó sobre la resurrección del trauma que la izquierda sintió en la época del asesinato:

Ninguno de los actores centrales de la transición deseaba el debate de 1973. Ninguno deseaba adueñarse de los hechos de 1973 para proyectarlos en 1990. Nosotros sentimos que si hubiéramos revisitado las contradicciones de 1973 no hubiera habido transición. Y en esta escena, las personas más responsables por no hacer circular, discutir el reporte Rettig, fueron las personas dentro de la izquierda. No la Democracia Cristiana. Y mucho menos la derecha o los militares. Nosotros fuimos responsables. Quizá donde pecamos fue con una tremenda responsabilidad, yo incluido que fui un líder. Porque aquellos de nosotros que le dimos un impulso a la transición, fuimos los mismos que habíamos sido una parte de 1973, los mismos que fuimos a la cárcel, al exilio, que fuimos torturados. Diría que en el mundo subjetivo de la política, nosotros sentimos que para tener una transición, no podíamos retornar a 1973.

En segundo lugar, estábamos convencidos de que un sector importante de la derecha no deseaba la transición. Y aquel sector era liderado por Pinochet. Y uno no puede olvidar que durante los tres primeros años hubo intentos de involución que marcaron la transición chilena: el boinazo.42 Hubo un constante remanente de un sector poderoso, incluidos los “ex” de la Central Nacional de Inteligencia –militares fuertemente implicados en abusos de los derechos humanos–, y sectores civiles a los que nunca les gustó la transición porque nunca les gustó la democracia. Es por ello que el tema de los derechos humanos no fue el de mayor interés.43
Vale la pena tomar nota de la evaluación de Núñez, porque antes de la muerte de Guzmán era un miembro insistente –el más insistente– de la izquierda senatorial en lo relacionado con la necesidad de examinar el derrumbe de 1973. Los recuerdos del senador socialista sobre los primeros años de la década del noventa muestran la naturaleza semejante a una “caja de Pandora” de la política chilena, en la cual un gobierno democrático aparentemente consolidado actúa en medio de las amenazas reales e imaginarias planteadas por fuerzas no democráticas. En la actualidad, Núñez lamenta que la izquierda gobernante omitiera insistir, a lo largo de la mayor parte de la década de 1990, en la necesaria exploración pública del pasado, y este sentimiento oscurece su recuerdo de ese primer período.

El silencio de la elite sobre el pasado se mantuvo entre 1991 y 1998. Hubo ocasionales momentos favorables a una “política expresiva”,44 entre ellos ciertas iniciativas simbólicas como las de levantar un monumento a los muertos y desaparecidos y otros, en homenaje a Salvador Allende, así como la intención de derogar el feriado nacional del 11 de septiembre, pero esos esfuerzos se realizaron principalmente a puertas cerradas y la última propuesta carecería de significación hasta 1998, cuando el propio Pinochet apoyó la medida. Para que la izquierda comenzara a romper el pacto de silencio fue necesaria la intervención de una serie de factores externos, desde la admisión de atroces violaciones a los derechos humanos por parte de los militares hasta el desafuero de Pinochet dispuesto por la Corte Suprema.

El fantasma de Jaime Guzmán rondó constantemente un debate parlamentario sobre la propuesta de levantar una estatua oficial en conmemoración del difunto presidente Salvador Allende. En contraste con el apoyo del Congreso a iniciativas similares referidas a los ex presidentes Jorge Alessandri (1958-1964) y Eduardo Frei (padre) (1964-1970), también fallecidos, cuyo trámite parlamentario duró apenas tres meses, la aprobación de los monumentos de Allende se dilató durante cuatro años, y las escenas obstruccionistas en la Cámara de Diputados, sobre todo, constituyeron un desagradable espectáculo. De manera tal vez previsible, los esfuerzos por sancionar ese proyecto suscitaron una lucha discursiva sobre la caracterización del período de la UP y, en contraste con los debates parlamentarios de 1990, esta vez las voces abrumadoramente dominantes en ambas cámaras fueron las pertenecientes a la derecha.

Durante las discusiones en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de los monumentos, el congresista Juan Enrique Taladriz, de RN, responsabilizó a Allende y el gobierno de la UP por las calamidades de la década de 1970, sobre todo las medidas de expropiación: “Miles de familias chilenas sufrieron pérdidas irreparables como consecuencia directa o indirecta de ese gobierno [de la UP]”, sostuvo Taladriz. El diputado se oponía a la erección de la estatua: “Para no revivir esa época que es mejor olvidar, nos opondremos a este proyecto de ley”.45

Como un reflejo de las posiciones históricas de la derecha con referencia a la Comisión de Verdad y Reconciliación, el diputado Carlos Ignacio Kuschel vituperó al gobierno de Allende por dar inicio a la violencia que había asolado a Chile, y elogió al régimen militar por evitar la guerra civil. Los verdaderos demócratas y patriotas, sostuvo, estaban obligados a suspender la democracia para salvarla.46

Desde luego, un puñado de diputados de izquierda respondió con vehemencia. “¡Allende no tuvo ni se fue de este mundo con las manos manchadas con sangre!”, dijo el diputado socialista Héctor Olivares, un ex preso político y exiliado que se identificaba como “orgulloso amigo” del difunto presidente. “¡Allende no hizo desaparecer a ciudadanos de este país ni ordenó torturar en su gobierno!”.47

En memoria del “compañero Allende”, el fallecido diputado Mario Palestro aludió a cierto “olvido” colectivo que afectaba la transición chilena, y sostuvo que los monumentos propuestos podrían contribuir a contrarrestarlo.48

La única discusión senatorial pública del proyecto de ley sobre los monumentos a Allende, realizada en junio de 1994, estuvo dominada por varios senadores derechistas que dieron voz a extensas denuncias contra el ex presidente. Veintidós de los treinta y ocho senadores presentes decidieron fundamentar su voto, y desde el principio hasta el fin los discursos fueron en su abrumadora mayoría de adversarios de Allende. El senador Francisco Prat, de RN, argumentó que Salvador Allende había intentado llevar al país por el camino de la violencia y hacia el totalitarismo. El senador Hernán Larraín, de la UDI, declaró que el gobierno de aquél había sido “oscuro, muy negativo y, quizás, uno de los peores momentos en nuestra historia”.49

Mientras la derecha era explícita en sus caracterizaciones, los diputados de la DC y el PPD tuvieron la precaución de no identificarse con la conducción de Allende. Argumentaron, en cambio, que Chile parecería un país “extraño” a los ojos de la comunidad internacional si los senadores no aprobaban la construcción de los monumentos, dada la abundancia de calles, plazas y estatuas dedicadas al difunto presidente en todo el mundo. Sergio Bitar, senador del PPD (y ministro de Educación), ex miembro del gabinete allendista y antiguo preso político y exiliado, hizo hincapié en la “tolerancia”, la “diversidad” y la “reconciliación” e insistió en que el Senado no podía atribuirse el papel de juez de la historia.50

Si bien en la cámara alta las tensiones no fueron tantas como en la Cámara de Diputados, los defensores del proyecto de ley evitaron una desgraciada disputa pública y una derrota potencial por medio de un compromiso no muy honroso. A cambio del apoyo de los senadores de la UDI a la construcción de los monumentos a Allende, sus pares del socialismo aceptaron respaldar un proyecto anterior sobre la erección de estatuas en homenaje a Jaime Guzmán y lo votaron unánimemente. A su turno, los senadores de la UDI, en última instancia, también dieron su apoyo unánime a los monumentos al ex presidente y aseguraron así la obtención de la mayoría simple necesaria para sancionar la ley. Los cómputos senatoriales finales sobre esta última propuesta fueron de veintisiete votos a favor, ocho en contra (todos correspondientes a los senadores designados por Pinochet) y tres abstenciones (los representantes de RN).

Hasta 1998, aunque resabios de los conflictos históricos siguieron reflejándose en los debates parlamentarios sobre la legislación del momento, cesaron las demandas de las elites políticas de retorno a la crónica histórica. Esto no significó que el pasado simplemente desapareciera; al contrario, los grupos de derechos humanos no cejaron en su exigencia de una rendición de cuentas, los abogados representantes de las familias de las víctimas continuaron ejerciendo presión sobre la justicia y las exhumaciones prosiguieron.51 Cada marzo, en el aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y cada septiembre, en el aniversario del golpe, sectores de la sociedad civil organizaban conmemoraciones y protestas. Los activistas de los derechos humanos también intentaron centrar la atención de los medios en casos de violaciones no enmarcadas en los términos de la ley de Amnistía de 1978, como los episodios de los “degollados”, los “quemados vivos” y la “Operación Albania”.52 En 1995, la Corte Suprema chilena condenó a Manuel Contreras y Pedro Espinoza a penas de cárcel por el asesinato de Orlando Letelier. El movimiento político institucional con referencia a la dictadura quedó interrumpido, y el Ejecutivo y la Legislatura dejaron el tema en manos de la sociedad civil y la Justicia.

Hubo un puñado de dirigentes parlamentarios, como Andrés Aylwin, de la DC, y la senadora Laura Soto, del PPD, cuyas voces solitarias sobre el pasado lograron abrirse un espacio en los editoriales o artículos de opinión. No obstante, se produjo una prolongada y amplia desconexión entre los políticos de la izquierda gobernante, por un lado, y los sectores de la sociedad civil para los cuales el pasado no debía olvidarse, por otro. La izquierda en el gobierno adoptó una postura defensiva.

LA SUPERACIÓN DEL SILENCIO

El año 1998 señaló un punto de inflexión en el cual un conjunto de sitios de la memoria volverían a poner la historia en primer plano. Para la elite política, la política expresiva comenzó con el ingreso de Pinochet al Senado, continuó con una serie de reflexiones y debates vinculados al vigésimo quinto aniversario del golpe y llegó a un punto culminante con los acontecimientos posiblemente desencadenados por la detención del general. Un puñado de parlamentarios intentaron impugnar la legalidad de la asunción de Pinochet como senador, y senadores y diputados organizaron una protesta silenciosa el día en que el ex presidente entró a la cámara alta para desempeñar su nuevo cargo.

La diputada Isabel Allende, hija del difunto presidente, mantiene una identidad política íntimamente ligada al pasado. En una entrevista realizada en 1998, expresó sin tapujos su frustración por el temor al conflicto manifestado por sus colegas:

Todavía hay muchos miedos reales. Y cualquier cosa que aparezca como un conflicto es algo visto como muy preocupante. En principio, todos deseamos evitar un conflicto, pero hay ocasiones en que crearemos más conflicto tratando de evitarlo. Hoy estamos en la negación absoluta de un conflicto, lo cual crea un tipo de consenso que en parte es superficial. Hay una gran porción real de la población que continúa traumatizada. El tema del conflicto en su totalidad, la violencia, es algo preocupante para nosotros. Sin embargo, por otro lado, hay una especie de vulgarización de la política –tanto del lado de la derecha como del lado del Partido Demócrata Cristiano– en un giro completamente errado, donde se trata de perfilar al partido como el garante de la estabilidad. Nosotros tenemos las mismas habilidades, los mismos intereses, las mismas capacidades; entonces nuestro reto ahora, en tanto Concertación, es cómo avanzar unidos hacia la próxima presidencia, pero deshaciéndonos de la tendencia a crear fantasmas alarmantes. Tenemos que romper ese patrón.53
A lo largo de la década pasada, la diputada Allende se ha referido cada vez con mayor insistencia a la necesidad de recuperar los recuerdos de la tradición socialista sostenida por su padre. En septiembre de 1998, al cumplirse veinticinco años del derrocamiento de éste, organizó un acto conmemorativo en el Estadio Nacional.

Nosotros vemos esto como un evento cultural mayor, pero también como un reconocimiento de lo que alienta la democracia, de lo que Allende entendió por ella, de esa democracia relacionada también con la justicia social, a favor de la justicia social. Él favoreció un proceso revolucionario a través de canales democráticos, “abriendo caminos hacia el cambio en pura libertad”. […] un testimonio en sus variadas formas. Y siento que hacer este tipo de homenaje a Allende, a la resurrección de su memoria, implica no ser un prisionero de aquella memoria de entonces. Estamos en otro período que estará abriendo un espacio. Todavía estamos en una democracia muy constreñida y limitada.54
El 18 de marzo de 2003 Isabel Allende se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados. Aunque logró la victoria por estrecho margen, su nuevo cargo es el símbolo de una posibilidad desde el punto de vista de la exploración del pasado. Allende y Juan Pablo Letelier fueron los únicos parlamentarios socialistas que viajaron a Madrid a testificar contra Pinochet en el marco de las diligencias emprendidas por el juez español Baltasar Garzón para emitir un auto de acusación. En una reciente entrevista concedida al diario español El País, la diputada reflexionó sobre los silencios en torno del pasado de Chile:

Cuando volví a este país después de diecisiete años de exilio estaba acostumbrada a otra cosa. Salvador Allende era un referente obligado universal, generaciones de socialistas me decían: “Yo entré al partido por Salvador Allende, por su ejemplo”. Estaba acostumbrada a que se hicieran jornadas de reflexión, a partir de la experiencia y del referente llamado Salvador Allende. Y llegué a Chile hacia el año noventa y me encontré con un verdadero veto; la gente no se atrevía a hablar, ni de la Unidad Popular, muy poco de Salvador Allende y casi de manera vergonzante. Creo que es cierto, que ha sido así, así lo viví yo, y así encontré este país. No en la memoria popular, me refiero a los dirigentes, a los estamentos públicos más notorios. Lo he visto en todos los sectores, incluido el Partido Socialista. Pero bueno, puestos a ser benignos, podemos decir que el golpe fue tan traumático que la gente tiende a protegerse, y de ahí los dolores, las cicatrices.55
Hubo signos, sin embargo, de que además de Isabel Allende otros miembros de la izquierda gobernante se preparaban para adoptar una postura pública más proactiva en lo concerniente a la necesidad de llegar a un acuerdo con el pasado, sobre todo en el aspecto del cuestionamiento de los relatos e imágenes dominantes de los vencedores y vencidos. El senador socialista Carlos Ominami ha mostrado una evidente incomodidad con los silencios de la izquierda gobernante, que resultó aún más notoria cuando Pinochet se incorporó al Senado en marzo de 1998. El 11 de septiembre de ese año, en un programa televisivo especial en ocasión del vigésimo quinto aniversario del golpe, Ominami debatió en público con senadores derechistas que se habían desempeñado en el régimen de Pinochet, entre ellos Sergio Diez, de RN, y Sergio Fernández, de la UDI. El senador socialista impugnó la afirmación de Diez de que la extrema izquierda era responsable de instigar a la violencia. Ominami hizo hincapié en la distinción entre el lenguaje violento de la ultraizquierda y el ejercicio sistemático de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas, y de ese modo intentó trasladar el debate del período anterior a 1973 a la cuestión de la duración y alcance de la violencia y represión militares.

En una entrevista reciente, este mismo senador se centró en la necesidad de la izquierda de “corregir” la crónica histórica:

Hay muchos intereses para dejar las cosas allí. Hoy día el principal partido político en Chile es la UDI, muy vinculado al pinochetismo, que tienen este líder Guzmán. Mira lo que pasó en el Senado, una cosa increíble. Yo no estaba en el Senado. Yo jamás lo habría hecho. El Senado votó […] se hizo una transacción increíble. La derecha votó para un monumento a Salvador Allende y la izquierda votó para Jaime Guzmán.
¿Y eso fue en 1994?

Antes, en el 1992, el 1993, porque yo entré en el 1994. Es increíble. Me siento muy afectado, chocado, cuando los progresistas, con respecto a Allende, dicen: “No hablemos de esto”. Eso es lo peor para mí. Es como una descomposición de los valores. […] Y tengo que decir que es muy simbólico cuando uno piensa en la transacción de Allende por Guzmán.56
Si bien Ominami no participó en las negociaciones entre los socialistas y la UDI por los monumentos dedicados a Allende y Guzmán porque todavía no era senador, sí ocupaba ese cargo en el momento de la votación de dicho proyecto de ley. Y no ejerció su derecho a hablar durante la sesión consagrada al tema, juzgando, tal vez, que como el trato ya era una realidad, un discurso público sonaría hueco. Su memoria expresa una necesidad de autopreservación. No obstante, el senador trabaja actualmente en un libro de memorias que es, al menos en parte, un arreglo de cuentas con Guzmán.

En mi libro quiero hacer cuentas con Jaime Guzmán. Se dice que salvó gente, pero sí, salvó gente, algunos, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Y si esta persona se constituye en una persona tan importante, creo que muestra los déficits nuestros. Tenemos que plantear ante la gente, de una manera muy cruda, exactamente qué estaba pasando, cómo la gente vivía tan calmadamente con todo lo que pasaba. Tú sabes que aquí, en el centro de Santiago, hubo desaparecidos. A diez cuadras de aquí, alguien detenido por una semana y que después desapareció, aquí mismo, en el centro de Santiago. Y Guzmán estaba en el poder, y Jarpa también. Tenemos que ajustar el cuadro dramáticamente. […]

Hoy día tú tienes estas generaciones jóvenes de la derecha que van a homenajear a Jaime Guzmán y no saben quién es Jaime Guzmán. Guzmán sabía. Cuando Guzmán actuaba sabía que había una maquina, una industria de la muerte en Chile.57
Durante la represión Ominami no fue, sin duda, una de esas personas que “vivía […] calmadamente con todo lo que pasaba”. El senador es hijo de un general a quien la dictadura arrestó, torturó y envió al exilio. El propio Ominami es un ex activista del MIR que adoptó al hijo del líder de esa agrupación, Miguel Henríquez, muerto en un tiroteo con la DINA en 1974. Muchos de los desaparecidos a quienes se refiere eran sus ex camaradas.

Inmediatamente después de la admisión militar de que ciertos oficiales habían arrojado más de cien cuerpos al mar, Ominami pronunció un vigoroso discurso en el recinto del Senado, en el cual instó a sus pares de la derecha a reconocer su complicidad histórica y admitir la existencia de una “máquina de la muerte” en el pasado régimen militar.

Me consta que algunos ex funcionarios del régimen intervinieron para ayudar a personas que habían sido detenidas. Me consta, incluso, que alguien tan importante para los senadores y diputados de la oposición como Jaime Guzmán intervino para rescatar a detenidos de manos de la DINA. Pero esas intervenciones son también la demostración de que se sabía lo que estaba ocurriendo y que justamente había que rescatar a esos amigos de esta máquina de matar y hacer desaparecer gente que estaba funcionando.58
Un año después de esa alocución, el senador insistió en el imperativo de la izquierda de afirmar “puntos de referencia históricos” alternativos. Sin embargo, como Adriana Muñoz en la Cámara de Diputados, Ominami dudaba de la voluntad y capacidad de la izquierda para embarcarse en batallas por la historia y la memoria, habida cuenta de la correlación política de fuerzas. Si bien nunca cuestionó en público los esfuerzos de la Concertación por lograr el retorno de Pinochet a Chile, la decisión de la Corte Suprema chilena de 2002, cuando declaró al ex presidente militar mentalmente incapacitado para enfrentar un juicio, lo indujo a trazar una curiosa comparación:

Si nos comparas con España y la izquierda española, recuerda que Franco murió en su cama, y aquello no fue algo muy glorioso para la izquierda, y de alguna manera, eso es lo que ahora está sucediendo aquí. Para cambiar esto necesitamos una izquierda mucho más fuerte. El gobierno de Lagos no deseaba hacer esto. Yo he tenido fuertes discusiones con Lagos acerca de este tema, incluso durante la campaña presidencial en lo que respecta a la cuestión de los desaparecidos. Puedes darte cuenta de que aquello fue una industria de la desaparición, quinientas, mil personas, respaldada por un consenso, así como por una infraestructura y un lenguaje, como es el caso del código “Puerto Montt”, que no es otra cosa sino el acto de poder librarse de los cuerpos arrojándolos al océano; y Lagos me dice: “Pero ¿cómo puedes tú llamar a eso una industria?”, a lo que yo le respondo: “Cuando haces desaparecer a decenas de personas en muchos lugares centrales, eso es una industria”. Ellos no eran los nazis, pero fueron una industria de la desaparición. ¿Cómo puede ser posible, cuando el Ejército nos dice “nosotros lanzamos personas al mar”, que digan que aquello no fue dramático y haya un explosivo desacuerdo en todos? ¿Te das cuenta de que encontraron los restos de los trece que habían estado en La Moneda, de quienes el Ejército dijo que los habían arrojado al mar, lo cual tampoco fue verdad? 59
También en este caso, entre esas trece personas había varios ex camaradas de Ominami que se habían desempeñado como custodia personal de Allende. En nuestra entrevista, si bien la versión del senador presentada al comienzo de este trabajo representa una explicación racionalista y de aprendizaje político de los motivos por los cuales los temas del pasado conflictivo no salen a la superficie, el tono de la conversación dejaba traslucir ira y asco, fundados en los recuerdos de los camaradas muertos y un sentimiento de responsabilidad por la conservación de su memoria, visto que Ominami había sobrevivido.60

El senador Ricardo Núñez ha pasado los últimos trece años en compañía de sus pares senatoriales, entre quienes se incluyen ex ministros civiles de Pinochet y oficiales militares de alta graduación. En el recinto de la Cámara Alta ha puesto en tela de juicio tanto las versiones generales como las versiones específicamente derechistas del período de la UP, el golpe militar y la represión. Núñez es un testigo directo de la actitud de la derecha chilena, que sigue negando su culpabilidad por los errores y atrocidades del pasado, y ha llegado a la conclusión de que esa corriente política no modificará su interpretación de lo sucedido:

Chile es un país que niega su historia permanentemente. Un tipo de síndrome que nunca acepta ni reconstruye su pasado porque tanto para la derecha como para la clase empresaria y los militares, y lo mismo vale para la izquierda en su estado de frustración, todos vemos el pasado como un momento en el cual todos cometimos errores. Los errores de la dictadura fueron horrorosos: violación de los derechos humanos, negación de los derechos básicos; sin embargo, en cualquiera de los casos, nosotros hemos intentado, todos, olvidar el pasado, lo cual representa un error grave en la transición chilena, y quizás una de las dificultades y obstáculos más fundamentales para la reconstrucción nacional. […]

Y por todo ello, siempre tendremos un derecho que nunca acepta sus responsabilidades por el pasado, que nunca explica el pasado en los términos de un proceso natural, un derecho que niega la real fuerza de la izquierda, que hubo un Allende y un Partido Comunista, y todo se refiere meramente a una cuestión de la Guerra Fría, de los Estados Unidos, un Estados Unidos que tiene claramente una enorme responsabilidad por el pasado también en este sentido. Ellos lo consideran un hecho anormal, o niegan que históricamente tuvimos, más que ningún otro país del mundo, el Partido Comunista con mayor cantidad de afiliados –junto con el Partido Comunista Italiano– fuera del bloque soviético, y también niegan que nuestro Partido Socialista fue socialista, que más que socialdemócrata fue una fuerza revolucionaria socialista. Nosotros fuimos una anormalidad, y no teníamos fuerza guerrillera. Más bien poseíamos un proyecto popular masivo, y la derecha considera esto una aberración que justamente no tenía por qué haber ocurrido. En un sentido, lo que pasó aquí, de 1973 en adelante, fue no una revolución, sino una restauración. Fue un proceso de contrarreforma, más que un proceso de reformas políticas. […]

Entonces, con respecto a la responsabilidad, a la culpa, la derecha nunca la aceptará. Nosotros siempre tendremos, íntimamente, este síndrome cultural, que no es más que la doble lectura de nuestra historia. Esto es algo que siempre hemos tenido. Desde la Guerra Civil de 1891, tenemos dos interpretaciones, y de ahora en adelante, por todos los años venideros, tendremos esta doble lectura de la dictadura.61
El 16 de agosto de 2000, toda una década después de que Núñez solicitara una sesión especial del Senado para examinar el período 1970-1973, la oposición derechista propuso y obtuvo una sesión sobre las “causas de la situación existente en Chile el 11 de septiembre de 1973”. El contexto político de ese pedido, sin embargo, era dramáticamente distinto del vigente en 1990. La derecha consideraba que la sesión especial era una respuesta necesaria al desafuero de Pinochet, un fallo de la Corte Suprema que había dejado confundidos a los partidarios del ex presidente.

La sesión senatorial terminó por ser la más prolongada sobre el período anterior a 1973 desde la instauración del gobierno democrático. Si bien la derecha tuvo la palabra durante más tiempo que los senadores de la Concertación, el debate incluyó exposiciones pormenorizadas de todo el espectro político, que abordaron una serie de organizaciones, acontecimientos y posiciones de los años previos a 1973. La deliberación confirmó los argumentos de Núñez sobre las interpretaciones derechistas de la historia. No obstante, también simbolizó la ruptura del silencio de la izquierda con respecto al pasado.

¿Qué cosas sucedidas en los últimos tiempos contribuyeron a modificar la identificación pública de la izquierda gobernante con su pasado? Uno de los elementos fue, sin duda, la detención de Pinochet, pero tal vez fueron más importantes las confesiones de los militares con referencia a los cuerpos arrojados al mar y el desafuero del ex presidente decretado por la justicia. En otras palabras, para que se produjera aquella modificación fue necesario que las mismas instituciones que habían sido cómplices de las atrocidades pretéritas y obstruido las demandas societales de examen del pasado se sometieran y agrietaran, aunque sólo fuera un poco y, en el caso de los militares, lo hicieran en un intento de protegerse de la acumulación de acusaciones.

Los recuerdos individuales y colectivos de un pasado turbulento y traumático cumplen un papel crucial en la política posautoritaria, aunque han sido objeto de escasos planteos teóricos. Los sucesos del pasado reciente –muchos de ellos producidos a pesar de la clase política chilena y no por obra de ella– han puesto de manifiesto con claridad que los legados autoritarios pueden estremecer de manera dramática los regímenes democráticos, así como someterlos a un obstinado acoso. Sobre la base de los acontecimientos ocurridos en Chile desde 2003, treinta años después del golpe, parecería que los políticos chilenos de todo el espectro han terminado por aceptar firme y públicamente la inevitabilidad de la exhumación del pasado traumático. El gobierno de Lagos ha comenzado a mostrarse sensible a la posibilidad de reivindicar la historia y los recuerdos: entre otras cosas, rebautizó el Estadio Chile como Estadio Víctor Jara, declaró monumento histórico el Estadio Nacional y aprobó elaborados proyectos para instruir a quienes lo visiten en el futuro sobre los hechos ocurridos en él. También empieza a reconocer la necesidad de abordar de manera más sistemática la significación y las consecuencias de la tortura, las desapariciones y las muertes promovidas por el estado. Transcurrida más de una década luego de la transición desde el régimen militar, el debate de la elite política parece admitir la urgencia de llegar a un acuerdo sobre el pasado mediante la implementación de mecanismos políticos más generales y sistemáticos para abordar e incluso propiciar su indagación.

Traducción de Horacio Pons

NOTAS

1. Amparo Menéndez Carrión y Alfredo Joignant. “De la ‘democracia de los acuerdos’ a los dilemas de la polis. ¿Transición incompleta o ciudadanía pendiente?”. Amparo Menéndez Carrión y Alfredo Joignant (comps.), La caja de Pandora. El retorno de la transición chilena. Santiago: Planeta/Ariel, 1999, pp. 13-48.

2. Amparo Menéndez Carrión y Alfredo Joignant. “De la ‘democracia de los acuerdos’ a los dilemas de la polis. ¿Transición incompleta o ciudadanía pendiente?”. Amparo Menéndez Carrión y Alfredo Joignant (comps.), La caja de Pandora. El retorno de la transición chilena. Santiago: Planeta/Ariel, 1999, p. 14.

3. Andrés Oppenheimer. “Claves americanas: Chile, el país más aburrido”. La Nación. Edición online, www.lanacion.com.ar/03/06/10/dx_502700.asp.

4. “El 87% de los chilenos opina que aún no se logra la reconciliación”, hipervínculo www.emol.com/noticias/detalle/detalle_noticia.asp?idnoticia+1165, con acceso desde el 4 de julio de 2003.

5. La obra de la psicóloga chilena Elizabeth Lira ejerció una significativa influencia en mi conceptualización de la política traumática. Entre sus muchos trabajos, véanse “Remembering: Passing back through the heart”. James W. Pennebaker, Darío Páez y Bernard Rimé (comps.), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives. Mahwah (Nueva Jersey): Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1997, y (en colaboración con María Isabel Castillo). Psicología de la amenaza y del miedo. Santiago: ILAS-CESOC, 1991. En otro tono, los tres últimos informes sobre Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documentan las repercusiones de su pasado traumático sobre la sociedad contemporánea. Véase, en particular. Desarrollo humano en Chile, 1998: las paradojas de la modernización. Santiago: PNUD, 1998.

6. En el trabajo de Alexander Wilde incluido en este volumen, “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, se encontrará una convincente formulación y discusión de la política de la memoria entre las elites chilenas durante la década de 1990. En Brian Loveman y Elizabeth Lira. Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política, 1814-1932. Santiago: LOM-DIBAM, 2000, y Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política, 1932-1994. Santiago: LOM-DIBAM, 2001. Se presenta una importante exploración analítica de los patrones históricos de conflicto en la elite política chilena, seguidos por amnistías y una política de “olvido”.

7. Véanse Manuel Antonio Garretón. “The Feasibility of Democracy in Chile”. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 15(30), 1990, y Peter M. Siavelis, The President and Congress in Postauthoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation. University Park (Pennsylvania): Pennsylvania State University Press, 2000.

8. Entrevista a Carlos Ominami. 1º de julio de 2002.

9. Manuel Antonio Garretón y Malva Espinosa. “Chile: Political learning and the reconstruction of democracy”. Jennifer McCoy (comp.), Political Learning and Redemocratization in Latin America: Do Politicians Learn from Political Crises? Miami: North-South Center Press, 2000, pp. 37-71. Se encontrará un análisis detallado y matizado del aprendizaje político chileno. Véase también Nancy Bermeo. “Democracy and the lessons of dictatorship”. Comparative Politics. Abril de 1992, pp. 273-291.

10. Entrevista a Ricardo Núñez. 25 de junio de 2002.

11. Véase Katherine Hite y Leonardo Morlino. “Problematizing authoritarian legacies and good democracy”. Katherine Hite y Paola Cesarini (comps.), Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe. South Bend (Indiana): The University of Notre Dame Press, 2004. Véase también el trabajo de Alexander Wilde en esta publicación.

12. Bruno Bettelheim. Surviving and Other Essays. Nueva York: Alfred Knopf, 1979, p. 24, 11 [traducción castellana: Sobrevivir. El Holocausto una generación después. Barcelona: Crítica, 1983].

13.Véanse Norbert Lechner. Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política. Santiago: FLACSO, 1988, y “Some people die of fear: Fear as a political problem”. Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (comps.), Fear at the Edge. State Terror and Resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992, pp. 26-38.

14. Sofía Salimovich, Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein. “Victims of fear: The social psychology of repression”. Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (comps.), Fear at the Edge. State Terror and Resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992, pp. 72-89.

15. Jürgen Habermas. The Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 1975 [traducción castellana: Problemas de legitimidad del capitalismo tardío. Buenos Aires: Amorrortu, 1989].

16. Véase Anthony Giddens. The Constitution of Society. Berkeley: University of California Press, 1984 [traducción castellana: La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu, 1995]; véase también Erik Erikson. Identity and the Life Cycle. Nueva York: International Universities Press, 1967.

17. Entrevista a Aníbal Palma. 8 de noviembre de 1991.

18. Confróntese Alexander Wilde, “Irrupciones de la memoria”, en esta publicación.

19. Entrevista a Adriana Muñoz. 2 de diciembre de 1991.

20. Entrevista a Adriana Muñoz. 1º de julio de 2002.

21. Realicé con él entrevistas intensivas en 1991 y 1998.

22. Entrevista a Patricio Rivas. 21 de noviembre de 1991.

23. Entrevista a Patricio Rivas. 21 de noviembre de 1991.

24. Entrevista a Patricio Rivas. 12 de junio de 1998.

25. Patricio Aylwin. “Las tareas de mi gobierno”. República de Chile. Sesiones del Congreso Nacional. Publicación oficial, Legislatura 320, ordinaria, sesión del Congreso Pleno, lunes 21 de mayo de 1990, p. 9.

26. Mariano Ruiz Esquide. Senado, novena sesión, 25 de abril de 1990, pp. 340-341.

27. Ricardo Núñez. Senado, novena sesión, 25 de abril de 1990, pp. 353-354.

28. Véase Ricardo Núñez. Senado, undécima sesión, 8 de mayo de 1990, p. 439, y Jaime Gazmuri. Senado, duodécima sesión, 9 de mayo de 1990, p. 479.

29. Eugenio Cantuarias. Senado, undécima sesión, 8 de mayo de 1990, pp. 437-438.

30. El historiador chileno Alfredo Jocelyn-Holt Letelier sienta las bases esenciales de este argumento en El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Santiago: Planeta/Ariel, 1997, por el cual recibió el premio literario más importante del país. En un tratamiento bastante anterior y mucho más detallado de la historia política chilena, Brian Loveman despliega un planteo similar con respecto al derrumbe de la estructura social del país y los compromisos políticos que lo acompañaron. Véase Brian Loveman. Chile. The Legacy of Hispanic Capitalism. Nueva York: Oxford University Press, 1979.

31. Francisco Prat. Senado, cuarta sesión, 3 de abril de 1990, p. 193.

32. Carmen Frei. Senado, primera sesión, 29 de marzo de 1990, pp. 56-57.

33. Ricardo Núñez. Senado, primera sesión, 29 de marzo de 1990, p. 83.

34. Esas referencias causaron una obvia consternación en la Concertación. Los senadores derechistas citaron párrafos de discursos de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin pronunciados en el Senado en agosto de 1973, en los cuales éstos proponían un voto de censura contra la UP, así como una carta fechada el 17 de septiembre del mismo año y firmada por Aylwin, que aprobaba la toma del poder por los militares. La referencia que suscitó mayores protestas fue la alusión del senador Cantuarias, de la UDI, a una presunta entrevista concedida por Eduardo Frei (padre) al diario español ABC un mes después del golpe. El hijo del difunto presidente, del mismo nombre, se apresuró a denunciar el uso de una entrevista que, según se había demostrado, era “absolutamente falsa”. Senado, novena sesión, 19 de junio de 1990, p. 695.

35. Sebastián Piñera. Senado, décima sesión, 20 de junio de 1990. Esta línea de argumentación hace eco a un patrón ampliamente documentado en la obra de Elizabeth Lira y Brian Loveman. Véase Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política, 1814-1932. Santiago: LOM-DIBAM, 2000.

36. José Ruiz de Giorgio. Senado, decimotercera sesión, 3 de julio de 1990, p. 964.

37. Acaso como un reconocimiento de que los discursos senatoriales rara vez aparecían en la prensa popular, Jaime Guzmán insistía en concentrarse en esta última. Esa actitud le ganaba la censura de los senadores de la Concertación. Véase Ricardo Núñez. Senado, undécima sesión, 8 de mayo de 1990, p. 439. Véase también Jaime Guzmán. Senado, primera sesión, 29 de marzo de 1990, pp. 63-66.

38. Ascanio Cavallo. La historia oculta de la transición. Memoria de una época, 1990-1998. Tercera edición, Santiago: Grijalbo-Mondadori, 1998, p. 96.

39. Ascanio Cavallo. La historia oculta de la transición. Memoria de una época, 1990-1998. Tercera edición, Santiago: Grijalbo-Mondadori, 1998, pp. 96-97.

40. Ascanio Cavallo. La historia oculta de la transición. Memoria de una época, 1990-1998, Tercera edición, Santiago: Grijalbo-Mondadori, 1998, p. 102.

41. Así llamada por el nombre de su presidente, Raúl Rettig. (N. del T.)

42. El “boinazo”, así bautizado por las boinas que llevaban los comandos del Ejército que se desplegaron en tenida de combate el 28 de mayo de 1993 frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas en Santiago, fue una demostración de fuerza realizada para presionar a los tribunales y al gobierno en momentos en que la justicia encausaba a oficiales del Ejército por crímenes cometidos durante la dictadura. (N. del T.)

43. Entrevista a Ricardo Núñez. 25 de junio de 2002.

44. Este concepto es acuñado por Alexander Wilde. Cf. “Irrupciones de la memoria…” en esta publicación.

45. Juan Enrique Taladriz. Cámara de Diputados, segunda sesión, martes 2 de junio de 1992, p. 43.

46. Carlos Ignacio Kuschel. Cámara de Diputados, segunda sesión, martes 2 de junio de 1992, p. 46.

47. Héctor Olivares. Cámara de Diputados, segunda sesión, martes 2 de junio de 1992, p. 47.

48Mario Palestro. Cámara de Diputados, segunda sesión, martes 2 de junio de 1992, pp. 41-42.

49. Hernán Larraín. Senado, quinta sesión, martes 14 de junio de 1994, p. 512.

50. Sergio Bitar. Senado, quinta sesión, martes 14 de junio de 1994, p. 502.

51. Por ejemplo, luego de una serie de observaciones particularmente ofensivas de Pinochet con respecto a las exhumaciones, los congresistas de la Concertación denunciaron la insensibilidad del general. Véase “Senadores molestos por declaraciones de Pinochet”. La Época. 4 de septiembre de 1991, p. 13.

52. En marzo de 1985, tres profesionales comunistas fueron secuestrados, torturados y asesinados por personal de inteligencia de carabineros, quienes abandonaron sus cuerpos degollados cerca del aeropuerto de Santiago. En 1986, dos jóvenes que participaban en un paro nacional contra la dictadura fueron capturados, rociados con gasolina y quemados vivos por una patrulla militar. Finalmente, en la que también se conoció como “matanza de Corpus Christi”, entre el 15 y el 16 de junio de 1987 las fuerzas de seguridad secuestraron en distintos lugares y asesinaron a doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que unos meses antes había atentado contra la vida de Pinochet. (N. del T.).

53. Entrevista a Isabel Allende. 12 de junio de 1998.

54. Entrevista a Isabel Allende. 12 de junio de 1998.

55. Francesc Relea. “Isabel Allende: treinta años de lucha”. El País Semanal, 1394. 15 de junio de 2003, pp. 16, 18.

56. Entrevista a Carlos Ominami. 1º de julio de 2002.

57. Entrevista a Carlos Ominami. 1º de julio de 2002.

58. Carlos Ominami. Senado, vigésimo primera sesión, 9 de enero de 2001, pp. 2321-2322.

59. Entrevista a Carlos Ominami. 1º de julio de 2002.

60. Durante la sesión del Senado en la cual denunció a quienes habían sido cómplices de las atrocidades militares, Ominami se autocalificó de “sobreviviente” y señaló que tenía una responsabilidad para con quienes no habían logrado sobrevivir. Senado, vigésimo primera sesión, 9 de enero de 2001.

61. Entrevista con Ricardo Núñez. 25 de junio de 2002.

Un comentario en “La superación de los silencios oficiales en el Chile posautoritario.

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